A 34 MESES SIN SANTIAGO MALDONADO

Angustia es no saber dónde está tu hermano

(Por Comité de Solidaridad Santiago Maldonado La Plata) A 34 meses de la desaparición forzada seguida de Muerte de Santiago Maldonado seguimos acompañando a la familia en reclamo de juicio y castigo a todxs lxs responsables y cómplices. El caso de Luis Espinoza, desaparecido en Tucumán en una represión policial en medio de la cuarentena, vuelve a mostrar que la desaparición forzada sigue siendo moneda corriente en las prácticas del aparato represivo argentino. El poder no ha sabido, ni podrá nunca hacerse cargo de la angustia que genera la pérdida de un familiar a manos de la represión de Estado.

DEBATES ESTÉRILES

La enconada respuesta del presidente Alberto Fernández a quienes cuestionan las consecuencias psicológicas y “la angustia” provocadas por el encierro propio de esta cuarentena, y su afirmación de que “angustiante es que el Estado no esté presente” y que “lo demás son debates estériles”, merece algunas reflexiones desde quienes denunciamos las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte del aparato represivo estatal.

En principio es el Estado presente el que, tras vaciar sistemáticamente el sistema de salud y condenar a millones al hacinamiento y la pobreza, ha otorgado un tratamiento policial al control del cumplimiento del aislamiento obligatorio. Lo que el psicoanalista Alfredo Grande denomina la “captura estatal – policial – jurídica – empresarial de la pandemia”. Ayer y hoy ha sido la presencia implacable del Estado represor la que ha generado un entramado de angustias sobre los familiares de quienes han perdido a su ser querido a manos de las prácticas del secuestro, la tortura y el ocultamiento del cuerpo de las víctimas para buscar la impunidad de esos crímenes.

A 2 meses de cumplirse 3 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, seguimos exigiendo juicio y castigo a todos los responsables materiales y políticos del hecho. Hasta ahora sólo el médico policial Werther Aguiar recibió una condena mínima por otra infamia, viralizar imágenes del cuerpo sin vida del compañero, lo que en todo caso complementa el total desprecio por la vida que ha demostrado el Estado en la investigación, y es una afronta periférica a la investigación principal.

Pese al paso del tiempo, que pretende consolidar la impunidad con el teorema del ahogado, acompañamos la lucha incansable de Sergio y su familia para encontrar justicia por Santiago. El poder no ha sabido, ni podrá nunca hacerse cargo de la angustia que genera la pérdida de un familiar a manos de la represión de Estado. Ese al que muchos reclaman estar más presente en esta cuarentena.

TEOREMA DEL AHOGADO

La inconsistente investigación realizada en la justicia federal de Rawson, a cargo del juez Gustavo Lleral, no explicó nunca qué pasó con Santiago aquel 1 de agosto de 2017 en el Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Se hizo todo lo posible para hacer cerrar la versión de que Santiago se ahogó solo. Para el magistrado no significó nada que el hecho se diera en el marco de una represión que actuó como disciplinamiento a las comunidades originarias en resistencia en Cushamen, ordenado por la ministra de Patricia Bullrich y su Jefe de gabinete Pablo Noceti. Lleral decidió cerrar el expediente y sobreseer al gendarme que siguió a Santiago hasta el río, para auto avalarse en la teoría de que el compañero murió ahogado y no habría delito que perseguir, versión fogoneada tempranamente desde el gobierno de Mauricio Macri y sus medios afines. Más allá de que el propio Lleral reconoció presiones para archivar el expediente, apartó intencionalmente varios elementos como el informe del perito Enrique Prueger que contradice la versión del ahogado y señala la disparidad y acomodamiento de la causal de muerte entre el paro cardio-respiratorio por el frío y el ahogamiento, la imposibilidad de que el río hubiera ocultado y/o arrastrado desde caudal arriba el cuerpo, la no coincidencia plena de elementos microscópicos en el agua y en el interior del cuerpo, así como la ausencia de signos de arrastre o marcas que presentaba el cuerpo habiendo sido encontrado en un lecho plagado de ramas y raíces. Con todas las dudas que deja el expediente se puede afirmar que el cadáver de Santiago no tenía 78 días en el agua, y que como máximo estuvo allí 30 días, lo que no concuerda con la versión de los hechos avalada por el juez Lleral.

