En los últimos meses, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) viene denunciando reiteradamente ante la Justicia que los depósitos de las cárceles bonaerenses no tienen suficiente comida para alimentar a las personas detenidas. Las licitaciones no se cumplen por falta de pago, el hambre crece y el correlato directo son las graves afectaciones a la salud por una alimentación escasa, mala y desequilibrada. En varías unidades penitenciarias, los detenidos comenzaron huelgas de hambre. La  CPM también reclamó al Ministro de Justicia Gustavo Ferrari que tome medidas urgentes. El juzgado de ejecución de La Plata también intimó a las autoridades provinciales y penitenciarias a aprovisionar de alimentos las cárceles bajo la advertencia de sancionar económica y penalmente el incumplimiento de la resolución.

En la mayoría de las inspecciones a cárceles realizadas durante el 2019, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), -Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Provincia de Buenos Aires-, constató que las personas privadas de la libertad padecen hambre. En los últimos meses, se agravó la falta o carencia completa de alimentos en los depósitos de las unidades penitenciarias. Situación que ya fue reconocida por funcionarios de la justicia y autoridades carcelarias.

La comida que hay es poca y de mala calidad. El resto no llega: en cada una de las cárceles inspeccionadas por la CPM confirmaron que, dentro de las licitaciones contratadas, hay faltantes de alimentos que deberían ser provistos de acuerdo a ese contrato. Las empresas alegan falta de pago por parte de la Provincia.

La situación es grave y profundiza la crisis humanitaria de los lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires. Ante la desesperante situación, las personas reclaman mediante diferentes medidas.

Como parte del trabajo de control y monitoreo que viene realizando, como Mecanismo local de prevención de la tortura de Buenos Aires recientemente designado, la CPM le envió un informe al ministro de justicia Gustavo Ferrari para que explique las razones del desabastecimiento y tome las medidas necesarias para proveer de manera urgente los alimentos previstos en las licitaciones contratadas.

El organismo también le reclamó que se garantice la provisión de dietas especiales por razones de salud, algo que prácticamente no existe en ninguna cárcel de la Provincia, agravando las condiciones clínicas de estas personas que padecen VIH, diabetes, hepatitas, entre otros padecimientos.

Según el relevamiento de las inspecciones y las denuncias reiteradas de detenidos y familiares que llegan a la CPM, se confirma que el hambre se generaliza en todas las cárceles provinciales.

Hay cárceles en donde alimentos indispensables faltan desde hace meses; es muy habitual la ausencia de frutas y verduras A y B por largos periodos. La carne y pollo, que debería proveerse todas las semanas,  llega pocas veces. En algunas unidades penitenciarias, no hay queso desde hace un año. Leche, huevos, aceite o yerba pueden faltar por meses.

Solo como ejemplo para ver la gravedad de la situación: en junio pasado, la CPM inspeccionó la UP 1 de Olmos, en ese momento había 2.858 personas detenidas; en el depósito de comida sólo había un pallet de arroz, cinco bolsas de lentejas, once bolsas de arvejas y 6.900 kilos de harina. Algunos cortes de carne tenían un fuerte olor nauseabundo y color amarillo.

En casi todas las inspecciones, se detecta problemas de este tipo en el stock de carne vacuna: mal refrigerada o contaminada. La carne provista es mala y poca, por ejemplo, el jefe de depósito de la UP 2 de Sierra Chica reconoció que, con el abastecimiento que reciben cada vez, sólo les alcanza para cocinar con carne una vez a la semana.

En función de la mala calidad, los detenidos intentan reelaborar estas comidas que le llegan a los pabellones y celda, lavándolas y recocinándolas. Esas nuevas comidas llamadas “rancho” y lo que proveen sus familiares configuran en esencia la alimentación de las personas detenidas. Pero esto nunca está asegurado debido a la escasez de recursos económicos y/o la imposibilidad de concurrir a las visitas por parte de las familias.

Esta situación denunciada por la CPM, ha sido reconocida también por funcionarios de la justicia. En un habeas corpus, la Defensoría General de Azul señaló que en una inspección a la UP 30 de Alvear constató una grave situación de desabastecimiento: “Hay faltante de carne desde hace 6 días, tampoco hay verdura o frutas, siendo los únicos alimentos en stock fideos para una única comida, polenta y arroz, aceite y salsa de tomate”.

El testimonio de una persona detenida grafica aún más este padecimiento: “Desde hace tres días sólo como dos panes por día”. La defensoría agrega que todas las personas entrevistadas dijeron tener hambre.

En respuesta a ese mismo habeas corpus, el jefe de despacho de esa unidad informó el 18 de noviembre que en “los depósitos de la UP no cuentan con carne de ningún tipo para la elaboración de comida, ni tampoco han confirmado que día la recibirán”.

El juez de ejecución José Villafañe también confirma que esta situación se replica en el departamento judicial de La Plata. En octubre constató la “carencia, insuficiencia o bien la discontinuación en la provisión” de alimentos. La advertencia del juez no tuvo ninguna respuesta del Estado.

Durante inspecciones realizadas en noviembre a 12 unidades penitenciarias el magistrado volvió a constatar el desabastecimiento en las cárceles de La Plata, Olmos, Romero y Gorina; detectó falta de carne, pollo, queso, huevo, leches, entre otros alimentos. En una resolución de hoy, Villafañe ordenó a las autoridades del Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario Bonaerense a adoptar medidas inmediatas para el aprovisionamiento indispensable de alimentos. Bajo la advertencia de imponer sanciones económicas y de denunciar penalmente el incumplimiento de la resolución.

Por otro lado la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal expresó también en un comunicado su «consternación y sentida preocupación» porque los detenidos en cárceles bonaerenses no reciben alimentos y exhortó a todos los poderes del estado provincial y nacional a regularizar la situación. También el Comité Nacional de Prevención de la Tortura de la República Argentina, remitió comunicaciones a los poderes provinciales reclamando la resolución inmediata de la problemática.

La falta de alimentación y la mala calidad de la comida, combinada con el régimen de vida las graves condiciones de detención, constituyen una grave afectación de los derechos de las personas detenidas, cuyo consecuencia inmediata es el peligro para la salud y el agravamiento de los padecimientos ya existentes. En estas condiciones, el peligro para la vida es inminente y el hambre se constituye en tortura o malos tratos de parte del estado provincial.