Queremos compartir la inquietud de ampliar el horizonte desde el que se concibe la producción y la gestión cultural. Por una cuestión de justicia creemos que es necesario considerar espacios y actores tradicionalmente marginados de posibilidades de expresión y canales de acceso a los bienes culturales. La cárcel como institución y quienes en ella cumplen condena o esperan sentencia es quizá el más paradigmático de dichos espacios.

El interés en participar de este foro reside en la necesidad de reflexionar “lo cultural” en la cárcel que se manifiesta desde una doble vía, como potencia pero también como carencia. Por un lado, como un complejo cauce por el que circulan y se cruza un cúmulo de saberes, prácticas y costumbres que son al mismo tiempo ancestrales y contemporáneos, rurales y urbanos, de distintas regiones y trayectorias vitales, sumamente diversos, contradictorios y ricos. Paradójicamente y a pesar del contexto represivo que se imprime principalmente sobre los cuerpos, en la cárcel pueden convivir vestigios de lenguas nativas y la oralidad es aún aquí una rica fuente de anécdotas, mitos y leyendas. Quienes acceden a la escritura canalizan de ese modo no sólo las vicisitudes de la experiencia personal, sino también la reflexión sobre lo social-comunitario, la cultura, la política o la religión. Por las propias dificultades de las condiciones en que se realiza, el trabajo manual nunca es meramente mecánico, sino también creativo. Es por esas y otras cuestiones que consideramos necesario ver a los sujetos que cumplen condena y al lugar en el que su cotidianeidad transcurre, también como actores y escenario que hacen a la diversidad cultural de un país.

Pero también, la cultura en la cárcel se manifiesta desde otro lugar, como espacio en el que el orden social naturaliza la desigualdad y la injusticia, donde la falta de acceso a derechos de todo tipo encuentra diversas justificaciones. Y donde a partir de respuestas y esquemas de interpretación punitivos se oculta que en la gran mayoría de los casos, la desigualdad en el acceso, – ya sea a bienes culturales como a necesidades elementales-, no estaban ya cubiertas desde antes de la irrupción del sistema penal en la vida de los sujetos. Como resultado de ello y en buena parte de los casos, el estigma, la discriminación y la violencia garantizan la continuidad de condiciones que llevaron al encierro.

La Red Corrientes de Derechos Humanos articula en los últimos años con una fuerte impronta hacia el desarrollo de proyectos creativos y artísticos en coordinación con el Colectivo Solidario en Contexto de Encierro Yaja Porá, conformado por hombres en situación de cárcel del Penal 1 en la provincia de Corrientes. Las acciones se enmarcan en la línea de intervención de instituciones civiles en el ámbito carcelario, como otras experiencias que existen en distintos puntos del país.
Desde el año 2006 se creó en el penal un pequeño espacio multifunción donde principalmente se realizaban gestiones de acompañamiento y asesoría legal-social para canalizar las múltiples demandas y necesidades de la población carcelaria. Con el tiempo, ese lugar pasó a convertirse en un taller en el que se realizan múltiples actividades de tipo educativas, artísticas y productivas. Algunas de ellas son talleres en metodología de estudio, realización audiovisual, plástica y proyectos que incluyeron la edición de agendas artesanales, libros, un mural colectivo extra-muros y la producción continua de artesanías y muebles. Todo esto llevó al grupo la participación en muchos eventos artísticos y sociales fuera de la cárcel.
Desde ese espacio se logró articular a lo largo de los años con una gran cantidad de organizaciones e instituciones (como el Museo de Artesanías Tradicionales y Folclóricas de la provincia de Corrientes; el colectivo que organiza el Festival de cine Guácaras en la localidad de Santa Ana; el Museo por la Memoria del Chaco; el Fondo Nacional de las Artes; el Museo del Hombre Chaqueño, la Universidad Nacional del Nordeste; el Plan de Lectura del Ministerio de Educación de la Nación; la Dirección de Bibliotecas en Contexto de Encierro) con las que se realizaron proyectos que incluyeron muestras plásticas, de esculturas sobre mitos guaraníes, un cortometraje y un diccionario castellano-guaraní (en etapa de edición), entre una innumerable cantidad de proyectos.

Es desde esta experiencia que consideramos sumamente rica y que se suma a varios espacios que desde organizaciones de la sociedad civil o instituciones como la Universidad Nacional de Buenos Aires se desarrollan en otras cárceles del país, desde donde mencionamos la necesidad de que se sistematicen mecanismos que posibiliten a las personas privadas de libertad un ejercicio más fluido de los derechos culturales y mayor articulación entre el afuera y el adentro de la cárcel al momento de realizar estas prácticas. Pero también es desde experiencias de este tipo desde donde observamos la gran dificultad que representa el pensarse y proyectarse como hacedores y trabajadores culturales, ya que aunque alcancen las condiciones creativas para ello, se dificulta enormemente por ejemplo, el poder cobrar por las obras realizadas –al no poder acceder por ejemplo al sistema de monotributo o a la posibilidad de organización formal a través de cooperativas- para poder gestionar de manera autónoma sus producciones artesanales, editoriales, etc.
Desde allí es que también desde una legislación que incluya una concepción amplia, diversa y federal de las culturas, se incorporen mecanismos que garanticen el acceso y las posibilidades de creación y expresión para las personas privadas de libertad en todo el territorio de la República Argentina.

Lo que sería también una adecuación a Ley de educación Nacional 26.206 que garantiza el derecho universal a la educación para promover formación integral y desarrollo pleno al mismo tiempo que establece el acceso y la permanencia de la educación superior y el desarrollo de propuestas destinadas a estimular la creación artística y la participación en diferentes manifestaciones culturales. Como así también obraría en consecuencia al apartado referido a la educación en la Ley 24660 sobre la Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, cuya reglamentación fuera recientemente aprobada mediante un decreto.