MARCHA EN LA PLATA A14 AÑOS SIN JORGE JULIO LÓPEZ

A la calle otra vez

(Por Daniel Loy para APL/Fotos: Juan Cicale) A 14 años de la segunda desaparición forzada del testigo y sobreviviente del genocidio, el viernes 18 de septiembre la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada marchó por las calles de la ciudad donde fue desaparecido López y demostró que, con todos los cuidados necesarios pero con total contundencia, la militancia platense enfrenta la cuarentena represiva y sigue luchando contra la impunidad de los crímenes de Estado ayer y de hoy. Encabezada por los organismos de Derechos Humanos platenses como la Asociación de Ex Detenidos, HIJOS La Plata, Apel y el Ceprodh, más las organizaciones sociales  y los partidos políticos de izquierda, se realizó este viernes 18 de septiembre una multitudinaria marcha y acto en la Plaza San Martín de La Plata. Con un recorrido acotado por la situación de la pandemia del Covid 19, se volvió a exigir el cese de la impunidad en la causa López, se escrachó a los tribunales federales platenses, que empantanaron la investigación del caso y nunca indagaron en el entorno del genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, y se realizó un acto frente a la Gobernación bonaerense para denunciar la cuarentena represiva y exigir el apartamiento del ministro de Inseguridad Sergio Berni.

Jorge Julio López fue secuestrado en su casa del barrio de Los Hornos en 1976, fue llevado como detenido desaparecido a los Centros Clandestinos de Arana y la Comisaría 5ta de La Plata. Luego fue blanqueado como preso político en la Unidad 9 hasta 1979. Se pasó el resto de su vida reconstruyendo en soledad el horror vivido. Cuando le tocó el turno de buscar justicia fue desaparecido por segunda vez el día de los alegatos del primer juicio oral que condenó al genocida Etchecolatz, el 18 de septiembre de 2006. Desde entonces, la lucha y la movilización por su aparición con vida fue incesante. Con ese hecho que daba continuidad material a la represión del Estado de ayer y de hoy, nació la Multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada, que salió inmediatamente a la calle con el reclamo por López, primero todas las semanas, luego todos los meses a ahora cada año para denunciar la impunidad en el caso.

La causa judicial instruyó un tiempo en la justicia provincial como averiguación de paradero y luego, por la tarea de los organismos de Derechos Humanos y en particular de la compañera de la AEDD Nilda Eloy, pasó al fuero federal. Allí, en manos de los jueces Arnaldo Corazza, Manuel Blanco, Adolfo Ziulu y Ernesto Kreplak, y de los fiscal Marcelo Molina y Hernán Schapiro, acumuló millares de fojas y expedientes paralelos con cientos de declaraciones, con operaciones de distracción de las policías Bonaerense y Federal, pero sin ningún resultado. Desde la Multisectorial se denunció en un duro documento que “durante 14 años tanto los gobiernos de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández, de Macri, como el de Alberto Fernández no han impulsado ningún avance en la investigación del caso, transformándose en cómplices del encubrimiento junto a los gobernadores Felipe Solá, Daniel Scioli, María Eugenia Vidal, y Axel Kicillof”. Es que para el peronismo hoy gobernante, como para muchos organismos de Derechos Humanos oficialistas la causa López hoy no es tema de preocupación. La última novedad, durante el gobierno de Macri, fue la tibia consecuencia del planteo del caso de parte de la querella del espacio Justicia Ya La Plata, que patrocinó a López en el juicio de 2006, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU. La respuesta de la CIDH fue apelar a una “solución amistosa” entre el Estado argentino y los organismos de Derechos Humanos querellantes, que rechazaron de plano cualquier negociación sin justicia efectiva en el caso.

El Poder Judicial decidió no indagar nunca en el propio entorno del genocida Etchecolatz, a quien se señaló desde un primer momento como responsable del hecho, y si bien se abrieron algunas líneas investigativas sobre el Servicio Penitenciario Bonaerense y algunos integrantes de la Bonaerense comandada por Solá y Scioli, sostiene la causa abierta como una medida simbólica y en la total impunidad del caso.

