Algunas fuentes han declarado a La Retaguardia que tanto la Policía Federal como la de la provincia de Córdoba, donde ocurrió el hecho, ya caratularon el hecho como homicidio ocurrido en ocasión de robo, pero además solicitaron desvincularlo de cualquier relación con la calidad de testigo-querellante de Sosa de Fagetti, lo que no deja de llamar la atención, ya que es de suponer que cuando se investiga un asesinato cabe tener en cuenta como posibles homicidas a quiénes podrían querer que la víctima sea asesinada; pero quizá veamos demasiadas series.
Los organismos de derechos humanos locales están reunidos al momento de esta nota para tratar de consensuar un modo de comunicar la noticia, que los ha conmocionado cerca del cierre del juicio.

En una nota publicada en noviembre del año pasado, La Retaguardia cerró una entrevista con la co-presidenta de la APDH de Mendoza, Victoria González, definiendo algunas características de San Rafael en las que cualquier persona consultada, viva allí o no, coincide: “Los integrantes de organismos de derechos humanos incluso hoy viven situaciones complejas como el hecho de que se tapen pintadas, se rompan monumentos y placas de homenajes a las víctimas, además de recibir permanentes amenazas”, decíamos allí, haciendo no más que un análisis que se desprende de la sucesión de hechos relatados. Lejos de de imaginar una situación como la que podría ser un asesinato por la calidad de testigo-querellante, posibilidad cierta pero aún no certera en el caso de Sosa de Fagetti, esa definición acerca de “una ciudad muy conservadora”, donde los lugares de tortura, de tanto consenso social que había, ni siquiera funcionaban en lugares escondidos, suman más a dudas o certezas al asunto, según de qué modo se lo vea.
Si algo nos ha enseñado el caso de la testigo-querellante de Santa Fé, Silvia Suppo, es que si la policía se apura en asegurar que fue un robo, sin dejar lugar a ninguna duda, quizá sea razón suficiente para comenzar a entender qué pudo haber sucedido.