El 30 de diciembre de 2004, un humo tóxico en el boliche Cromañón, terminó con la vida de 194 personas y afectó de muchas formas a miles de sobrevivientes y familiares. Intuimos en ese momento y lo fuimos comprobando paso a paso, que no fue un hecho accidental, sino la conjugación de habilitaciones truchas, sobreventa criminal de entradas, matafuegos inexistentes, salidas de emergencia con candado, falta de ventilación por presencia no autorizada de canchas de paddle y fútbol en la terraza, falta de criterio en el operativo de la emergencia. El poder político, ayudado por la mayoría de los medios de comunicación, quiso culpabilizar a las propias víctimas de la masacre, haciéndolo pasar por un accidente o un exceso indeseable producto de una supuesta juventud perdida. Pero defendimos y defendemos que no fue una tragedia, fue una masacre con responsables concretos y con participación clara del estado.

Un estado cuyo máximo responsable, en ese momento, fue Aníbal Ibarra, el justamente destituido jefe de gobierno de la Ciudad mediante juicio político. En las instancias públicas del juicio político quedó claramente expuesto que Ibarra sabía lo que podía pasar, y desoyó decenas de alertas de diferentes organismos además de poner en cargos públicos que requerían de técnicos idóneos gente no preparada e ineficiente. A pesar de la innumerable cantidad de evidencia sobre su nefasto desempeño no fue llamado a indagatoria y en el juicio político las y los legisladores no lo inhabilitaron para ocupar cargos públicos. Y si de apoyos hablamos, no debemos dejar de mencionar que a horas de la masacre se reunió con la Cámara de Empresarios de Discotecas ¿A qué intereses respondía que tanto apoyo tenía del empresariado de la noche? Esa protección político – judicial – empresarial ha permitido que siga intentando reciclar su carrera política.

El Movimiento Cromañón defiende los Derechos Humanos, por este motivo, hoy cargamos con la indignación de encontrarlo en marchas por los derechos humanos u ofreciéndose como abogado para las y los presos que la represión provoca. Lo seguiremos denunciando, lo seguiremos escrachando, con la memoria intacta. NO a los políticos responsables de masacres que quieren reciclarse electoral, política o socialmente. SI NO HAY JUSTICIA, HAY ESCRACHE

La lucha de muchos años logró 21 condenas efectivas, totalmente insuficientes, a algunas y algunos de las y los responsables, entre estas personas se encuentran altos funcionarios y funcionarias de la Ciudad como Fabiana Fizbin, Gustavo Torres y Ana María Fernández, y policías como el subcomisario Carlos Díaz, además del empresario y gerenciador de Cromañón Omar Chabán, su mano derecha Villarreal, los músicos-empresarios y Rafael Levy, dueño del boliche, de talleres clandestinos y prostíbulos de la zona.

Como si lo padecido y luchado estos 15 años fuera poco, a fines del año pasado el TOC 24 ordenó la devolución de las llaves del inmueble a Rafael Levy, quien fue condenado a 4 años y medio de prisión por su responsabilidad en la Masacre. Dentro del espacio se encontraban las pertenencias de las víctimas y de los y las sobrevivientes –zapatillas, banderas, celulares y hasta una bicicleta- objetos de un gran valor simbólico que fueron oportunamente reclamados al tribunal el cual, en ese entonces, había ordenado la judicialización del inmueble. No sólo no se resguardaron las pertenencias, en tanto objetos personales, sino que tampoco huellas de memoria que relataban el horror vivido esa noche.

Tenemos el derecho a contar nuestra historia como nosotres deseamos, no queremos la cultura de la “lavada de cara” como política pública, queremos una cultura construida por y para nosotres y para el conjunto del pueblo de la Ciudad. Aquello que sea significativo, es nuestra decisión. No vamos a permitir que les nieguen a las futuras generaciones, el derecho a entender qué lógicas llevaron a la muerte de 194 personas. Por esa razón, presentamos de manera independiente, dos proyectos de ley a la legislatura porteña, uno de expropiación y otro de patrimonialización para el resguardo del inmueble. El proyecto de un espacio para la memoria incluye la integración de este Santuario que hoy estamos habitando, embellecido por la actividad independiente de familiares y sobrevivientes, sin presupuesto, a puro corazón. El santuario YA ES un espacio de memoria, ahora falta la decisión política de expropiar el boliche.