La Multisectorial La Plata denunció que igual que la causa López los juicios contra los genocidas en La Plata siguen empantanados: “este año con la excusa de la pandemia se han habilitado juicios virtuales, se ha estirado la sentencia en la causa por la Brigada de San Justo, y se ha retrasado el inicio de varios procesos como las causas por el Centro Clandestino de 1 y 60, ‘El Infierno’ y por el Pozo de Quilmes y de Banfield, esta última elevada a juicio hace más de 8 años”. Y agregaron que “a más de 44 años del golpe genocida sólo se ha condenado a 1.000 represores en todo el país. Pese a parecer una cifra importante, ello representa una mínima parte de los perpetradores del genocidio, sus cómplices y encubridores. Menos de 2 genocidas por cada Centro Clandestino que existió en el país. Además más del 67% de los represores procesados y condenados gozan del beneficio del arresto domiciliario que nadie controla”.

También se recordó que el estiramiento indefinido de los juicios se ha llevado la vida de varios sobrevivientes del Terrorismo de Estado que tanto lucharon para ver a los genocidas condenados, como Adriana Calvo, Enrique “Cachito” Fukman y Nilda Eloy.

Impactó en la marcha la participación al frente de la cabecera de cerca de 100 integrantes de la comunidad senegalesa platense, grupo de vendedores ambulantes que vienen siendo desprestigiados por agentes de Control Ciudadano del gobierno municipal de Julio Garro, además de ser  perseguidos, golpeados y hostigados por la Policía Local en connivencia con grupos de Despliegue Rápido de La Bonaerense en el centro platense.

Hace poco el municipio platense realizó una disparatada denuncia penal vinculando a lxs compañerxs con una inexistente red de trata de personas en la que ponen a la cabeza al Colectivx de Abogadxs Populares La Ciega, que en realidad los vienen acompañando para organizarse y enfrentar la criminalización de su actividad. Además sufren la estigmatización de los medios de comunicación hegemónicos como El Día, Clarín e Infobae, que los vienen hipervisibilizando en sus notas, mientras reproducen una mirada criminalizante y xenófoba sobre la comunidad. Lxs compañerxs senegaleses gritaron justicia por Julio López, por Facundo Astudillo Castro y dijeron bien claro la consigna “¡el racismo no va más!”.

Además en el acto realizado en Plaza San Martín se hizo un homenaje a Oscar “Pato” Yohma, destacado militante social y cultural platense, integrante del Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza y uno de los impulsores y fundadores de la Multisectorial. Oscar murió en mayo pasado, producto de una enfermedad renal en la cual sufrió el abandono estatal en plena cuarentena sanitaria. Estuvo en la primera línea en el escrache al represor Etchecolatz en el juicio oral de 2006 y este fue el primer año de una marcha por López sin su presencia.

En el documento leído en la Plaza central de La Plata también tuvo espacio la denuncia por la escalada represiva implementada en cuarentena tanto por el gobierno de Alberto Fernández a nivel nacional como el de Axel Kicillof y su ministro Sergio Berni en provincia. Al respecto se dijo que “han implementado como política sanitaria ante el Covid 19 el confinamiento de familias trabajadoras en los asentamientos y las villas, con las fuerzas armadas y la policía en las calles aumentando el control social y descargando la represión contra los trabajadores, los jóvenes y las disidencias. Esta escalada se ha llevado la vida de más de 100 personas en  6 meses de ‘cuarentena represiva’. El gatillo fácil, los fusilamientos, las muertes por torturas o fraguadas en cárceles y comisarías, las desapariciones forzadas, junto con las causas armadas, las detenciones arbitrarias y el hostigamiento policial, son parte fundamental del engranaje de la represión que se ha desplegado durante estos 6 meses”.

Finalmente se dejó claro desde la Multisectorial que hay que llamar a la represión por su nombre: “no con el eufemismo de ‘violencia Institucional’, sino como represión estatal. Porque llevamos más de 7 mil asesinatos cometidos por las fuerzas represivas del Estado desde 1983 a la fecha. Y porque los distintos gobiernos patronales, y las organizaciones que los apoyan, esconden el rol represivo del Estado en medio de la crisis porque no les conviene reconocer que al ajuste que llevan a delante sólo lo contienen con represión”.

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