A fines del año pasado Casación ordenó continuar con la investigación y ampliar pruebas, aunque se negó a dar curso al caso como una desaparición forzada. Pero la causa aún no tiene nuevo juez designado y el contexto de feria judicial por la pandemia no favorece la agilización de esa medida. La familia de Santiago dio un ejemplo de lucha en estos 34 meses, poniendo al caso a la cabeza de los reclamos en el país y el mundo, dando la batalla judicial, pero también realizando movilizaciones, gestionando su prensa propia, haciendo charlas y actividades políticas y culturales para rescatar las canciones, los escritos, los dibujos y murales de Santiago y mantener viva la memoria del “Lechuga”o el “Brujo”, como le decían sus compañeros anarquistas. Como sabemos el secreto de lo sucedido el 1 de agosto de 2017 en el río Chubut duerme en la sonrisa siniestra del gendarme Emmanuel Echazú al regresar de su cacería, asesino de uniforme a quien la justicia federal siempre protegió.

7 DÍAS DE BÚSQUEDA Y UNA ANGUSTIA ETERNA

Por la tarde del viernes 15 de mayo alrededor de las 16hs los lugareños del paraje de El Melcho, Localidad de Monteagudo, al sur de la capital tucumana, realizaban una carrera cuadrera. En ese momento la policía irrumpió a los tiros limpios dispersando a la gente en el marco de un supuesto operativo por violar el ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio). No conformes con el fin de la actividad campera nueve policías armados se dispusieron a perseguir a la gente monte adentro. Lamentablemente se cruzaron con Luis Armando y Juan Antonio Espinoza, dos hermanos de la zona que se encontraban haciendo una diligencia: uno de ellos llevaba 16 mil pesos para repartir entre sus familiares. En ese momento golpean y hieren a Juan, provocándole un desmayo, mientras que a Luis lo desaparecen.

Luego de 7 días de estar desaparecido el cuerpo de Luis fue visualizado por uno de sus hermanos en un precipicio de 150 mts de profundidad en la localidad de Alpachiri, provincia de Catamarca, a 100 km del lugar del hecho inicial. Los asesinos habrían roto el pacto de silencio y ellos mismos indicaron donde lo habían ocultado. La autopsia reveló que Luis tenía un disparo de arma de fuego marca Jericho, a la altura del omoplato izquierdo que le perforó el pulmón y lesionó la zona intercostal. La bala ingresó de arriba hacia abajo y de costado, impactó en la arteria aorta, lo que habría producido la muerte de manera instantánea. También tenía una lesión en la parte trasera de la cabeza que podría ser consecuencia de la caída en el precipicio o de un golpe anterior. Los policías imputados de la Comisaría de Monteagudo, Departamento de Simoca, son el subcomisario Rubén Montenegro, quien parece ser el mentor del ocultamiento del cuerpo, los sargentos René Ardiles y Víctor Salinas, la cabo y dueña de la camioneta usada en el operativo, Miriam González, los cabos José Paz y Claudio Zelaya, el agente Esteban Rojas González, el vigía ciudadano de la comuna, Sergio Santillán, además de otro civil que sería hermano de uno de los efectivos, el seguridad privada Héctor Villavicencio y por último el autor del disparo, que según las pericias balísticas fue el oficial auxiliar José Morales. Cabe mencionar que dos de los policías, Zelaya y Rojas González, habían sido señalados en el 2018 por la muerte de Alan Andrada a quien habrían matado a golpes.

Hasta el momento el crimen de Luis está caratulado como “homicidio agravado y encubrimiento”, pero todo indica que se trata lisa y llanamente de una desaparición forzada seguida de muerte.

