Diego Maldonado estaba detenido en la Comisaría Primera de Quilmes a la espera de una vacante en una clínica de rehabilitación para adicciones. Elías Giménez iba a recuperar su libertad al día siguiente; su salida se demoró por un error burocrático, una causa en que se imputaba a un homónimo. Manuel Figueroa esperaba ser trasladado a una comunidad terapéutica. Miguel Aranda tenía un hijo de dos años que no vio crecer. Walter, Edgardo y David son sobrevivientes. Todos ellos tenían menos de 18 años. Todos ellos estaban detenidos en condiciones agraviantes e inhumanas. Todos ellos sufrían sistemáticamente torturas. El 20 de octubre de 2004, se produjo un incendio en el calabozo a raíz del cual murieron Elías, Diego, Miguel y Manuel; por acción u omisión, el fuego no fue sofocado en forma inmediata. El auxilio y un protocolo de evacuación hubieran impedido este desenlace.
En el tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de Quilmes, integrado por Alicia Anache, Armando Topalián y Alejandro Portunato, se realizará el próximo lunes la primera audiencia del juicio que investiga las responsabilidades de los efectivos policiales por los hechos ocurridos en la Comisaría Primera. El ex comisario a cargo de la departamental, Juan Pedro Soria, deberá responder por el delito de estrago culposo seguido de muerte y por omisión de evitar tormentos; Gustavo Altamirano, Jorge Gómez, Franco Góngora, Elizabeth Grosso y Basilio Vujovich están acusados de apremios ilegales, y Fernando Pedreira, Humberto Avila, Juan Carlos Guzmán y Hugo D’Elía se encuentran imputados por apremios ilegales reiterados en concurso real con tormentos.
“Después de 11 años, llegamos a esta instancia por la entereza y la lucha de los familiares”, dijo el Dr. Fabio Riu durante una reunión que se realizó esta tarde con víctimas y familiares de la tragedia de Quilmes. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) también participó del encuentro y expresó su preocupación por las demoras y dilaciones en la justicia cuando se trata de investigar delitos cometidos por las fuerzas de seguridad.
En el Informe Anual 2006, la CPM ya había denunciado este hecho en el marco de las graves condiciones de encierro, violatorias de todos los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional y pactos internacionales. Desde entonces acompañó y asesoró a las familias para garantizar el efectivo acceso a la justicia. Por tal motivo, la CPM se presentará en el juicio como veedora de las instancias judiciales y llevará un registro audiovisual de las audiencias.