Esta máquina es muy compleja, a cada momento se rompe o se descompone alguna cosa; pero uno no debe permitir que estas circunstancias influyan en el juicio de conjunto” Franz Kafka, En la colonia penitenciaria

Desde hace al menos 40 años se ha puesto de manifiesto el rol de los medios de comunicación como “agencia informal” de los sistemas penales relevándose un papel performativo en la generación de las denominadas “olas de criminalidad”. Mark Fischman por ejemplo, en 1978, describió una de estas “olas” que circularon por medios gráficos y radios neoyorquinas apuntando como autores a jóvenes provenientes de barrios negros y cuyas víctimas eran personas mayores o ancianas. Hans Schneider en su clásico artículo “Las olas de criminalidad en los medios de comunicación de masas” escribía: “En la presentación de los medios de comunicación, el suceso criminal es sacado de su contexto social y personal y encajado en procesos imaginativos prefabricados y alejados de la realidad. Con este distanciamiento, la criminalidad se convierte en algo tan dramático, emocionante y sensacionalista, como irreal e incomprensible”.

Los problemas de “inseguridad” suelen ofrecerse en la agenda pública a partir de casos particulares que por alguna razón se transforman en objetos de consumo masivo. No es habitual asistir a un tratamiento en los foros públicos de la problemática en términos de discusiones de política criminal, donde se pongan en juego de manera integral todas las aristas y matices involucrados o donde se manejan datos estadísticos fiables y contextualizados.

Las discusiones de política criminal a partir de casos particulares con impacto mediático masivo devienen casi indefectiblemente en respuestas o soluciones ancladas a propuestas de demagogia punitiva, es decir, a los reclamos de endurecimiento de las penas, mayor rigor policial y judicial y/o, lisa y llanamente, a la defenestración del “garantismo”.

La imagen de Juan Carlos Blumberg en las gradas del Congreso Nacional arengando, “controlando” a los legisladores e incluso intentando participar del debate, en ocasión de las reformas del código penal luego del secuestro y posterior asesinato de su hijo Axel, se ha transformado en paradigmática al respecto.
Y es que una de las consecuencias de discutir políticas criminales a partir de un hecho particular es otorgar a las victimas del suceso un rol preponderante que conlleva al endurecimiento irreflexivo de la reacción penal puesto que se identifica una respuesta general con la respuesta particular a una situación específica.

No se tendrán en cuenta en tales discusiones las investigaciones, datos y análisis necesarios para formular políticas de seguridad acordes con un estado democrático y que a la vez sean eficientes para mediar la conflictividad social asociada a las infracciones a la ley. Aquellas indican de manera consistente a través del tiempo que el endurecimiento de las penas no disminuye las tasas de criminalidad como así tampoco lo hacen las sentencias duras o “ejemplificadoras”. En este sentido pueden verse por ejemplo los trabajos y estadísticas del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento del delincuente (ILANUD- http://www.ilanud.or.cr/).
El problema más grave a mi entender no es tanto que los medios de comunicación funcionen con estas lógicas sino que los poderes públicos, los operadores judiciales, quienes se encuentran en áreas de responsabilidad en materia de política criminal, las referencias políticas generadoras de opinión, etc.; se sumen a las mismas reduciendo la discusión a las situaciones coyunturales circulantes en la opinión pública.

Dos casos muy recientes sirven de ejemplo. En el caso de la salidera bancaria cuya victima fue Carolina Píparo (quien fue baleada encontrándose embarazada) los operadores judiciales tipificaron el delito de homicidio por la pérdida del embarazo de Piparo condenando en consecuencia; en una decisión acunada por el “clamor popular y de las víctimas” mas que en los dispositivos normativos y su correcta interpretación.
En las primeras horas del caso Ángeles Rawson, cuando la hipótesis mediática apuntaba a la violación, diferentes voces del oficialismo y oposición (por ejemplo Aníbal Fernandez y Francisco De Narváez) reclamaron la implementación de un registro nacional de violadores, una medida considerada absolutamente violatoria de los derechos y garantías constitucionales, además de ineficaz.

La presidente de la Nación suele intentar responsabilizar por las situaciones de “inseguridad” a los jueces que “hacen entrar al delincuente por una puerta y lo dejan salir por la otra”. Esa matriz discursiva suele replicarse desde la mayoría de los sectores partidarios. Inclusive los partidos políticos o las organizaciones civiles ubicadas en el espectro de la izquierda asocian las penas perpetuas a la idea de justicia. Los medios de comunicación repiten el mismo esquema.

La teoría de las dos puertas resulta absolutamente falaz para cualquiera que conozca el funcionamiento concreto de nuestro sistema penal. Pero además, una diversidad de cuestiones están lejos de ponerse en debate: La situación carcelaria en general y la altísima proporción de presos sin condena en general. La selectividad penal que afecta a jóvenes y pobres fundamentalmente y que establece una tasa de sobrerepresentación en la población carcelaria superior al 80%. Las violencias institucionales por parte de las fuerzas de seguridad. Las respuestas penales en torno a niños y adolescentes en clara violación de los tratados y convenciones internacionales (argentina no cuenta aún con un sistema de responsabilidad penal juvenil adecuado a la convención de derechos del niño.), las criminalizaciones asociadas al género etc.
El debate tampoco transcurre por otros carriles más racionales. Compárese la cantidad de vidas que se pierden con motivos de delitos violentos con la cantidad de muertes por accidentes de tránsito. Diferentes estadísticas oficiales y privadas coinciden en las aproximaciones: en Argentina entre 6 o 7 personas son víctimas de homicidio por día en promedio. El promedio de muertes en accidentes de transito supera las 21 personas por día (estadísticas del Ministerio de Justicia de la Nación y de diversas ONGs como la asociación civil “luchemos por la vida”). El debate sobre políticas de seguridad vial es casi inexistente.

La lógica de la demagogia punitiva es transversal. Atraviesa casi todos los sectores políticos y a los diversos medios de comunicación que se identifican con ellos.

Una política criminal democrática y respetuosa de los derechos humanos debe ser parte de la agenda pública y el pulso de las discusiones debe abstraerse del fárrago de los hechos particulares de consumo masivo y de las estridencias del ruido mediático inmediato. Los funcionarios públicos tienen en ello la mayor responsabilidad.