(Por HIJOS La Plata) La causa por el crimen de Andrés Núñez a manos de agentes de la policía bonaerense es uno de los expedientes que más tiempo llevan abiertos en la justicia penal platense. 29 años, igual que el caso. Hubo tres policías condenados a perpetua por torturas seguidas de muerte, uno prófugo y cuatro a la espera de juicio por encubrimiento. El caso de Andrés es una de las más de 215 desapariciones forzadas en democracia. Andrés Alberto Núñez fue secuestrado en su casa de 119 y 78 la madrugada del 28/9/90 por personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata, y con la excusa del robo de una bicicleta fue llevado a esa sede (61 e/12 y 13) donde lo torturaron con “submarino seco” hasta la muerte. Luego condujeron su cadáver a un campo en General Belgrano, en la Estancia El Roble, donde lo incineraron dentro de un tanque australiano en desuso.

A 29 años del secuestro, asesinato y desaparición de Andrés, sus familiares y amigos ratificamos nuestra voluntad inquebrantable de buscar verdad y castigo a todos los responsables de los hechos. El caso de Andrés fue símbolo de continuidad de las prácticas represivas con que la Maldita Policía Bonaerense de la dictadura siguió actuando durante la gestión del gobernador Eduardo Duhalde, del jefe Pedro Klodzyck y del comisario Mario “Chorizo” Rodríguez en los ’90.

En diciembre de 2010 los policías Víctor Dos Santos y Alfredo González fueron condenados a perpetua por torturas seguidas de muerte, sentencia confirmada en agosto de 2012. Pero no actuaron solos. Durante 20 años el coautor del crimen, el comisario Luis Raúl Ponce, estuvo prófugo de la justicia. Capturado en agosto de 2012 en una cinematográfica persecución en Neuquén, Ponce fue condenado en abril de 2017 a reclusión perpetua, figura que permite el viejo código penal con el que se juzga el caso. Uno de los máximos responsables de la muerte de Andrés, el policía Pablo Martín Gerez, permanece prófugo y su última aparición fue en 2009, cuando a través de una abogada presentó un escrito para pedir la prescripción de la causa.

El ex juez Amílcar Vara, destituido en 1998 en juicio político por encubrimiento en la causa Núñez, Bru y en otros de 25 casos de crímenes policiales, murió impune en marzo de 2014.

La jueza de Garantías 5, Marcela Garmendia, intentó deshacerse del expediente pese a quedar mucho por hacer. No lo logró porque en mayo de 2013 la Suprema Corte bonaerense dijo que el caso de Andrés es una “grave vulneración a los DD.HH.” y resolvió que no está prescripta la acción sobre Gerez y otros 4 policías responsables del encubrimiento del caso: Pedro Costilla, Ernesto Zavala, César Carrizo y Gustavo Veiga.

Pasados 29 años de los hechos, la justicia no ha mostrado una estrategia real de búsqueda y detención del ex policía Gerez, imputado y prófugo desde hace más de 26 años en la causa. Núñez.  Pablo Martín Gerez, DNI 14.907.946, fue oficial inspector de la Brigada de La Plata, y como tal comandó el grupo operativo que en septiembre de 1990 secuestró, torturó y desapareció a Andrés de su casa de Villa Elvira. Oriundo de General Belgrano, Gerez aportó la conexión para, junto al comisario Mario “Chorizo” Rodríguez, proveer el campo custodiado por un primo suyo en aquella localidad donde descuartizaron, quemaron y enterraron a Andrés.

La familia de Andrés ha aportado información sobre los contactos de este criminal, especialmente sobre su madre, Nelly Esther Duhalde, que vive en General Belgrano. Se ha pedido reiteradamente que el Estado se haga cargo de su responsabilidad para detener a este peligroso criminal y ponga a disposición herramientas para una investigación seria para encontrarlo. En una fenomenal tomada de pelo, en 2009 una abogada se presentó en la causa a nombre de Gerez que, aún prófugo, reclamaba la prescripción de la imputación y firmaba de puño y letra el recurso. La tardanza del Estado en llevar a juicio a estos criminales sólo genera más impunidad.

