El abandono por parte del Estado de los lugares de alojamiento de personas privadas de su libertad empeoró durante los últimos tres años, en paralelo a la creciente sobrepoblación de las cárceles y comisarias. Lo ocurrido en 2017 en Pergamino, donde fallecieron siete personas en las mismas circunstancias es el antecedente más cercano. De las 272 comisarías provinciales que alojan detenidos, 105 están inhabilitadas para alojar personas y aún se siguen alojando detenidos de manera ilegal. Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar por el riesgo de vida de las personas alojadas en la Comisaría 2da de Echeverría, entre otras.

Por eso, a seis meses de la peor masacre ocurrida en una Comisaría de la Provincia de Buenos Aires, familiares y amigos/as de las víctimas junto con las organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos firmantes, reclamamos:

– A la Gobernadora María Eugenia Vidal y al Ministro de Seguridad Cristian Ritondo, que respete las órdenes judiciales y se clausuren inmediatamente las comisarías que no están en condiciones de alojar detenidos. Además, deben garantizar que esas clausuras se cumplan. Mientras que la política de seguridad siga persiguiendo delitos menores y aplicando la prisión preventiva como medida preferencial, la sobrepoblación y el hacinamiento solo pueden empeorar. La Comisaría 3ra de Transradio debe clausurarse ya para convertirse en un sitio de memoria.

– Al fiscal Fernando Semisa de la UFI 4, que investigue la responsabilidad de los agentes policiales y funcionarios del Estado sobre la condición inhumana en que estaban detenidos las 10 víctimas y el resto de los sobrevivientes de la Masacre.

– Al intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, que propicie los recursos y medios necesarios para asistir a las familias de las víctimas y a los sobrevivientes. Entregamos un petitorio donde figuran las principales demandas y necesidades.