El oficialismo porteño encabezado por Vamos Juntos, que cuenta con mayoría en la legislatura, nos ha respondido, a través de la legisladora Victoria Roldán Mendez y el legislador Claudio Romero no contar con presupuesto para expropiar Cromañón, mientras vemos cómo gastan fortuna en obras de dudoso interés público. Un monumento inerte de mármol no salda la deuda que tienen con la masacre.

En cuanto al Jefe de Gobierno, Larreta, nunca nos recibió, nos ninguneó e inclusive ante nuestra presencia en la Jefatura a principio de este año, cerró las puertas y envió a las fuerzas represivas. Queda claro, más que nunca, que al Pro no le importa las políticas públicas para la memoria.

Como parte de esa lógica de desidia y maltrato recibidos, denunciamos la ausencia del Estado en la asistencia a familiares y sobrevivientes. A un año de su promulgación, el Ejecutivo porteño no reglamentó los artículos de la Ley de Reparación Integral que se encargan del acceso a salud, educación y trabajo, tan necesarios en los tiempos que corren, para familiares y sobrevivientes. Como muestra del desinterés nos enteramos que fue recientemente disuelta la Dirección de Asistencia a la Víctima, cartera encargada de la implementación de la Ley. Repudiamos la reducción del presupuesto no sólo para el acompañamiento de familiares y sobrevivientes de Cromañón sino también para veteranos de Malvinas.

En sus años de gobierno, el macrismo desplegó su peor cara anti-jóvenes y antipueblo. Recortó el presupuesto de educación y salud, reforzó el de seguridad, es decir el de represión a las protestas, cerró escuelas para hacer “inversiones en otro lado” como planteó Larreta. Los planes de ajuste nos encierran en particular a jóvenes y mujeres, en callejones sin trabajo, sin vivienda, sin salud, sin educación de calidad. Tarifazos, robo a los jubilados, son también atentados contra los derechos humanos. Por ese desfinanciamiento institucional recordamos, a un año, a Sandra y a Rubén quienes murieron por la explosión de una garrafa en una escuela pública de Moreno.

La violencia ejercida a través del gatillo fácil y la represión, no ha cesado de cobrarse vidas, particularmente jóvenes, en democracia. Sería imposible mencionar todos los casos, hoy rendimos homenaje a quienes fallecieron en la masacre de San Miguel del Monte (Gonzalo, Camila, Danilo y Aníbal), ocurrida en este año, que también quisieron hacer aparecer primero como un accidente, luego muerte dudosa, hasta que los familiares y el pueblo se organizaron y quedó al descubierto la lógica policial donde la vida no vale nada.

Las fuerzas de seguridad estatales, sólo durante este año asesinaron a una persona cada 19 horas. El 85% de estas personas eran jóvenes y pobres. Estos datos junto con el recuerdo del asesinato de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, los 7 chicos muertos en la Masacre de Pergamino y la injusta prisión domiciliaria a los responsables de este hecho, demuestran cómo las lógicas de la precarización de la vida y la impunidad de las fuerzas de seguridad en relación con gran parte del sector político y judicial de este país perpetúan muertes que pueden ser evitadas.

Durante los últimos 4 años, se produjo un femicidio cada 29 horas, arrojando un total de más de 1200 mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres. Durante la gestión Macri se disminuyó el presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres incumpliendo con la responsabilidad de la erradicación de la violencia hacia las mujeres y la lucha contra el sistema patriarcal. Como mujeres familiares y sobrevivientes apoyamos la lucha de mujeres, lesbianas, de las compañeras travestis y trans y repudiamos toda forma de violencia por razones de género.

