(Por Fernanda Giribone/APL) El Ministerio Público Fiscal de Jujuy pretende llevar a Juicio Penal a más de diez dirigentes del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (SEOM) por una causa penal del año 2017 que ya prescribió. La causa ya se encuentra vencida porque el expediente, con los delitos que se les imputaban, no tuvo ningún trámite durante más de 6 años, situación que según el Código Penal Nacional, representa un motivo de prescripción. Este hecho constituye una grave irregularidad que demuestra, una vez más, el esmero del Gobernado Gerardo Morales de echar mano a las herramientas de la criminalización de la protesta para garantizar su política de ajuste y saqueo. Las causas penales y contravencionales que vienen recibiendo militantes y dirigentes sociales y políticos que se enfrentan a la Reforma Constitucional, son prueba de ello.
La causa es del 10 agosto del 2017 en la localidad de Libertador General San Martín, cuando el SEOM demandaba el pase a planta permanente de trabajadoras y trabajadores. La movilización fue reprimida y hubo detenidos. Al día siguiente de la movilización continuaron las detenciones y arrestaron en la vía pública de San Salvador de Jujuy a Santiago Seillant, dirigente del sindicato municipal. En esa ocasión a los manifestantes se los imputó por lesiones leves, amenazas, entorpecimiento del trasporte e instigación a cometer delitos. Estas acusaciones nunca fueron probadas. Ahora, en medio de nuevas causas y contravenciones por la lucha contra la ilegitima Reforma Constitucional, se activa de forma irregular esta causa ya prescripta.
Este atropello se inscriben en el marco de las irregularidades jurídicas, y el abuso de poder, que el ejecutivo provincial ejerce sobre el pueblo a través de una Justicia que le es adicta. El Fiscal Rondón, que se encuentra a cargo del armado de las causas penales contra quienes se manifestaron en contra de la Reforma Constitucional, es también quien pretende ahora reactivar la causa penal del 2017 contra los dirigentes del SEOM. En Jujuy un mismo hecho puede ser penado tanto por la vía contravencional como por la vía penal, lo que implica una doble sanción frente a un mismo hecho. Así los imputados puede recibir penas complementarias de privación de la libertad y/o multas millonarias. Las contravenciones son parte de la persecución del gobierno contra las protestas que se sostienen desde junio contra la reforma, y se los persigue a dirigentes y militantes aplicando leyes ilegales que atentan contra el legitimo derecho a la protesta. En esta situación se encuentran referentes del SEOM y quienes fueron detenidos por la represión del 20 de Junio, día que se juró la nueva Carta Magna provincial, se encuentran multados con cifras millonarias y esperan acciones legales de hasta 15 años de prisión.