La masacre, nunca esclarecida por la “Justicia” paraguaya, y tras una larga lucha tanto de la Comisión de Familiares de Víctimas de Marina Kue como de los presos de la causa y las organizaciones solidarias, por primera vez el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) emitió un comunicado público en el que reivindica a las tierras en cuestión como propiedad del estado paraguayo.
Lo que siempre dijeron los campesinos de la zona:
En 1967 las tierras actualmente conocidas como “Marina Kue” fueron donadas al estado por la empresa La Industrial Paraguaya. El estado nacional aceptó la donación y el predio, de unas 2000 hectáreas, fue ocupado por la Marina hasta el año 1999. El Estado paraguayo en tanto, nunca finalizó el trámite de escrituración de las tierras donadas.
En 1999 la Marina se retiró del predio, entonces las familias campesinas de la zona comenzaron diversos trámites para lograr la adjudicación de los lotes a través del INDERT. Sin embargo, las gestiones nunca llegaron a término y en el año 2005 los campesinos, que ocuparon las tierras en varias oportunidades en reclamo de la adjudicación, se enteraron de que la justicia había fallado a favor de la empresa Campos Morombí S.A en un juicio de usucapión que había planteado sobre esa extensión. Se trataba de una maniobra fraudulenta por la cual el juez de Curuguaty José Benítez ordenó la escrituración a nombre de la empresa, habiendo excluido del pleito al propio estado paraguayo. Sin embargo, un error del abogado de la empresa ocasionó que el título se expidiera con un número correspondiente a otra finca. Esto impidió a Campos Morombíi acceder al título de las tierras. Así y todo, siempre consiguió los desalojos que solicitara al juez de Curuguaty, cada vez que los campesinos ocuparon las tierras reivindicando que sean destinadas a la reforma agraria. Así fue también el 15 de junio de 2012,cuando los campesinos pedían “ver los papeles” que mostraran que la propiedad pertenece a la familia Riquelme, dueña de Campos Morombí. No había papeles, había decisión de matar.
La tremenda represión descargada sobre los campesinos que ocuparon el predio no fue un obstáculo para que los presos de la causa, sobrevivientes de la masacre, y los familiares de los campesinos asesinados en el lugar, siguieran reclamando el reconocimiento de que las tierras de Marina Kue son públicas y deben ser destinadas a la reforma agraria. Pidieron especialmente que las mismas sean adjudicadas a los familiares de los campesinos caídos en el lugar.
Mientras 14 sobrevivientes de la masacre soportaban la prisión por haber ocupado el predio, acusados de cometer una masacre de la que fueron víctimas, el estado paraguayo siguió siendo parte en un litigio judicial contra la familia Riquelme por la titularidad de las tierras.
En junio de 2013, a cumplirse el primer aniversario de la masacre, el entonces presidente del Paraguay, Federico Franco, pidió públicamente a la familia Riquelme que abandone el litigio por las tierras, ya que existe abundante documentación acerca de la pertenencia de las mismas al estado. Estas declaraciones no alteraron en nada la suerte de los presos del caso, que siguen acusados entre otras cosas de “invasión de inmueble ajeno” y “asociación criminal” por haber ocupado el predio.
“Solución integral”, donación o devolución:
El abogado representante de la familia Riquelme, Víctor Peña Gamba, expresó la desconcertante intención de sus representados de donar las tierras de Marina Kue al estado con la condición de que no sea destinada a la reforma agraria sino a ser una reserva forestal. Generosa propuesta de los Riquelme: donarán al estado sus propias tierras y además pretenden que no se constituya allí un asentamiento campesino. El abogado no dio detalles de cómo se llevaría adelante la donación: los Riquelme no tienen título para transferir.
Por su parte, el titular del INDERT Justo Cárdenas, advirtió al reivindicar la propiedad pública de Marina Kue que las definiciones respecto al caso siguen en manos de la Justicia, que debe resolver el litigio entre el estado paraguayo y la familia Riquelme. Según Cárdenas se busca una “solución integral” del caso que implica: 1) la propiedad del inmueble a favor del Estado; 2) el acceso a la tierra de los pobladores de la zona; y 3) las acciones judiciales que pesan sobre los procesados en el caso Curuguaty.
Tal es la solución que vienen reclamando los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de la masacre, ya que de declararse la titularidad pública no solamente se podría proceder al reparto de la tierra, sino que se caería toda la base sobre la que se sustenta la acusación de la Fiscalía contra los campesinos, que es la figura de “invasión de inmueble ajeno”, inaplicable a tierras fiscales.