(Por Fernanda Giribone/APL) En el Centro Operativo Martelli, donde se encuentran alimentos retenidos por el Ministerio de Capital Humano, se realizó una “inspección”, se tomaron fotografías y se hicieron videos. La orden fue emitida por Casanello para verificar la existencia de los productos y cotejarlos con la información dada por Capital Humano a la investigación. Por su parte, el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, había dispuesto idéntico procedimiento el día viernes, en el galpón de Tafí del Valle. Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a este último allanamiento (de Tucumán) y afirmó que “no encontraron nada vencido, menos aún mercadería en mal estado de conservación” vía una publicación realizada en X. Sin embargo, aunque no hay comunicados oficiales por parte de la justicia, si se supo que hay comida vencida y mucha otra a punto de vencer en Buenos Aires. Por caso unos 340 mil kilos de leche en polvo que expiran en julio.
El Gobierno de Milei, que evidentemente prioriza no entregar el alimento por sobre cualquier cosa, viene “haciendo agua” sobre el tema, ensayando todo tipo de respuestas: primero dijo que eran reservas alimentarias para “catástrofes” (aunque a Bahía Blanca no llevaron nada) y luego responsabilizó a las organizaciones sociales y sus “comedores truchos” por la situación. En esta mezquina disputa, el Gobierno sostiene que no se avanzó en el reparto de alimentos debido a la existencia de comedores “fantasma” y por ello dice que se realizó también una denuncia por irregularidades en la gestión de comedores populares.
Sin embargo, pese a este ensayo de justificación, sobre el final de esta semana el Gobierno tuvo que reconocer irregularidades, y públicamente admitió que se estaban por vencer miles de kilos de harina, leche en polvo y arroz. Tomando en cuenta este hecho, y como respuesta al escándalo que se viene sucediendo, Sandra Pettovello -que en realidad no entrega alimentos desde hace meses- había anunciado que implementaría un protocolo para el inmediato reparto de los productos de próximo vencimiento, y que se llevaría a cabo por medio del Ejército Argentino. Algo que no sucedió.
También se pidió la renuncia a Pablo De la Torre, titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Capital Humano.
El despedido funcionario fue denunciado por Sandra Pettovello por “falta de transparencia en el cuidado y distribución de los alimentos que permanecían en los galpones”.
Este escándalo, acaso el primer caso de corrupción del Gobierno del ultraderechista Javier Milei, motivó a distintos funcionarios oficialistas a emitir comunicados y palabras de apoyo a Petovello, para sostenerla.
El mismísimo Milei la defendió y tras el, Luis Caputo, Ministro de Economía, también respondió a las críticas. La ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, también se hizo eco de la defensa de la titular de Capital Humano.
Con acusaciones cruzadas de corrupción y negligencia, el Gobierno recurre una vez más al fantasma de los “intentos de desestabilización del gobierno” para justificar sus políticas de ajuste. Explota al máximo la desconfianza generalizada de corrupción que cae sobre el gobierno anterior, para convencer a sus seguidores de que hay operadores que quieren que Pettovello renuncie por denunciar estas irregularidades. Se ampara en éstos argumentos para solapar el plan de ajuste criminal que quiere implementar sobre el pueblo trabajador. Como es sabido Motosierra y Licuadora incluyen el recorte de todo tipo de beneficio social, así como la desarticulación de toda forma de organización social y política, que pudiera oponérsele. En este camino, se desenvuelve el cinismo de un gobierno que prefiere que un alimento se vuelva inutilizable apilado en un galpón, en una Argentina donde el 57% de la población se encuentra por debajo de la línea de la pobreza.