Para la Procuración, la secretaría del ministerio que conduce Alicia Kirchner “viola los derechos de los niños agravando sus condiciones de detención” porque no permite inspecciones periódicas.

La presentación del recurso de habeas corpus fue promovida por la Procuración, pero contó con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Fundación Sur Argentina.

Según informó la oficina del ombudsman de los presos, que dirige Francisco Mugnolo, la Secretaría y el Ministerio de Desarrollo Social han impedido que la Procuración Penitenciaria “realice inspecciones en los mencionados Institutos conforme lo establece la ley 25.875, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y la Ley de creación del Mecanismo Nacional N° 26.827”.

“La SENNAF ha impedido el ingreso de esta Procuración cada vez que se ha intentado abordar alguno de los establecimientos a su cargo, incluido el Centro de Admisión y Derivación que fuera creado luego de diversas cciones judiciales en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal”, se aseguró.

De acuerdo al escrito judicial, esta acción “constituye una ilegitima obstaculización de la actividad de la Procuración Penitenciaria, que no sólo vulnera lo dispuesto en las leyes 25.875 y 26.827 sino que también afecta los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad que son protegidas precisamente mediante esa actividad que se obstaculizó”.

“Con esta conducta el Ministerio de Desarrollo Social, mediante su Secretaría especializada, viola los derechos de los niños agravando sus condiciones de detención”, se advirtió.

El comunicado de la Procuración destacó también que “no existe control alguno de organismos externos respecto de los chicos detenidos en dichos establecimientos, y por ende no hay dato alguno respecto de cuantos son, qué actividades realizan, en qué condiciones ni bajo qué supervisión”.

Y agregó que el escenario “se agrava con el dato de que existen actualmente denuncias por malos tratos y hechos de tortura formuladas por personas menores de edad privadas de su libertad contra el personal de centros de detención”.

Esas denuncias “nos habilitan a presumir que la intensificación de los controles sobre dichos ámbitos no sólo podría redundar en una reducción de los niveles de violencia y conflictividad, sino también abrir nuevos canales de comunicación con el exterior que permitirían tener un conocimiento más acabado sobre el estado de la problemática y emprender acciones concretas para revertirlas”, se añadió.