La noche del 26 de septiembre y madrugada del 27, la tragedia cobijó nuevamente a la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Policías municipales de Iguala ligados a la delincuencia organizada asesinaron a tres estudiantes; Julio Cesar Ramírez, Daniel Solís Gallardo y Julio César Mondragón, además, según la versión oficial, detuvieron y entregaron al grupo delincuencial “Guerreros Unidos” a 43 jóvenes sin que hasta la fecha se tenga noticias certeras de su paradero. Del ataque resultaron también heridos los normalistas Aldo Gutiérrez y Edgar Andrés Vargas, hasta la fecha hospitalizados en estado delicado. Todos ellos en compañía de otros estudiantes habían ido hasta Iguala con el fin de realizar un boteo para recaudar fondos y así asistir a la marcha en la Ciudad de México por los estudiantes caídos el 2 de Octubre de 1968.
El caso de la señora Macedonia Torres se replicó. Decenas de familiares de los 43 normalistas desaparecidos arribaron a Tixtla para emprender junto a los estudiantes de la Normal una lucha para exigir la presentación con vida de los jóvenes y justicia por los asesinados.
El número 43 y la fecha 26 de septiembre comenzaron a aparecer primero en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, después en la Ciudad de México y poco a poco en diferentes ciudades, estados y países.
La desaparición de 43 jóvenes trajo a la memoria las múltiples desapariciones forzadas que se han registrado en Guerrero. Durante la época de los años setentas, la guerrilla encabezada por Lucio Cabañas, profesor egresado de la Normal de Ayotzinapa, desembocó en asesinatos y cerca 500 desapariciones.
Para Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, quien además ha llevado el caso de Ayotzinapa, la desaparición y asesinato de los normalistas es un ejemplo de las violaciones de derechos humanos más graves que se han registrado en el país: “La impresión que se tenía antes de Ayotzinapa era que violaciones como la desaparición forzada o la tortura eran cosas del pasado… si bien es cierto había miles de desaparecidos en el país, estos no lograban la connotación de la desaparición forzada en términos jurídicos. Ayotzinapa viene a poner en el centro de discusión que es una de las violaciones graves que en México sigue teniendo lugar”, explica.
La Verdad Histórica del gobierno mexicano y el contra-informe del Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes
Después de que el gobierno del estado de Guerrero dejara en manos del gobierno federal la investigación sobre los hechos ocurridos en Iguala la noche del 26 de Septiembre y madrugada del 27, el 27 de Enero, el entonces titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, confirmó en conferencia de prensa que los jóvenes habían sido “privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan, en ese orden”, sentenciando: “esta es la verdad histórica de los hechos”. En el mismo informe, dio a conocer que de acuerdo a los primeros resultados de los restos encontrados en el basurero y en el río San Juan, de Cocula, Guerrero, analizados en Universidad de Innsbruck, Austria, pertenecían al normalista Alexander Mora Venancio.
Sin embargo, los familiares de los normalistas desaparecidos de inmediato rechazaron la versión.
Macedonia Torres, madre de José Luis Luna Torres, normalista desaparecido, reprocha que el presidente de la República y el entonces Procurador de Justicia se han dedicado a decir que sus hijos están muertos: “ya es un año que nosotros no sabemos nada de nuestros hijos, lo que sí sabemos es que los agarraron forzadamente, hay pruebas y hechos de que los agarraron la policía municipal, ministeriales, federales. Murillo Karam y Peña Nieto sólo repiten que nuestros hijos están muertos y calcinados pero no tienen pruebas, hechos, no tienen nada, y nosotros vamos a seguir buscándolos.”
Isabel Telumbre, tía de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, normalista desaparecido asegura que a un año de los hechos ocurridos en Iguala, continúan esperando justicia: “Nosotros estamos reclamando algo que por derechos nos corresponde, justicia y presentación con vida de nuestros familiares. A un año estamos como al principio, sin rastro de ellos, sin nada.”