Luis era un trabajador jornalero de campo, era sostén económico de su familia compuesta por 6 hijxs y su compañera de vida, Soledad Ruiz, más una gran familia, amigxs y vecinxs. La búsqueda real de Luis la realizó literalmente su hermano Juan, con el resto de sus hermanxs, familiares y amigxs, junto a la solidaridad de los vecinos de la comunidad de Rodeo Grande y otros parajes. Todos los días desde las 8 de la mañana salieron a rastrear monte adentro, e hicieron cortes de ruta en reclamo por la aparición de Luis. De esta manera el caso tomó conocimiento a nivel provincial y nacional.

“DEUDAS DE LA DEMOCRACIA”

En todas los casos de desaparecidos registrados en estos años, incluso en los que ha habido alguna actividad judicial, quedan eslabones de la cadena de impunidad por deshacer. En la causa de Andrés Núñez, desaparecido en La Plata en 1990, se encontró el cuerpo y se condenó a 3 de los 9 responsables, con el policía Pablo Martín Gerez, principal ejecutor del hecho, prófugo desde hace 30 años. En el caso de Miguel Bru, si bien se condenó a varios de los policías de la Comisaría 9na de La Plata, todos los asesinos recuperaron la libertad o murieron sin cumplir la pena, y el cuerpo de Miguel nunca fue hallado. En el caso de Iván Torres, desaparecido por la Policía de Comodoro Rivadavia en 2003 se llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligó al Estado argentino a realizar un juicio que igualmente fue parcial y sólo condenó a 2 policías como partícipes secundarios de un hecho que parece que no tuviera autores materiales.  La causa por la segunda desaparición forzada del ex detenido desaparecido en dictadura Jorge Julio López va camino a los 14 años de impunidad sin imputados ni procesados. La causa federal por la desaparición de Luciano Arruga no obtuvo el impulso debido, incluso pese a la condena recibida en 2015  por el policía Julio Torales por las torturas que le practicó a Luciano en el mismo destacamento policial de La Matanza donde meses después lo confinaron para desaparecerlo. En la desaparición de Daniel Solano, ocurrida en 2011 en Choele Choel, siete de los policías involucrados fueron condenados en 2018 por la figura de homicidio agravado, pero continúan libres y en funciones hasta que la sentencia quede firme, y nada se dijo en el fallo de la modalidad de explotación a los trabajadores golondrinas que sostienen las empresas frutícolas del valle de Río Negro y sin la cual no se explica el crimen de Daniel. El expediente por el crimen de Franco Casco, desaparecido en Rosario en 2014, fue elevada a juicio en diciembre pasado con la carátula de desaparición forzada pero con dispar atribución de responsabilidades a los quince policías involucrados en el hecho.

Como sabemos a esta altura, la desaparición forzada de persona, el “crimen de crímenes” como lo definió Nora Cortiñas, es la privación ilegal de la libertad cometida por un particular o agentes del Estado, y donde la institución ha prestado su apoyo o aquiescencia y se niega a informar o reconocer esa privación de libertad. Actualmente las causas por desaparición forzada de persona en Argentina, más de 217 casos de 1983 a la fecha, rara vez llegan a investigarse como se debe, reconociendo la existencia plena del delito y con ello la responsabilidad estatal que cabe en esclarecerlo y condenar a los responsables. Argentina, el país de los 30 mil detenidos desaparecidos, tardó 28 años desde finalizada la dictadura para incluir en su ordenamiento legal la posibilidad de condenar a agentes del Estado por la figura de desaparición forzada de persona. Desde entonces sólo en el caso de Iván Torres, al igual que Santiago desaparecido en Chubut pero por la policía provincial en hecho ocurrido en 2003, hubo un debate con sentencia, como dijimos, en un juicio parcial y fragmentario.

Lo que muchos definen como “deudas de la democracia” es en realidad una compleja trama de sumisión de las familias y la sociedad toda en un laberinto de angustia e impunidad que el Estado nunca repara porque no está dispuesto a llevar los casos hasta las famosas “últimas consecuencias”.

A 34 MESES SIN SANTIAGO: NO AL CIERRE DE LA CAUSA. FUE DESAPARICIÓN FORZADA!

SANTIAGO MALDONADO PRESENTE!

JUSTICIA POR TODXS LOS DESAPARECIDXS EN DEMOCRACIA.