Es por ello que el tribunal también ordenó la señalización y preservación del lugar. Si bien ha sido señalizado, lo ocurrido muestra que no ha sido preservado.

El Estado ha incumplido entonces no sólo con la obligación que emana del marco normativo vigente sino también con la demanda de justicia que es de la sociedad toda.

Por ello, no sólo es imprescindible que se esclarezca lo que ocurrió, sino también que se restauren los daños materiales que no fueran irreparables, que se resguarde el lugar y se realicen todas las acciones necesarias para su puesta en valor.

El abandono y la negligencia por parte del Estado en el cuidado de estos lugares emblemáticos del terrorismo de estado y mojones imprescindibles de la memoria del futuro, es intolerable y se convierten en actos que propician el olvido y la impunidad.