En marzo pasado, el marco de las actividades habituales de control y monitoreo, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) inspeccionó la Subcomisaría de Domselaar y constató, a partir del Libro de detenidos, la realización en los meses previos de reiteradas detenciones de niños, niñas y adolescentes. Detenciones ilegales e irregulares que contradecían las garantías otorgadas por la Constitución Nacional y el Sistema de Protección integral de Derechos y del Sistema penal Juvenil.

Sólo en el período 2015-2016, en la Subcomisaría de Domselaar, hubo 74 detenciones de menores de 18 años, de las cuales el 36% eran mujeres, en una dependencia donde existe una sola celda. Pero si se toma en cuenta el total de la información relevada, a partir de los libros de detenidos de las distintas dependencias policiales de San Vicente, se constataron más de 350 detenciones.

Estas cifras ponen nuevamente de relieve que, a pesar de la expresa prohibición de detener a niñas, niños y adolescentes en espacios policiales, en la actualidad se constata que el de alojamiento –aún momentáneo o provisional– en comisarías es una práctica naturalizada que, a su vez, no respeta los controles de legalidad judicial y de los operadores destinados a garantizar el interés superior del niño.

Ante esta grave situación que afectaba la libertad y las garantías de niños, niñas y adolescentes, y que los dejaba en una situación de gran vulnerabilidad, la Comisión Provincial por la Memoria presentó en su momento un habeas corpus solicitando el cese de las detenciones arbitrarias e ilegales y del traslado a sede policial de niños, niñas y adolescentes.

En el marco de esta presentación, el Juzgado de Garantías del Joven N 2, a cargo de Fabián Cacivio, convocó a una audiencia que se realizó ayer y contó con la presencia de representantes del Ministerio de Seguridad, el organismo de niñez, el servicio local de protección y promoción de derechos, el Jefe de la Departamental San Vicente y titulares de distintas comisarías.

La CPM presentó la información obtenida de los libros de las distintas dependencias de la departamental San Vicente, en la que se constató la realización de detenciones de niños de entre 8 y 17 años por figuras ilegales y arbitrarias tales como entrega de menor, averiguación de identidad aplicación del código de faltas, entre otras. Es decir, hechos que revisten una doble gravedad tanto por la ilegalidad de las detenciones sostenidas en figuras arbitrarias como por el alojamiento en comisarías, a pesar de estar expresamente prohibido.

En ese sentido, todas las autoridades presentes en la audiencia reconocieron la existencia de las detenciones denunciadas en el habeas corpus y las falencias en la intervención de los dispositivos de promoción y protección de niñez. En función de este diagnóstico ampliamente documentado, el jefe de la departamental y los representantes del ministerio de seguridad se comprometieron a impartir directivas específicas para que se dejen de realizar estas detenciones. Mientras que desde el organismo de niñez y el servicio local, si bien reconocieron la falta de recursos, también se comprometieron a generar intervenciones asistenciales vinculadas a la promoción y protección de derechos.

Lamentablemente, la situación en la departamental de San Vicente no es un caso aislado, forma parte de un sistema penal que ha naturalizado la persecución de los jóvenes, su traslado a comisarías y el cercenamiento de los derechos y garantías de la niñez y adolescencia. Por ese motivo, la Comisión Provincial por la Memoria vuelve a sostener que, más allá de las declaraciones de rigor de los funcionarios, es indispensable tomar medidas urgentes que reviertan estas graves violaciones a los derechos humanos.