Estamos en esta Plaza, enfrentando el silencio y la negación oficial, para denunciar que Julio López, sobreviviente de los campos de concentración de la dictadura, fue secuestrado y desaparecido por segunda vez hace 8 años, cuando culminaba el Juicio a Etchecolatz . Estamos hoy aquí, en la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, exigiendo al Estado Nacional su aparición con vida.
El 18 de septiembre de 2006 Julio López, que después de muchos años de silencio puso en palabras el horror vivido en los campos de concentración de la dictadura, para cumplir su compromiso con quienes fueron sus compañeros de lucha, no llegó a la sala de audiencias, en la que se daría la sentencia de prisión perpetua al genocida Etchecolatz.
La respuesta de nuestro pueblo a la desaparición de Julio no se hizo esperar y miles salimos a las calles reclamando su aparición con vida YA!
La respuesta del poder también fue inmediata: el gobernador Solá, y sus funcionarios Arslanián y Binstock, declararon frente a los organismos de derechos humanos que reclamamos por Julio que su preocupación era la gobernabilidad de la policía bonaerense. Hoy, después de 8 años, es indiscutible que esa ha sido la principal preocupación de todos los poderes del Estado. Por eso en la causa López no hay sospechosos, ni imputados, ni detenidos.
Por eso denunciamos que, desde el primer momento, los funcionarios nacionales y provinciales renunciaron a encontrar a nuestro compañero Jorge Julio López y por lo tanto renunciaron también a detener, juzgar y condenar a los responsables de su secuestro.
La Policía de la Provincia de Buenos aires, al momento de la segunda desaparición de López, tenía en sus filas más de 9.000 efectivos que habían actuado durante la dictadura. Ningún gobierno constitucional los separó ni investigó.
El gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires desplegaron desde el primer momento un discurso plagado de cinismo. Durante el primer año decían que buscaban a Julio como si hablaran de un niño perdido camino a su casa y en los últimos años nos dicen que tenemos que aceptar que Julio está muerto pero no dicen quién lo secuestró, quién lo mató, quién dio la orden y quien la ejecutó. Nunca quisieron investigar y ahora, después de 8 años de inacción y de impunidad, usan el nombre de Julio para bautizar una plaza o lo declaran “ciudadano ilustre” pretendiendo naturalizar su desaparición y disimular la impunidad de los autores políticos y materiales de su secuestro.
En todos estos años, aunque el rostro de Julio estuvo y está presente permanentemente en la denuncia y el reclamo de justicia de nuestro pueblo, hemos recibido por única respuesta el silencio de la impunidad, el silencio de la complicidad.
Julio López no fue el primer desaparecido posterior a la dictadura: Miguel Bru, Andrés Nuñez, entre otros, son prueba de ello. Su desaparición reinstaló la desaparición como práctica genocida, poniendo en jaque al llamado Nunca Más.. Fue una confirmación más de lo que siempre dijimos: la impunidad sólo genera más impunidad.
La persistencia de la impunidad es la que permite que López esté desaparecido. La responsabilidad criminal es, sin duda, de los autores materiales y políticos del secuestro.. Pero la responsabilidad política de que Julio aparezca con vida, como señalamos desde un primer momento, es de los gobiernos nacional y provincial.
El Estado, con total intencionalidad, no realizó una investigación, y cada fuerza simuló una búsqueda por su cuenta, ocultando sus pasos las unas a las otras.
Por eso decimos que el gobierno tiene que responder por el encubrimiento y complicidad por parte de los organismos de seguridad que dependen del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial: la SIDE, el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Bonaerense y la Federal.
Nunca se investigaron las pistas que involucraban a Etchecolatz y a la bonaerense, y al día de hoy no han esclarecido ninguna de las innumerables amenazas y agresiones que sufrieron durante el juicio y siguen sufriendo testigos, querellantes, familiares de desaparecidos, jueces, fiscales. Tampoco se han resuelto los secuestros posteriores a testigos como Geréz, Puthod, Martínez, ni el asesinato de Silvia Suppo. Ha sido precisamente la persistente impunidad del secuestro y desaparición de Julio la que fomentó que las amenazas a los testigos, los abogados y a los militantes vinculados a los juicios a los genocidas continuaran y se agravaran, transformándose en agresiones y secuestros.