Todas estas formas de violencia, entre las cuales se encuentra la masacre de Cromañón, son violencias ejercidas por el estado, ya sea por su accionar o por sus omisiones. Con la consigna de que EL ESTADO ES RESPONSABLE marchamos tratando de acompañar a otros familiares y amigos, organizados para lograr que no se olviden y que los culpables se hagan cargo.

Las responsabilidades y complicidades tienen nombres y apellidos. Lo sabemos porque hemos marchado con los y las familiares de Luciano Arruga, quienes nuevamente denuncian que es la policía del intendente Espinoza de la Matanza, que tortura, asesina y desaparece, pero a él parece no interesarle. Lo sabemos porque estamos con la lucha de las y los familiares de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, asesinados por el Estado en el 2002, con clara responsabilidad política del

entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá quien en su momento felicitó al comisario asesino Fanchiotti y ahora acepta que cuando la policía reprime, la decisión es política, no de la misma policía. Hoy, en un nuevo atentado contra la memoria, Felipe Solá ha sido designado Ministro de Relaciones Exteriores. Con indignación vemos también, la designación de Vilma Ibarra, hermana – e histórica cómplice- de Aníbal, como Secretaria de Legal y Técnica frente a la posibilidad de que dicho cargo refuerce el poder político del destituido Jefe de Gobierno y/o facilite su acceso a un cargo público. Asimismo, indignadas e indignados, asistimos este año al accionar de la llamada justicia porteña que devolvió a Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler la posesión del inmueble de Luis Viale 1296, donde funcionaba el taller textil clandestino que se incendió en 2006, en el que murieron una joven de 25 años embarazada, dos adolescentes y tres niños. Apoyamos el reclamo de sobrevivientes y familiares, para que se funde en el lugar, un espacio de memoria

Todos estos motivos nos llevan a seguir en alerta ya que, evidentemente, la lógica contra la vida se repite constantemente, teniendo que lamentar nuevas muertes anunciadas que el poder encubre tratando de desviar la atención según le convenga: “había una guardería”, “fue el rock and roll” dijeron; “hubo un enfrentamiento entre piqueteros” dijeron; “tenía la pollera corta” o “con 16 años no es tan chica” dijeron; “fue un motín”, “no sabía nadar y se metió en el río”, dijeron.

Todos argumentos para quitar legitimidad a nuestros reclamos, y encubrir las responsabilidades empresariales y estatales.

Quisiéramos en fin, en un día como este, hablar sólo de nuestras hijas e hijos, compañeras y compañeros, amigas y amigos. Abrazar a los y las sobrevivientes, abrazarnos entre sobrevivientes. Pero la realidad nos obliga a denunciar y acompañar otras tantas luchas, abrazar a otras y otros familiares y sobrevivientes, levantar sus banderas, sus consignas.

La memoria, la verdad y la justicia NO SE NEGOCIAN. Seguiremos firmes en este Santuario, y en donde haga falta, por eso somos un Movimiento. No vamos a permitir que ninguna falta de política ni ninguna injusticia nos vuelvan a paralizar.

Tenemos 194 razones para luchar contra la impunidad, más todas aquellas que se suman permanentemente. Hace 15 años Cromañón interrumpió nuestras vidas, haciéndonos dar un giro de 180 grados. Hace 15 años que lo miramos de frente y que aprendimos, con nuestros aciertos y desaciertos, a tomar la calle, a decidir, articular y exigir, con independencia de cualquier gobierno, aquello que nos corresponde. Gobierne quien gobierne, vamos a seguir luchando.

Por ustedes, queridas hijas e hijos, hermanas, hermanos, amigos y amigas. Por nosotros y nosotras sobrevivientes, por quienes que no están, por quienes están y por quienes que vendrán: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

Familiares, amigas y amigos en lucha, presentes!

Sobrevivientes de Cromañón, presentes!

¡Las pibas y los pibes de Cromañón presentes! ¡Ahora y siempre!