La causa judicial por la Masacre de Curuguaty es una causa infame y paradigmática: infame, porque es un gran armado para justificar la violencia crónica sobre el campesinado paraguayo, para garantizar la impunidad de los dueños de la tierra y el poder en el Paraguay, para condenar la lucha campesina y seguir beneficiando a los terratenientes en la compulsa por la tenencia de la tierra. Paradigmática porque reúne en un solo caso todas las formas de atropello, abuso, desprecio e irracionalidad con que la Justicia paraguaya habitualmente trata a los pobres de su país, mientras protege y brinda impunidad a los poderosos.
En esa causa, originada en la masacre de 2012, todos los presos y procesados son sobrevivientes a la balacera inicial del desalojo de las tierras llamadas Marina Kue, y a las ejecuciones posteriores.

Rubén Villalba dirigió la ocupación de tierras junto a Avelino Espínola, quien fue asesinado durante el desalojo de junio de 2012. Milagrosamente, Rubén sobrevivió a la masacre con solamente la marca del roce de una bala de fusil Galil en su cabeza.

Preso desde octubre de 2013, Rubén es un hombre de acción: ya que no puede luchar en su tierra, lucha en la cárcel. Dos huelgas de hambre le costaron en su propio cuerpo conseguir la prisión domiciliaria de sus compañeros de causa. En la primera, junto a los demás huelguistas consiguieron el beneficio para nueve compañeros, entre ellos dos compañeras embarazadas. En la segunda el beneficio se extendió a los cinco procesados que se encontraban aún en prisión, entre ellos él mismo. Fue apenas terminada la Semana Santa de 2014.

Sin embargo la Justicia paraguaya seguiría mostrando su ferocidad y a pesar de la conmovedora campaña de apoyo de las organizaciones populares y la repercusión internacional del caso, sacó del cajón una antigua causa archivada y valiéndose de ella, lo devolvió al penal de Tacumbú.

La causa rescatada de un cajón:

En el año 2008 la comunidad de Colonia Pindó, Yasy Cañy, departamento de Canindeyú, se organizó para resistir cuando su vecino, un empresario del agronegocio se dispuso a hacer fumigar sus plantaciones de soja transgénica. El empresario realizó una denuncia penal y una comitiva fiscal se presentó en el lugar.

Siempre según la acusación, impulsada por la fiscal Ninfa Aguilar, los campesinos rodearon a la comitiva y obligaron a los funcionarios judiciales y al empresario, que se encontraba junto a ellos, a abandonar la zona.
A raíz de esos hechos se instruyó en su momento una causa en la que en principio Rubén Villalba no fue procesado y que no tuvo movimiento alguno hasta que, en abril de 2014 la jueza Janine Ríos solicitó la prosecución del proceso. El 15 de abril de 2014, el día en que la “Justicia” le concedió la prisión domiciliaria junto a los demás presos del caso Curuguaty, el juez Carlos Goiburú pidió la detención de Rubén Villalba en el caso Pindó, cambiando para ello la acusación. Rubén fue así devuelto a prisión, tras haber levantado su segunda huelga de hambre que había durado 55 días.

La defensa de Rubén pidió en vano la caducidad del proceso; se la negaron. Contra todo procedimiento, la causa prosiguió y fue elevada a juicio. Luego de ello, se solicitó el levantamiento de prisión preventiva. También fue denegado.

En febrero de 2015 se realizó un corto juicio oral en el cual aparecieron sorpresivamente testigos y pruebas que jamás habían sido aportados durante el proceso judicial y que afirmaron la nueva versión de los hechos del fiscal Néstor Cañete: Rubén Villalba había encabezado en Pindó una acción por la cual secuestró a la comitiva fiscal y agredió con armas de fuego a algunos de los agentes fiscales. Extrañamente esa versión de los hechos nunca había sido presentada desde 2008.
Al Tribunal, que permitió la incorporación de las “nuevas pruebas” a último momento, poco le importó la nula coherencia de los relatos. Condenó en minutos a Rubén a siete años de prisión.

La condena, que mereció el repudio de diversos sectores de la sociedad paraguaya, es un dato preocupante acerca del tratamiento que recibirán los ya maltratados presos y procesados por la Masacre de Curuguaty. Confirma el carácter político de la causa judicial en su contra y el papel abiertamente parcial de los magistrados que intervienen en todos los casos.