Por eso decimos que el gobierno nacional es responsable por la aparición con vida de Julio y que debió haber dado los pasos precisos y contundentes que siempre le exigimos: exonerar y denunciar ante la justicia a todos los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad que se desempeñaron durante la dictadura, promover la remoción de jueces y fiscales cómplices, impulsar juicios por campo de concentración o por circuito represivo donde se juzgue por el delito de genocidio a todos los represores y a sus cómplices civiles.
Desde hace dos años, la única novedad en la investigación judicial fue una denuncia contra las querellas y los funcionarios judiciales que intervinieron en el juicio contra Etchecolatz, en la que de forma aberrante se intentaba distorsionar las responsabilidades de lo sucedido acusando a los compañeros de Julio de “no haberlo cuidado”. Este año, el nuevo fiscal que tomó la causa dice que va a empezar de cero y su primera medida es investigar……a los hijos de López.
Ante la inacción de la Justicia, y el silencio del poder político, en los últimos años fuimos las organizaciones que reclamamos por la aparición con vida de Julio las que aportamos novedades a la causa.
El año pasado el encuentro Memoria Verdad y Justicia convocó a una campaña nacional de presentación masiva de Habeas Corpus por Lopez. Todos fueron rechazados automáticamente, poniendo en evidencia que no es preocupación de esta justicia terminar con la impunidad. En Puerto Piramides el juez Ricardo Sastre contestó al habeas corpus , diciendo que “el señor Jorge Julio López NUNCA estuvo detenido en ninguna repartición de las fuerzas de seguridad”, negando de este modo hasta el primer secuestro de Jorge Julio López. Este año llevamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, pidiendo se pronuncien sobre el tema, se anoticien respecto de los 8 años de encubrimiento, se investiguen las responsabilidades de esta situación de impunidad y se llame la atención al Estado por el encubrimiento de este crimen.
Hoy, a 8 años de la dolorosa desaparición de Julio, estamos en esta Plaza para ratificar la lucha popular contra la impunidad, para denunciar el encubrimiento, para oponer voz al silencio de los de arriba, para reclamar justicia. Para exigir cárcel común y efectiva a sus secuestradores, a todos los represores y asesinos, a todos los genocidas.
BASTA DE SILENCIO, ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD
Por eso exigimos al gobierno
Aparición con vida YA de Julio López
Juicio y castigo a los responsables
Compañeros y compañeras:
La impunidad y el encubrimiento que rodean la segunda desaparición de Julio López se conectan directamente con la vigencia del aparato represivo de la dictadura y con la represión actual a las luchas obreras y populares.
La negativa de los gobiernos nacional y provincial a impulsar que se investigue entre las filas de la Policía Bonaerense y de los servicios de inteligencia del Estado refleja el pacto de encubrimiento sobre los crímenes y negocios ilegales del aparato represivo, que los sucesivos gobiernos han mantenido hasta el día de hoy a cambio de contar con sus servicios a la hora de reprimir a los trabajadores y el pueblo.
La política represiva se agudiza ahora que el colapso de la política económica conduce al gobierno a redoblar la entrega para pagar la deuda externa. Las designaciones de César Milani al frente del Ejército y de Sergio Berni en la Secretaría de Seguridad apuntan a quebrar mediante palos y provocaciones la resistencia obrera y popular a los despidos, suspensiones, retrocesos salariales, ajustes, tarifazos y recortes en la asistencia social que el gobierno impone para congraciarse con el capital financiero internacional.
Eso se expresó en la brutal represión que sufrieron los obreros que salieron a defender sus puestos de trabajo, como ocurrió en Lear , Gestamp, Emfer, Calsa, Kromberg. Los dispositivos represivos de las fuerzas de seguridad también estuvieron presentes ante los piquetes realizados durante el paro general del 28 de agosto.
El país entero pudo ver en detalle, gracias a las filmaciones de periodistas y militantes, las provocaciones de la Gendarmería contra los trabajadores de Lear. La expulsión del Ministerio de Seguridad Nacional del ex carapintada Galeano, infiltrado en las manifestaciones, fue una manera de ocultar que actuaba bajo las órdenes de Berni, y por lo tanto, del gobierno nacional.
El espionaje y la infiltración son métodos represivos que los K cultivan desde que gobernaban la provincia de Santa Cruz, cuando Berni en persona se infiltraba entre los trabajadores de la mina de Rio Turbio y el gobernador Néstor Kirchner mandaba a las patotas del PJ provincial a apalear a las asambleas populares de Rio Gallegos. Luego siguieron el Proyecto X y la infiltración del Policía Federal Américo Balbuena en la Agencia Rodolfo Walsh.
