(Por Fernanda Giribone/ APL) El próximo lunes 29 de abril a las 11 horas comenzará la sesión en la Cámara de Diputados que tratará la «Ley Bases» y el llamado Paquete Fiscal.  El gobierno junto a la “oposición” colaboracionista se apura para darle tratamiento a este pack de reformas contra el pueblo trabajador. La Ley de Bases, una nueva versión de la rechazada Ley Ómnibus, incluye la reforma laboral.

Esta semana alcanzaron un dictamen de mayoría, un texto consensuado entre el oficialismo y los bloques de la falsa oposición. La inclusión de artículos de reforma laboral fue en cierta medida sorpresivo, y no hubo debate sobre el tema. De hecho, y tal como reclamaron diputados del Frente de Izquierda, la reunión de comisiones en Diputados  se realizó sin texto escrito.

El dictamen mayoritario recibió 61 firmas, y aunque todavía quedan puntos en discusión, el oficialismo llega a la votación aparentemente posicionado que la última vez.

Bajo el título de «Modernización laboral», se incluye un capítulo que reforma la legislación laboral existente. El texto redactado por el bloque de La Libertad Avanza recibió finalmente el visto bueno del UCR – PRO, Innovación Federal y de Hacemos Coalición Federal. Su líder Miguel Ángel Pichetto, había anticipado ya que no acompañaría un proyecto que por demasiado ambicioso pusiera en peligro su aprobación en el Senado. Por este motivo se eliminó del texto la prohibición de los aportes solidarios a los sindicatos, entre otras cuestiones que podrían obligar a la CGT a tomar una posición contestataria ante esta verdadera flexibilización laboral, en tanto estas medidas comprometían sus fondos. Sin embargo, permanecen en el proyecto por supuesto, cuestiones muy graves del ámbito de los derechos laborales, que afectarán a los trabajadores.

Entre otras cosas se extiende de tres a ocho meses el período de prueba para empleados, prevé la creación de un fondo de cese laboral que reemplazaría las actuales indemnizaciones (con aportes de empleados y empresarios).  Además se derogan las multas a los empleadores por personal no registrado, lo que legaliza de hecho el trabajo no formal.

La “ley de bases” contiene además enormes beneficios para los capitalistas, condonaciones de deudas, blanqueo de capitales y la reducción en el impuesto a los “bienes personales”. También una moratoria con significativos beneficios para los grandes deudores y evasores.

Mientras se otorgan beneficios a los capitalistas, la ley avanza en la posibilidad de que el gobierno cierre institutos del Estado profundizando los despidos en curso.

La Ley Bases también delega facultades extraordinarias al Ejecutivo, e insiste en saquear el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de los jubilados. Asimismo plantea la privatización (total o parcial) de numerosas empresas, como Aerolíneas, Trenes Argentinos, Yacyretá o AySA.

También el proyecto prevé la derogación de la moratoria previsional y la incorporación de una nueva figura  para quienes tengan 65 años y no hayan cumplido con los requisitos necesarios para acceder a la jubilación. Esto retrasará el retiro de personas sin aportes, en particular las mujeres que son mayoría, entre quienes se ven obligados a trabajar en la informalidad y no cumplen los años de aporte. Solo tienen los 30 años necesarios 1 de cada 10 mujeres. Esta nueva figura implica obviamente un “subsidio” mucho más bajo de lo que es una ya magra remuneración, como la jubilación mínima. En esta situación el 90% de las mujeres se podrán jubilar recién a los 65 y con un haberes a la baja.

Esta nueva versión de la Ley Ómnibus, mantiene núcleos centrales de la primera que fue derrotada con persistentes movilizaciones en las afueras del Congreso. Pero ahora, en un debate a las apuradas, la Ley Bases obtuvo un dictamen de mayoría y su pase a la cámara.

Los políticos patronales, por acción u omisión, actúan para darle “gobernabilidad” a Milei. En el mejor de los casos dejan pasar el momento y esperan derrocarlo en futuras elecciones.  Este ataque histórico al poder adquisitivo, a los derechos laborales, las garantías democráticas que intentan perpetrar sobre el pueblo trabajador, es un plan criminal que incluye altos niveles de desempleo. Es criminal porque en paralelo a la pauperización, se niega todo tipo de asistencia,  se corta el envío de alimentos a los comedores populares, se eliminan los medicamentos oncológicos, se fulmina la educación y la salud pública.

Ante esto sectores combativos, sindicatos de base, seccionales, internas y delegados combativos, movimientos piqueteros independientes, asambleas vecinales, sectores en lucha del movimiento estudiantil, de la cultura, de defensa del ambiente, del movimiento de mujeres y disidencias, de derechos humanos, de jubilados, personas con discapacidad en lucha y partidos de la izquierda,  reunidos en la sede del sindicato Ademys convocaron ayer a movilizar este lunes desde el mediodía a la Plaza del Congreso, y le exigen a la CGT y la CTA la convocatoria a un paro general activo de inmediato, para frenar la Ley Bases y el ajuste motosierra de Milei.