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MONTE CASEROS - CORRIENTES

Movilización por el asesinato de Nino

(Por Momorandu.com) Una movilización popular acompañó el reclamo de esclarecimiento y justicia para Nino, días atrás, en Monte Caseros. Entre los presentes estaban sus familiares, amigos y la Coordinadora de Derechos y Justicia y la Red de Derechos Humanos Corrientes. Sebastián Largueri (Nino),un joven de 23 años con padecimientos psiquiátricos y problemas de adicciones que nunca tuvieron la debida contención y tratamiento por parte del Estado, era habitualmente víctima de persecución policial,demoras e intimidaciones, por el solo hecho de deambular por las calles con modalidades propias de su patología. Casi un mes atrás del episodio que terminó con su vida, ya había sido aprehendido por funcionarios policiales quienes lo amenazaron y le anticiparon que sería un “NN”.

Por datos de testigos que se incorporarán a la causa judicial oportunamente, la familia pudo reconstruir la siguiente secuencia de los hechos: un móvil policial sin orden judicial alguna, lo levantó en la noche del 14 de Agosto. En este móvil policial fue llevado a una zona rural, lindera a la ciudad de Monte Caseros, perteneciente al Ejército Argentino, conocida como “Campo Ávalos”. Allí habría sufrido una fuerte golpiza. Luego, lastimado y confuso fue librado a su suerte.

Lo vieron puesteros y personal del ejército, a quienes confirmó que le pegó la policía. El día 15 de Agosto fue nuevamente capturado por fuerzas de seguridad. Finalmente fue encontrado muerto “por asfixia” en el km 506 del río Miriñay chico, el pasado 30 de agosto, 15 días después de ser privado ilegalmente de su libertad por policías de la departamental de Monte Caseros.

Según la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense de Corrientes, la muerte se produjo el día 23 de Agosto por asfixia por inmersión.

En un extenso documento que leyeran en el acto,frente al Juzgado de Instrucción de Monte Caseros, la Coordinadora de Justicia y Derechos Humanos, y familiares señalaron todos los hechos que los llevaron a concluir que esta es una muerte con responsabilidad institucional.

1.- Hacen referencia a la historia de hostigamiento policial que sufría Sebastián Largueri y manifiestan que la familia nunca fue comunicada de la detención de Nino. Solamente cuando su hermana, Anahí Andrade fue a hacer la denuncia a la comisaría, le mostraron unas zapatillas y le hicieron reconocer sólo fotográficamente el cuerpo de Nino.

2.- Desconocen bajo qué circunstancias halló la prefectura el cuerpo en una zona del río que habitualmente no se rastrilla ni se patrulla.

3.- Desconocen qué avisos, si los hubo, realizó el Ejército sobre este joven que “deambulaba” en terreno militar.

4.- Refieren haber pedido informes al municipio sobre las imágenes de las cámaras de seguridad, disponibles en el centro de monitoreo y, hasta la fecha, no han obtenido ninguna respuesta.

5.- Manifiestan no haber encontrado la celeridad y acompañamiento judicial que la gravedad de los hechos impone.

Por lo que concluyeron en cu lectura: “Estos cinco puntos que terminamos de definir constituyen la base de maniobras, prácticas, conductas y metodologías sobre las que se apoya un régimen de impunidad y en las que un conjunto de instituciones se asientan para distribuirse las responsabilidades directas o indirectas de semejante sistema”.

El acompañamiento social de allegados, familiares, amigos,maestros, profesores y militantes de derechos humanos en una masiva convocatoria de participación ciudadana, habla a las claras de un genuino reclamo de justicia.

Han recibido adhesión y acompañamiento de organizaciones sociales, gremiales y de DDH, como el Encuentro nacional Antirrepresivo, la APDH, el Comité contra la tortura de Corriente, la Red de DDHH de Corrientes entre otras.

PASOS A SEGUIR
Después de la lectura del documento, el abogado de la Familia, Dr. Alejandro Repetto, Anahí y Eduardo Andrade (hermanos de NINO), mantuvieron una extensa reunión con el Juez de Instrucción el Dr. Eduardo Alegre, a quien manifestaron su decisión de incorporse como querellantes conjuntos.

Les queda ahora tomar vista de las actuaciones del Fiscal Oscar Soto, quien, según manifiestan, “de entrada apartó a la policía de las investigaciones y actuó solo con secretario, por encontrarse sospechada la fuerza”.

La causa inicialmente fue caratulada como “Privación ilegítima de la libertad y abandono de persona seguida de muerte”, y según trascendió, cuatro policías de la departamental de Monte Caseros están imputados en estos hechos. Los efectivos afectados serían Cristian Ibalo, Ramón Goin, Walter García y Roberto Aguirre.

La decisión de la familia y de la Coordinadora por los DErechos y la Justicia, que acompaña estrechamente este reclamo, es incorporarse activamente a la investigacion para aportar pericias, testimonios y todos los elementos que sean necesarios para garantizar el esclarecimiento y las responsabilidades directas e indirectas de todos los que participaron del aberrante crimen.

Última modificación: 4 de octubre de 2015 a las 12:02