En los últimos años el presupuesto destinado a inteligencia militar –bajo la tutela de Milani- prácticamente se triplicó. Este genocida, premiado por el oficialismo con el cargo de Jefe del Ejército, que debiera estar preso por su actuación durante la dictadura, es el elegido por el gobierno nacional para encabezar un operativo dirigido a rehabilitar la injerencia del Ejército en la seguridad interior. Por eso hoy las leyes antiterroristas promovidas por el gobierno, se constituyen en una amenaza cada vez más peligrosa a todos aquellos que luchan por sus derechos.
El desalojo con métodos nazis del barrio Papa Francisco, mostró, como ocurrió con el Indoamericano, la complementariedad de las políticas represivas del gobierno nacional y las de Macri en la Ciudad. Arrasaron las viviendas y desalojaron a los más humildes mientras dejaron instaladas a las bandas del narco.
Las declaraciones fascistas y xenófobas de Berni tienen como objetivo dividir al pueblo y conseguir piedra libre para sacar de las calles a los que enfrentan la política del ajuste.
Mientras Macri mantiene su propio aparato de espionaje, la justicia de la ciudad lleva a juicio a los dirigentes barriales Diosnel Pérez y Luciano “Tano “ Nardelli, por el único delito de ser solidarios. .
La Metropolitana reprime con balas de plomo –como lo hemos comprobado en el Indoamericano y en el desalojo de la Sala Alberdi- del mismo modo que ocurre en Formosa, Jujuy y Chaco con gobernadores alineados con Cristina Fernández, donde se ha reprimido salvajemente a docentes, estatales, jubilados, desocupados y pueblos originarios. En Córdoba fueron reprimidas vigilias y marchas contra el monopolio envenenador Monsanto.
En estos 11 años de gobierno kirchnerista , suman 22 los compañeros asesinados a raíz de la protesta social.
La política de “mano dura” , en cuya aplicación coinciden el gobierno nacional, Scioli, Massa y otros sectores del oficialismo y la oposición tiene como objetivo profundizar la criminalización de la pobreza y no sólo no resolverá los problemas de inseguridad sino que reforzará la represión a las luchas, el gatillo fácil y la corrupción policial. La militarización de los barrios y la creación de policías comunales no ha hecho más que agravar la situación de los miles de habitantes de los barrios más humildes.
Actualmente son más de 5000 los procesados por luchar. El bloque de diputados oficialista promueve la sanción de una ley contra las manifestaciones, que fue reclamada por Cristina Fernández en el Congreso y aplaudida a rabiar por el bloque macrista.
El proyecto de ley contra la criminalización de la protesta, promovido por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia y presentado a la Cámara de Diputados con la firma de más de 20 legisladores, permanece ignorado por el oficialismo y por la mayoría de la supuesta oposición. Rechazamos la pretensión de la diputada Diana Conti de canjear el apoyo a la ley que persigue las manifestaciones por una amnistía fraudulenta.
Reclamamos el cierre de las causas, la anulación de las condenas y la libertad de los presos políticos de Corral de Bustos, de los compañeros Fernando Esteche y Raúl “Boli” Lescano, de los cinco hermanos wichí de la provincia de Formosa y de los cinco compañeros de Ate Rio Gallegos arbitrariamente detenidos desde octubre del año pasado.
Desde este acto, exigimos una vez más la absolución de los compañeros de Las Heras, condenados a prisión perpetua al término de un juicio infame.
Las denuncias del fiscal contra los compañeros de la comisión interna de Lear y de dirigentes políticos solidarios con su lucha, el procesamiento de los delegados de Emfer-Tatsa, los pedidos de desalojo contra la ocupación de Donnelley y la gestión cooperativa del Bauen son expresiones de la judicialización de la protesta social.
La militarización de los conflictos obreros tiene otro punto de apoyo en el accionar de las patotas de la burocracia sindical. Las provocaciones de Pignanelli contra los trabajadores de Lear son las mismas que utilizaron Pedraza y sus matones contra los trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca y que finalmente derivaron en el crimen de Mariano Ferreyra. El gobierno nacional utiliza ante cada conflicto a estos verdugos de los trabajadores para tratar de frenar el surgimiento de cientos de jóvenes dirigentes que se organizan democráticamente para reclamar por sus derechos enfrentando a sus patrones aliados con la burocracia sindical.
