Aún resonaban las metrallas de la masacre de Curuguaty, cometida el 15 de junio de 2012, y no terminaba de estabilizarse el escenario político tras la destitución en tiempo récord y con argumentos falsos del ex presidente Fernando Lugo cuando la “Justicia” paraguaya condenó a los seis dirigentes campesinos a cumplir una pena de 35 años de prisión por un crimen que no cometieron.

La condena vino a cerrar un largo proceso judicial marcado desde el inicio por la intencionalidad de persecución política contra estos militantes y la organización en la que militaban la mayoría de ellos, el Partido Patria Libre Paraguay.
La sentencia fue dictada en uno de los momentos más duros para las clases populares paraguayas, cuando las clases dominantes habían logrado mediante el golpe sangriento de la masacre de Curuguaty reorganizar sus alianzas y reordenar un tablero político plenamente acorde a sus intereses.
Una vez logrado esto, la condena contra los militantes campesinos, cinco de ellos provenientes del demonizado partido Patria Libre, era solamente una pieza más del rompecabezas.
Los fiscales, la querella y la prensa insistieron una vez mas en la vinculación con la guerrilla colombiana, justificaron con eso la militarización de amplias zonas del Paraguay y la criminalización del movimiento campesino.

Una sentencia con larga historia:
En septiembre de 2004 fue secuestrada cerca de Asunción la Srta. Cecilia Cubas Gusinky, hija del ex presidente paraguayo Raul Cubas y perteneciente a una familia empresarial, de aceitados vínculos con la cúpula del Partido Colorado. En febrero de 2005 la víctima fue encontrada asesinada en una casa de la localidad de Ñemby.
Los seis dirigentes campesinos fueron parte de un grupo mayor, casi todos ellos pertenecientes al Partido Patria Libre Paraguay, a quienes se acusó de haber tomado parte en el secuestro y posterior asesinato de Cecilia Cubas.

Si bien al principio la Fiscalía acusó a los seis con un cargo menor, planteando que habrían conocido cuestiones atinentes al destino de la víctima y no lo habían denunciado, con el paso del tiempo y el aumento de la presión política por obtener “resultados” en el caso, cambió la acusación por una mucho más grave. Los acusó de tener responsabilidad decisiva en la planificación del secuestro y muerte de la Srta. Cubas, para lo cual no presentó pruebas que sustenten los cargos.
Mientras un grupo de 14 personas permanecían en prisión acusados de diferentes grados de vinculación con el caso, los seis decidieron solicitar refugio político en Argentina. Dos compañeros suyos de militancia en tanto se dirigieron con el mismo fin a Bolivia.

Los intereses políticos creados alrededor del caso, aunque la Fiscalía Antisecuestro insistió desde el principio que no había cuestiones políticas en el mismo, se dejaron ver muy pronto.

Antes de que se conozca el destino de la víctima el Fiscal Latorre se jactaba de conocer quiénes eran los autores del secuestro y atribuía la ejecución del mismo a las FARC, en concordancia con la línea de trabajo del gabinete presidencial que entablaba diálogos con el gobierno colombiano que prometía asesoramiento y colaboración en materia de combate a la insurgencia. Incluso el mismo gobierno colombiano aseguraba conocer que el secuestro era obra de la guerrilla colombiana, que actuaría a través de un grupo paraguayo.

Con estas hipótesis como justificación, en muy poco tiempo se militarizaron los departamentos del norte paraguayo, sobre todo las zonas de mayor conflictividad por tenencia de tierras entre los asentamientos campesinos y los terratenientes. Los militares y paramilitares comenzaron a ingresar a los asentamientos y se registraron casos de agresiones, torturas, secuestros y muertes de campesinos por parte de las fuerzas legales y paraestatales.
La situación de hostigamiento y demonización al campesinado en general y al partido Patria Libre en particular se volvió más densa cuando fue hallado el cadáver de la víctima. Sin embargo, también comenzaron a emerger datos e informes que ponían en tela de juicio la acción de la policía, el ministerio de Interior y la Fiscalía en el caso, que habrían sabido desde hacía meses dónde se encontraba secuestrada Cecilia Cubas.

