El primer punto del veredicto reconoció que el secuestro, desaparición y asesinato de Ana María Martínez constituyeron crímenes de lesa humanidad, una demanda que la Comisión de familiares, compañeros y amigos de Ana María Martínez exigió a la justicia durante casi tres décadas y que hoy fue confirmada por el TOF N 5 de San Martín.

Por ese motivo, el fallo desestimó los planteos de prescripción de la acción penal y los pedidos de inconstitucionalidad realizados por las defensas de los imputados, y finalmente atendió las penas en base a los delitos probados en el juicio: tanto Norberto Apa como Raúl Guillermo Pascual Muñoz fueron condenados a prisión perpetua por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por dos o más personas y con alevosía.

Para la CPM, el veredicto resulta un gran avance en la búsqueda de justicia no sólo porque reconoce la responsabilidad de los imputados y el carácter de lesa humanidad de los delitos ventilados sino además porque avanza en el juzgamiento de los altos mandos de los aparatos de inteligencia (en este caso el Destacamento 201 de Campo de Mayo) que coordinaron y decidieron los listados de personas a ser perseguidas y que luego resultarían víctimas de secuestros, torturas, homicidios o desapariciones.

El reconocimiento de las acciones de inteligencia como parte constitutiva del terrorismo de estado es una batalla que la CPM viene dando desde hace años. En este sentido, resulta también importante este fallo. En el mismo período en que se prueba la acción de inteligencia de la delegación San Martín DIPPBA sobre los militantes del PST y Ana María Martínez, también prestaba funciones como agente de inteligencia el actual fiscal general de Mar del Plata Fabián Fernández Garello, quien ha sido denunciado por la CPM.

Está probado además que en 1981 Fernández Garello ocupó un lugar clave en las acciones de inteligencia sobre un grupo de militantes del PC. Finalmente, quien comando las tareas de secuestro de estos militantes fue Jorge Norbeto Apa, que ahora es condenado por el crimen de Ana María Martínez.

Tanto Apa como Fernández Garello tienen un proceso penal abierto en el juzgado de San Martín a cargo de la Dra Alicia Vence por su participación en estas acciones de inteligencia que además implicaron secuestros y torturas de las víctimas. En los próximos días la magistrada deberá expedirse sobre su procesamiento.

“Esto es un sueño, compañeras, compañeros… las cosas increíbles que hemos hecho durante tantos años para el avance de esta causa frente a la inacción de la justicia. Finalmente llegamos hasta aquí y Ana María Martínez, esté donde esté, podrá decir todo lo que hicieron estos locos”, dijo emocionada y exultante Carmen Metrovich, cuñada de Ana María y referente de las luchas por los derechos humanos de la zona norte bonaerense.

“Quiero agradecer a los abogados de la querella y a los de las secretarías de Derechos Humanos de Nación y Provincia; a los que acompañaron y sostuvieron este juicio; y especialmente a la Comisión Provincial por la Memoria que nos aportó un documento fundamental para la identificación de los imputados en las acciones de inteligencia que posibilitaron y derivaron en el crimen de Ana María”, agregó al finalizar el juicio.

El documento aludido describe una extensa operación de inteligencia que ejecutó la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) y coordinó el Destacamento 201 de Inteligencia desde casi un año antes del hallazgo sin vida del cuerpo de la víctima.

Se trata del legajo 17949 de la Mesa DS (delincuentes subversivos) del archivo de la DIPPBA que aportara a la causa la CPM, que preserva y gestiona ese acervo documental.

Titulado “Trabajo de Infiltración en PST”, el jefe de la Delegación de San Martín informa a su superioridad sobre el minucioso seguimiento de “Rosalía” –alias de Ana María Martínez- y otros compañeros suyos del PST, y fue realizado desde mediados de marzo hasta fines de 1981 a través de dos agentes de la Delegación DIPPBA de San Martín que se infiltraron en la organización del partido.

El oficial Peters, uno de los infiltrados, fue el autor del legajo presentado por la CPM a la causa; allí, mientras enumera las reuniones y encuentros con sus presuntos compañeros militantes, destaca “la colaboración del señor teniente coronel Apa, Jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, quien facilitó un furgón desde el que se obtuvieron fotografías de quienes concurrieron al bar, siendo de especial interés la perteneciente a la NN Rosalía (seudónimo de Ana María Martínez)”. Esta foto fue adjuntada al legajo que relata la infiltración.

Los documentos de la DIPPBA demuestran, tal como venimos sosteniendo desde la CPM, que la inteligencia fue terrorismo de estado. Por eso, resulta imprescindible que la justicia avance sobre la investigación y condena a los responsables de estos crímenes.