Carta Modelo

A los poderes públicos de la República del Paraguay

Exigimos la libertad de los campesinos apresados por razones políticas

Agustín Acosta González, Simeón Bordón Salinas, Basiliano Cardozo Giménez, Gustavo Lezcano Espínola, Roque Rodríguez Torales y Arístides Luciano Vera Silguero, dirigentes campesinos, fueron algunos de los imputados, falsamente, por el secuestro y muerte de Cecilia Cubas Gusinsky. Todos ellos a excepción de Roque Rodríguez, dirigente máximo del Movimiento Agrario y Popular, pertenecían al Partido Patria Libre, organización a la que la Fiscalía Antisecuestro atribuyó el crimen de Cecilia Cubas.
El juez de Garantías Pedro Mayor Martínez nunca consideró pertinente su detención dado que ni la fiscalía y la querella reunieron pruebas contra los seis y construyeron la acusación contra los mismos solamente con el testimonio, sumamente controvertido y contradictorio, de un informante policial. En noviembre de 2005 la fiscalía, sin un mínimo criterio de objetividad, que caracterizaría todo su accionar en la causa, solicitó el cambio de acusación que pesaba contra ellos de “Omisión de aviso de hecho punible” por el de “Secuestro, homicidio doloso y asociación criminal”. Este cambio de carátula fue convalidado por el Tribunal de Apelación a pesar de que la fiscalía no había agregado elementos que lo justificaran.
Ante esta decisión judicial, enmarcada en una abierta persecución política a la organización política que integraban los campesinos, declarada inclusive por el entonces presidente de la República Nicanor Duarte Frutos, los seis campesinos solicitaron refugio político en la Argentina.
Ya en la República Argentina en plena gestión de refugio, en mayo de 2006 fueron detenidos en virtud a una orden de detención internacional solicitada por las autoridades judiciales del Paraguay. Dos años y 7 meses después fueron extraditados al Paraguay.
En Paraguay, el Ministerio Público y el Poder Judicial han sometido a estos campesinos a innumerables arbitrariedades que atentan contra el Estado de Derecho, que muestran el carácter político de la persecución judicial a la que fueron sometidos y evidente ensañamiento: violación del derecho a la defensa, violación del principio de legalidad (juicio previo) y la presunción de inocencia, violación de las garantías del debido proceso, violación al derecho a la libertad en el abuso de la prisión preventiva, violación al derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
En julio del 2012 fueron condenados en primera instancia, con todas las vulneraciones de derechos mencionadas a 35 años de prisión, sin que el Tribunal haya establecido relación entre los hechos y las acusaciones a los imputados. Esta condena aún no está firme, ya que se encuentra apelada por las defensas de los campesinos sin resolución definitiva.
En este momento, estos compañeros se encuentran privados de libertad sin sentencia firme hace ya OCHO AÑOS Y CUATRO MESES, violando la legislación paraguaya que establece que el máximo que pueden estar detenidos preventivamente es de CINCO AÑOS. Inclusive, si la justicia paraguaya sigue desconociendo el tiempo de privación de libertad en la República Argentina, los mismos ya han superado el tiempo mínimo, puesto que actualmente se encuentran privados de libertad en Paraguay hace CINCO AÑOS Y 7 MESES, sin que ningún tribunal revea la prisión preventiva de los mismos.
Como luchadores y luchadoras por los Derechos Humanos, manifestamos nuestra gran preocupación por todos los hechos mencionados y exigimos la inmediata liberación de todos los acusados, a quienes consideramos presos políticos.