En un contexto nacional donde se profundiza el ajuste y los sectores populares nos vemos cada vez más empujados a las calles para defender derechos básicos como el alimento o la propia vida de las mujeres, los gobiernos a lo largo y ancho del país acentúan la criminalización de la pobreza y la protesta social. Con herramientas heredadas como la ley antiterrorista o con nuevos procedimientos como el protocolo antipiquetes buscan no solo legitimar la represión sino además barrer con todos los logros de la lucha por los derechos humanos en el país, tal como lo indican sin pelos en la lengua los propios funcionarios reaccionarios y fascistas del gobierno nacional.

En la provincia de Corrientes el gobierno de Colombi alineado al macrismo ha fracasado desde el 2016 primero en su intento de prohibir las manifestaciones frente a casa de gobierno y luego en su intento de implementar un protocolo anti piquetes “adaptado” con la modalidad de corte de media calzada. Contra la resistencia y unidad de lxs de abajo no pudieron sacarnos de las calles. Finalmente desataron una brutal represión y cacería sobre una manifestación pacífica de la FOB en Octubre de 2016, pero nuevamente y a pesar de la gravedad de esa respuesta del gobierno la fuerza del poder popular logro torcer el brazo del estado y su aparato represivo con una enorme solidaridad hacia las compañeras reprimidas y detenidas que se extendió desde la provincia de Corrientes hacia todo el país.

Es así que llegamos a esta instancia donde el gobierno provincial avanza judicializando la protesta social y poniendo en marcha mecanismos represivos orientados a la infiltración e inteligencia sobre las organizaciones populares. La celeridad de la “justicia” para intimar a nuestras compañeras desocupadas contrasta fuertemente con el archivamiento de nuestras denuncias a oficiales de la policía por torturas y vejaciones.

Entendemos que esta embestida del gobierno de Colombi no está aislada del contexto nacional y por eso mismo no es contra nosotras sino contra todo el campo popular, el avance de este caso de judicialización por luchar sentaría un terrible precedente en la provincia y se constituiría en ejemplificador para imponer el miedo y la aceptación pasiva de un modelo político de despojo y pobreza creciente.
Pero sabemos que tenemos herramientas propias como la unidad, la sororidad y la solidaridad de clase, y con ellas potenciando la acción directa el gobierno nos escuchará gritar una vez más: ¡¡¡ARRIBA LXS QUE LUCHAN!!!