En abril de 2006 los seis dirigentes evaluaron que el clima político en Paraguay y las declaradas intenciones de hacer desaparecer al partido Patria Libre eran la razón de su procesamiento judicial y que la Justicia paraguaya nunca les daría garantias, por lo que se dirigieron a pedir refugio a Buenos Aires.
Presentaron su solicitud de refugio pero fueron apresados en mayo de 2006 a pedido de la justicia paraguaya. Luego fueron extraditados en diciembre de 2008, a pesar de una extensa campaña por la concesión del refugio político que habían solicitado al Estado argentino y por el rechazo del pedido de extradición.
La familia querellante, encabezada por la madre de Cecilia Cubas, Mirta Gusinky, acompañada por su abogado Enrique Bacchetta, el adalid de las políticas de mano dura, Juan Carlos Blumberg y el entonces embajador paraguayo en Argentina, Orlando Fiorotto, recorrieron despachos y movieron sus relaciones e influencias en el gobierno argentino para lograr la extradición, donde contaron con el decisivo apoyo del entonces ministro de Interior Aníbal Fernández.

En la defensa ejercida a favor de los seis campesinos en el proceso de extradición se remarcó no solamente el carácter político de la acusación, sino además la imposibilidad, dada la composición de la Justicia paraguaya, de que los seis reciban un trato justo e imparcial en Paraguay. Se intentó demostrar el carácter partidista de dicha justicia, las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos por parte del Estado hacia sectores vulnerables, principalmente contra el campesinado al que pertenecen los seis. Nada de esto fue escuchado por el Estado argentino.

Extradición:
Cuando los seis llegaron a Asunción en diciembre de 2008, los paraguayos estaban estrenando la experiencia de un gobierno no colorado. La ilusión y la expectativa por un camino de cambios a favor de los desposeidos, de los olvidados de siempre, de los trabajadores, de los campesinos estaba en auge.
Pero la oligarquia paraguaya no dejó por un minuto de conspirar y de hacer valer el poder real que ejerce, asentado en un denso tejido de relaciones mafiosas, donde se combina lo legal con lo ilegal.
Y el bastión fundamental donde se relaciona y se valida esa relación de lo legal con lo ilegal es la Justicia.
Los vientos de cambio que soplaban en esos años en Paraguay no se tradujeron en cambios profundos, en general se limitaron a la implementación de algunas políticas redistribuivas y al recambio de personas en las instituciones del Estado, sobre todo en los poderes Ejecutivo y Legislativo. Pero nada de eso sucedió ni en la Justicia ni en el Ministerio Público donde las antiguas estructuras formadas por quienes se reparten los cargos mediante el sistema de cuotas asignadas a cada fracción política permanecieron intactas.
En el año 2008 el 70% del los jueces paraguayos declaraban ser afiliados a la ANR, nombre legal del Partido Colorado.

Dejar pasar:
Más de tres años pasaron entre que los seis dirigentes llegaron a Paraguay y fueron efectivamente llevados a juicio. En ese tiempo el proceso judicial solamente consistió en dejar pasar el tiempo, mientras la Fiscalía con la complacencia del Tribunal actuante cometía diversas irregularidades y se mantenía arbitrariamente en prisión a los campesinos sin ser llevados a juicio.
Recién en febrero de 2012 inició el debate oral, en medio de un clima de creciente ofensiva de los sectores empresariales y mafiosos contra el campesinado paraguayo. La criminalización mediática contra los asentamientos y organizaciones campesinas iba en aumento y la conspiración política que se proponía derribar al gobierno de Lugo se hacía cada vez más evidente.
La masacre de Curuguaty en junio de 2012 terminaría de configurar la ofensiva contra la base social que había llevado a Lugo al gobierno. Una semana después, Lugo era destituido mediante un golpe institucional, acusado de ser el responsable de la masacre, que nunca fue debidamente investigada, por haber permitido la radicalización del campesinado pobre.
En lugar de Lugo asumió la presidencia quien fuera su vice presidente, el liberal federico Franco, parte él del acuerdo golpista.
Con Franco en el Ejecutivo llegaron a funciones clave en el área de Interior y Seguridad antiguos personeros del régimen colorado, algunos otros habían ocupado esos lugares ya con Lugo.
Franco estuvo pocos meses en el gobierno, solamente los necesarios para garantizar el retorno del coloradismo al poder formal, tras un llamado cuestionable a nuevas elecciones.
La consolidación de la nueva alianza conservadora que dio el golpe institucional se tradujo en la durísima sentencia contra los seis dirigentes campesinos pocos días después.