En el mes de Marzo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, creado por un acuerdo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano y los familiares de los normalistas desaparecidos comenzó sus trabajos, seis meses después entregó un informe general de las investigaciones realizadas, llegando a dos conclusiones importantes: de acuerdo a los análisis y pruebas los normalistas no fueron incinerados en el basurero de Cocula y existe un quinto autobús tomado por los normalistas la noche de 26 de septiembre, posiblemente cargado de droga, mismo que no ha sido tomado en cuenta en la investigación de la Procuraduría General de la República. De este modo, se legitimó la consigna de los padres de familia, la verdad histórica había sido una farsa.
Bertha Nava, madre de Julio César Rodríguez Nava, normalista asesinado la noche del 26 de septiembre afirma que las autoridades siguen burlándose de los padres de familia: “Nosotros queremos que nos digan las cosas como son… lo que nos interesa es que nos devuelvan a nuestros muchachos… Si no tienen pruebas contundentes ¿por qué se ponen a estar lastimando a los 43 papás? Nos han tumbado pero así como lo han hecho, nos hemos levantado. Se los hemos dicho, nosotros no creemos en sus mentiras”
Ayotzinapa: una lucha contra el olvido
Desde los hechos ocurridos el 26 y 27 de Septiembre, en México y otros países se
han registrado un sin número de protestas en solidaridad con los familiares de los normalistas desaparecidos y asesinados.
Vudulfo Rosales considera Ayotzinapa como un estandarte de las luchas sociales, que muestra además la corrupción y las injusticias en México: “el caso Ayotzinapa pone en evidencia la corrupción de las autoridades políticas, la crisis en que se encuentra el sistema político mexicano, los partidos políticos, su infiltración por parte de la delincuencia organizada, el autoritarismo, la inacción y la ineficacia de los cuerpos de seguridad, de los sistemas de justicia y el colapsamiento de todas las instituciones hoy en día supuestamente democráticas, se logra vislumbrar que están colapsadas, coludidas y que son incapaces de poder brindar desarrollo, seguridad, justicia, bienestar en su conjunto a la población del país.”
José Alfredo Galides, padre de Giovanni Galindes Guerrero, normalista desaparecido, refrenda la búsqueda de su hijo y de sus compañeros: “se tienen que continuar porque nosotros siempre hemos dicho como papás que si hubiera sido dinero el que se perdió, en un año se olvida, pero las vidas de nuestros hijos jamás se van a olvidar y es por eso que nosotros tenemos que continuar exigiendo que nos entreguen a nuestros hijos porque vivos se los llevaron y realmente vivos los queremos”.
Dentro de las instalaciones de la Normal Rural de Ayotzinapa, en uno de los edificios más recientes existe una sala de usos múltiples habilitada como habitación compartida, ahí habita desde hace un año la señora Macedonia Torres, quien desde la tarde del 27 de Septiembre del 2014 aseguró que no se iría de Tixtla hasta que su hijo apareciera. Ella, así como todos los familiares de los normalistas desaparecidos, piden a la sociedad que nunca los dejen solos y continúen solidarizándose con la exigencia de la presentación con vida de sus hijos: “Hoy nos tocó a nosotros, mañana pueden ser ellos. El enemigo es el gobierno, no importa si la gente es pobre, a cualquier persona desaparecen. Nosotros estamos luchando por nuestros hijos… pedimos justicia y verdad, la verdad de nuestros y la justicia para los que cayeron también, por eso nosotros no nos callamos y seguimos luchando”.
A un año de los hechos ocurridos en Iguala, no existen pruebas contundentes que den certeza a los familiares de los 43 normalistas sobre lo que ocurrió en Iguala el 26 y 27 de Septiembre. La esperanza de encontrar a sus hijos es el estandarte de la lucha que mantienen, esperando que la sociedad no lo olvide y tampoco perdone como ellos no han olvidado ni perdonado.
“Es un golpe que le dieron a los estudiantes que son el progreso de México y es por eso que si golpean y desaparecen al progreso de México, el día de mañana o pasado ¿A quiénes no golpearán? ¿A quiénes no desaparecerán? ¿A quiénes no van a asesinar?”, se cuestiona con lágrimas en los ojos don José Luis, quien desde hace un año espera tener nuevamente entre sus brazos a su hijo.