En ese contexto, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene acompañando a las organizaciones LGTTIQ y ha denunciando, en innumerables oportunidades, estas prácticas ilegales, arbitrarias y discriminatorias. Si bien esta persecución al colectivo trans y travesti no debe entenderse por fuera de la política criminal en materia seguridad que afecta a amplios sectores de la sociedad, también es indispensable reconocer que la condición de género y la falta de políticas públicas efectivas para las personas trans, travestis, transexuales y transgénero extreman aún más las condiciones de vulnerabilidad sobre este sector. Asimismo la CPM viene trabajando de manera particularizada desde hace mas de 10 años con el colectivo de personas trans, detenidas en diversas cárceles provinciales y esta tarea y abordaje de casos se han ido reflejando en los Informes Anuales.

Frente a esta situación, y en el marco de un convenio firmado con Otrans, se realizó el primer taller de intervención contra la violencia policial como un espacio para construir, de manera conjunta, herramientas para el registro y la denuncia de estos casos. Y también como un espacio para pensar estrategias para la defensa de los derechos y garantías constitucionales que se ven sistemática vulnerados por las fuerzas de seguridad.

“Necesitábamos generar un espacio para que las compañeras puedan contar esas prácticas violentas que sufren cotidianamente en un contexto que no implique la revictimización de ellas. En ese sentido, este taller fue muy productivo, porque encontraron un lugar que respeta sus voces”, señaló Claudia Vazquez Haro, referente de Otrans. Además de representantes de Otrans, activistas del Frente TLGB de La Plata, Berisso y Ensenada, la Convocatoria Federal trans y travesti Argentina y la Dirección de diversidad sexual y el Espacio de formación y acompañamiento en diversidad sexual (EFADS) de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP participaron del encuentro.

“En función de esta situación, tenemos que empezar a desnaturalizar estas violencias para llegar a una transformación profunda de estas prácticas policiales. Para esto, el convenio firmado con la Comisión nos permitirá transitar un proceso de trabajo conjunto conociendo la experiencia y trayectoria de la Comisión en la denuncia de la violencia policial y la defensa de los derechos humanos. Y, por otro lado, con la trayectoria de Otrans que trabaja sobre la especificidad de este colectivo. Esta es la antesala de muchas otras reuniones de trabajo”, agregó Vázquez Haro.

En la región son alrededor de 300 personas las que integran la comunidad trans, travestis, transexuales y transgénero, de las cuales casi el 80% son migrantes. La tasa de encarcelamiento sigue en aumento —la mayoría de las causas están vinculadas con estupefacientes— y las condiciones de encierro se agravan; en lo que va del año, dos chicas trans ya murieron en cárceles de la provincia de Buenos Aires.

Desde el 2005 hasta hoy, sólo Otrans presentó más de 40 habeas corpus preventivo en el departamento judicial de La Plata; sin embargo, la justicia no hace nada para revertir esta situación. “El acceso a la justicia es una de las principales demanda porque, precisamente, las voces trans y travestis son nulas, cuando denuncian estas prácticas, son desoídas por los operadores judiciales. La presencia represiva del Estado se combina con su ausencia a la hora de garantizar otros derechos e implementar políticas públicas que nos permita a las compañeras trans proyectar una vida en igualdad de condiciones”, concluyó Vazquez Haro.