Fernando Arguello es la décima víctima fatal de la masacre ocurrida la madrugada del 15 de noviembre en la comisaría 3ª de Esteban Echeverría. Otros dos sobrevivientes continúan con tratamientos ambulatorios para tratar las lesiones producidas por el incendio. Las autoridades del gobierno provincial siguen sin pronunciarse públicamente por estos hechos.

Arguello tenía 33 años y estaba detenido desde el 25 de octubre a cargo de la comisaría 1ª de Monte Grande pero alojado en la 3ª de Esteban Echeverría. Había sido aprehendido por tenencia ilegal de estupefacientes para comercialización, como tantas otras de las víctimas: un delito con una baja expectativa de pena.

Desde la madrugada de la masacre, Fernando Arguello estuvo internado en estado crítico en el Hospital Eva Perón; murió ayer, martes, a las 10 horas.

A casi un mes de la masacre, la muerte de Fernando incrementa el doloroso número de víctimas fatales: ya son 10. Y, junto con los 7 jóvenes masacrados en la comisaría 1ª de Pergamino, son 17 las muertes por incendio en comisarías bonaerense durante la gestión del ministro Ritondo. Cuando ocurrió la masacre de Pergamino, la CPM señaló que de no haber cambios profundos en las políticas de seguridad y encierro las masacres seguirían ocurriendo. La respuesta del Estado provincial fue profundizar la política de encierro y hacinamiento en comisarías. Muchas de esas comisarías, como la 3ª de Esteban Echeverría, inhabilitadas para alojar personas.

La masacre de Echeverría no fue un motín ni un accidente, fue un hecho previsible. Desde el año 2011 la comisaría 3ª estaba inhabilitada para alojar personas detenidas. Al momento de la masacre, tenía siete clausuras, seis por orden judicial y una por resolución Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el propio Ministerio desobedeció cada una de estas clausuras.

Esta masacre también fue producto del hacinamiento, las condiciones inhumanas de detención y la falta elementos de seguridad: la comisaría no contaba con colchones ignífugos, sistema de prevención de incendios, plan de contingencia ni matafuegos adecuados para apagar el fuego. Los dos matafuegos existentes se encontraban vencidos y tenían colchones de gomaespuma, prohibidos por ser altamente inflamables y tóxicos.

A 27 días de la masacre, estas pruebas que están en la causa evidencian la responsabilidad del Estado. En el mismo sentido, y por un pedido formulado por la CPM, la semana pasada la Auditoría de asuntos internos del Ministerio de Seguridad desafectó a los cinco policías que prestaban funciones en la comisaría la madrugada del 15 de noviembre.

En paralelo, y como desde el primer momento, la CPM continúa acompañando y patrocinando a familiares de las víctimas. Esta misma semana, integrantes del organismo y los familiares fueron recibidos por el intendente de Esteban Echeverría, que reconoció la responsabilidad del Estado y la grave situación de las comisarías bonaerenses, y se comprometió a acompañar a las familias en el reclamo de justicia.

Este sábado 15 de diciembre, al cumplirse el primer mes de la masacre, los familiares marcharán por las calles de Monte Grande acompañados por unos 500 integrantes de la Red de familiares contra la tortura y otras violencias estatales, que serán parte del quinto encuentro nacional de organizaciones organizado por la CPM. La marcha se iniciará en la plaza Mitre de Monte Grande a las 18 horas y culminará en el Espacio de la memoria de dicha ciudad.