SI bien el caso de Andrés es una clara desaparición forzada, llegó a juicio por torturas seguidas de muerte. Eso tiene una explicación. La desaparición forzada de personas se define técnicamente como la “privación de libertad cometida por un particular o agentes del Estado, y donde la institución ha prestado su apoyo o aquiescencia y se niega a informar o reconocer esa privación de libertad”. Esto quiere decir, entre otras cosas, que es un crimen de Estado y que independientemente del hallazgo o no del cuerpo de la persona, o bien de la determinación de si ha sido o no asesinada, lo que lo define es la acción represiva del Estado.

La figura específica del tipo penal llamado desaparición forzada de personas, ya había sido admitida en nuestro ordenamiento legal cuando se ratificó en 1995 la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas (por ley 24.556) y con la revalidación en 2007 (por ley 26.200) del artículo 7.2.i del Estatuto de Roma, que consagra  a nivel internacional la punición de esta modalidad delictiva. Sin embargo fue recién en mayo de 2011 (a través de la ley 26.679) que se incorporó a nuestro sistema legal el tipo penal específico y se lo incluyó en el art. 142 ter del Código Penal formando parte de los delitos contra la Libertad.

En nuestro país solo se ha condenado por este delito a dos policías de Chubut en el caso de Iván Torres en julio de 2016. La mayoría de los casos no se investigan como desaparición, sino como averiguación de paradero, o bien llegan a juicio con figuras penales morigeradas o fragmentarias (como los apremios, las vejaciones, y en los menos de los casos la tortura seguida de muerte) que no explican la dimensión real de la prepotencia impune con que actúan los agentes del Estado en la represión cotidiana.

Como las desapariciones de Andrés, o la de Miguel Bru a manos de agentes de la comisaría 9na, varios son los “casos testigo” de desaparición forzada en la ciudad de La Plata. En todos ellos se evidencia el desprecio por la vida, la selectividad represiva, la desidia investigativa y el funcionamiento de la policía y la justicia como una corporación encubridora. El hecho que marca a fuego esta práctica perversa, y que une 40 años de continuidades del aparato de poder organizado para reprimir, es la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, que abre una nueva categoría: el ex detenido desaparecido en dictadura, aparecido y vuelto a desaparecer en democracia.

Existen más de 215 casos de desaparición forzada de personas en nuestro país entre 1984 y 2019.

Desde el caso del joven de 23 años Néstor “Lito” Gutiérrez, detenido por la Policía de Neuquén en diciembre de 1984 y cuyo cadáver apareció golpeado en las aguas del río Limay; hasta el caso de Santiago Maldonado coaccionado por Gendarmería a morir en el río Chubut en agosto de 2017,

La continuidad de la práctica de desaparecer personas tras detenerlas de parte de las fuerzas de seguridad de Argentina es palmaria. Digno de su “Maldita Policía” que nunca dejó de actuar, la provincia de Buenos Aires registra más de un 70% de los casos. El 40%, se produjo durante la gestión kirchnerista, el denominado “Gobierno de los Derechos Humanos”. Como sabemos la represión tiene carácter de clase, por eso en la mayoría de los casos los desaparecidos eran jóvenes menores de 25 años, con instrucción básica y pertenecientes a familias de trabajadores.

Exigimos:

* JUICIO Y CASTIGO A TODOS L OS RESPONSABLES DEL ASESINATO DE ANDRÉS NUÑEZ.

* BUSQUEN, DETENGAN Y ENJUICIEN AL PRÓFUGO GEREZ YA!!!!

* FECHA DE JUICIO A LOS ENCUBRIDORES COSTILLA, ZAVALA, CARRIZO Y VEIGA.

* NINGÚN BENEFICIO A LOS ASESINOS PRESOS DOS SANTOS, GONZÁLEZ Y PONCE.

* BASTA DE MUERTES POR TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS.

* BASTA  DE DESAPARICIONES FORZADAS EN DEMOCRACIA.

FAMILIARES DE ANDRÉS NUÑEZ

COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FÁCIL

HIJOS LA PLATA

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Jornada de lucha – Viernes 27/9 – 13 hs.

En la puerta de la ex Brigada de Investigaciones de La Plata (actual DDI) – 61 e/12 y 13.