El próximo 22 de Junio se dará formal inicio en Asunción, Paraguay, al juicio oral en la causa conocida como “Caso Curuguaty” o la Masacre de Marina Kue. Lejos de ser “por la masacre” este es un juicio contra las víctimas sobrevivientes de la más sangrienta represión a la lucha por la tierra que se haya llevado adelante en el Paraguay postdictadura.

Dadas las numerosas irregularidades cometidas en la causa judicial, un conjunto de organizaciones y personalidades paraguayas lanzaron el 4 de junio la campaña “Somos observadores de Curuguaty”, a través de la cual buscan garantizar transparencia en el proceso y un trato justo para los acusados, todos ellos campesinos pobres. Trece campesinos son los que enfrentarán el juicio por figuras gravísimas tales como “homicidio tentado”, “invasión de inmueble ajeno” y “asociación criminal”.

El 15 de Junio de 2012 un enorme operativo judicial policial se lanzó contra el campamento campesino que ocupaba las tierras conocidas como “Marina Kue”, del distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú. Poco más de cuarenta campesinos, entre ellos mujeres, niños y ancianos, fueron atropellados por más de 300 efectivos del Grupo de Operaciones Especiales y de los cuerpos de elite de la Policía Nacional. Armados de palos y algunas pocas armas precarias, un exiguo cordón de campesinos intentó dialogar con el Jefe del Operativo. Fue en vano. En pocos minutos se desató una balacera que provocó una verdadera masacre. El resultado atroz es el de once campesinos y seis policías asesinados.

La policía ocupó el lugar mientras los campesinos, muchos de ellos heridos, eran capturados, torturados y varios de ellos, fusilados.

La masacre conmocionó el escenario político paraguayo y tuvo como consecuencia casi inmediata el juicio de destitución del entonces presidente Fernando Lugo.

La Fiscalía de Curuguaty -que había solicitado el operativo – quedó a cargo de la investigación de lo sucedido durante el mismo. Nunca investigó lo sucedido durante el procedimiento y hay numerosas pruebas producidas de manera independiente que demuestran que ocultó elementos encontrados en el lugar y que omitió realizar pericias fundamentales para la reconstrucción de los hechos.

En sólo dos días presentó una acusación en base a la cual se llevó adelante la causa judicial, solamente por la muerte de los seis policías, sin explicar cómo se produjeron. No hay acusación por la muerte de los once campesinos.

Todos los acusados son los campesinos que fueron víctimas de la masacre. Fundado en esta deliberada injusticia, el proceso acumula nulidades e irregularidades insalvables.

Temores fundados: el por qué de la campaña “Somos Observadores de Curuguaty”

El proceso judicial contra los campesinos que se encuentran detenidos en el caso es objeto de numerosos cuestionamientos por parte de organizaciones paraguayas y extranjeras. Por caso, la ONU exigió públicamente al Estado paraguayo que se realice una investigación acerca de la matanza dado que las muertes ocurridas en el procedimiento nunca fueron investigadas. Otras organizaciones como Amnistía Internacional hicieron el mismo reclamo, que se suma a los reiterados pedidos de organizaciones paraguayas.

En abril de 2014, en medio de una huelga de hambre llevada adelante por los campesinos presos en la causa, el Fiscal General Díaz Verón admitió públicamente que no se hará ninguna investigación acerca de las torturas a que fueron sometidos los sobrevivientes de la masacre de Marina Kué y que tampoco se investigarán las ejecuciones de campesinos en el lugar. Asimismo la muerte de los policías tampoco fue investigada; el Fiscal Jalil Rachid simplemente aseguró que fueron asesinados por los campesinos pero que no podía determinarse quién mató a quién porque “eso no se puede saber…”.

Asimismo y como cuestión fundamental, la justicia paraguaya omite expedirse sobre la titularidad de las tierras en las que sucedieron los hechos: los campesinos siempre sostuvieron que se trata de tierras públicas que debían ser destinadas a la reforma agraria, y que están siendo usurpadas por la firma Campos Morombi S.A., del fallecido empresario y político colorado Blas N. Riquelme.

El caso Curuguaty es la demostración más dramática de cómo el Estado paraguayo reprime al campesinado pobre para proteger a la clase mafiosa terrateniente que usurpa las tierras públicas. La justicia de Curuguaty, que llevará adelante el juicio, está implicada en una larga cadena de irregularidades que permiten aún hoy a Campos Morombi S.A. continuar actuando como si las tierras de Marina Kue le pertenecieran.

Estos antecedentes y las numerosas irregularidades procesales durante la instrucción de la causa son los motivos de la campaña “Somos observadores de Curuguaty”.

La campaña:
En la página http://www.somosobservadores.org/ las organizaciones que impulsan esta iniciativa explican de manera directa y sencilla el por qué y las características de esta campaña: “…Somos observadores de Curuguaty es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente sobre el desarrollo del juicio oral y público a campesinas y campesinos procesados por el caso Curuguaty, a fin de exigir garantías de transparencia e imparcialidad del proceso y justicia plena en sus resultados…”

En la página se puede encontrar información acerca de cómo ser observador/a, cómo colaborar con la campaña, cómo asistir al juicio. También se encuentran disponibles materiales para compartir en redes sociales o en medios de comunicación.

La campaña intenta evitar lo que llaman una condena cantada, que castigará de manera ejemplar la lucha campesina por la tierra y garantizará la impunidad de los responsables políticos y materiales de la masacre.

Cecilia Rodrigues es cronista de Revista Superficie, editora de la sección “Derechos humanos”