Como castigo por su participación en el paro nacional del 28 de agosto, Randazzo, en sociedad con los jerarcas de la Unión Ferroviaria, impulsa el desafuero de los delegados de la línea Sarmiento y sanciones a los activistas del Mitre.
La presencia de la patota del Smata en la tribuna del Congreso para insultar a los diputados de la izquierda –con la complicidad del presidente de la Cámara, Julián Domínguez- confirma que estas bandas están hoy al servicio del gobierno nacional. Las amenazas de sanciones y expulsiones en las legislaturas provinciales contra los diputados de la izquierda se inscriben como otra variante de represión política.
Por eso decimos: basta de ajuste, despidos y suspensiones. Reincorporación ya de todos los despedidos.
Basta de represión, muertes y patotas. Cierre de las causas y anulación de las condenas contra los luchadores. Libertad a los presos políticos. Fuera Berni.
Hoy, el gobierno nacional pretende apropiarse del prestigio y los recursos del Banco Nacional de Datos Genéticos para ponerlo al servicio de un negociado con los laboratorios privados de la medicina genómica. Este Banco fue clave en la identificación de la mayoría de los 115 nietos recuperados.
Por otra parte, al limitar la competencia del Banco a los casos de lesa humanidad anteriores al 10 de diciembre de 1983, quedan desprotegidas miles de personas que buscan su identidad y los más de 200 casos de desapariciones posteriores al 83, como Miguel Bru, Luciano Arruga, Daniel Solano en río Negro y, por supuesto, Julio López.
Por eso decimos: No a la privatización del Banco Nacional de Datos Genéticos, acceso universal al derecho a la identidad!!!!
En defensa de la memoria, nos oponemos a transformar los Centros Clandestinos de Detención en lugares de recreación, porque las generaciones que nos siguen deben saber que allí se torturó a hombres, mujeres y hasta niños, para lograr imponer en nuestro país un orden político y económico en contra de las mayorías populares.
El gobierno nacional se adueñó de los sitios de memoria de la ciudad de Buenos Aires, después de haber logrado, en alianza con el macrismo , la disolución del Instituto Espacio para la Memoria. Y ahora el Secretario de Derechos Humanos, Miguel Ángel Fresneda,ha decidido que el Servicio Penitenciario Federal sea el encargado de la custodia de los Ex Centros Clandestinos de Detención de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante años participamos y acompañamos las luchas populares por la señalización de estos sitios, por la expulsión de las fuerzas represivas de los mismos, por la construcción de proyectos de memoria que recuperen las historias de vida de nuestros compañeros desaparecidos y que denuncien las violaciones a los derechos humanos de ayer y de hoy.
Estos hechos no hacen más que seguir desvirtuando la memoria de lo ocurrido durante la dictadura militar y apuntalan los proyectos de reconciliación con las fuerzas represivas que se pretende llevar adelante desde el gobierno nacional, de la mano del genocida Milani.
Compañeros y compañeros
El testimonio de Julio no solo sirvió para que Etchecolatz fuera condenado por genocida, sino que es parte de la construcción de una memoria y una historia que, además de poner al desnudo la crueldad y brutalidad del poder, rescata las luchas, las banderas y los objetivos por los que lucharon los 30000 compañeros detenidos desaparecidos: un país sin opresión, sin explotación, sin injusticia, sin represión.
En este 18 de septiembre reafirmamos:
No olvidamos a Julio y por eso con su presencia y su ausencia , estamos en esta plaza exigiendo justicia por su desaparición.
No olvidamos el compromiso de Julio con sus compañeros de ayer y tampoco olvidamos nuestro compromiso con los que luchan hoy.
No olvidamos que el proyecto genocida vino a terminar con una generación de luchadores que quería construir un país sin opresión y sin explotación.
No perdonamos a los genocidas y sus cómplices que siguen gozando de libertad y de impunidad y que están hoy al servicio de la represión contra el pueblo.
No nos reconciliamos con nuestros verdugos de ayer, ni tampoco con nuestros verdugos de hoy.
NO OLVIDAMOS-NO PERDONAMOS-NO NOS RECONCILIAMOS
APARICIÓN CON VIDA YA DE JULIO LÓPEZ
BASTA DE ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD
FUERA MILANI-FUERA BERNI
BASTA DE REPRESIÓN A LOS QUE LUCHAN
COMPAÑERO JULIO LÓPEZ ¡PRESENTE!
*30.000 COMPAÑEROS DESAPARECIDOS PRESENTE!!! *