La Comisaría 3ª de Esteban Echeverría está clausurada por una orden del juzgado de Garantías 2 de Lomas de Zamora con sede en Monte Grande. En esa misma resolución, la justicia le exigió al Ministerio de Seguridad de la Provincia que desalojara de manera urgente los calabozos y trasladara a las personas allí detenidas. Incluso el propio Ministerio de Seguridad había dictado en 2012 la resolución 268 que clausuraba esos calabozos.

El 3 de marzo de 2018 el juzgado notificó al ministro de Seguridad, al ministro de Justicia, a la Corte Provincial y a la propia Gobernadora la clausura y la orden de no alojar personas en esa dependencia. Ninguno de los funcionarios dio respuestas a la grave situación.

Sin embargo, pese a esta orden judicial, anoche había 26 personas detenidas en un espacio que -según la policía – sólo podía alojar 10 personas que se encontraban en las en las peores condiciones estructurales. En ese contexto, en la madrugada de ayer se produjo un incendio en el que fallecieron cuatro jóvenes y otros resultaron heridos.

Este hecho se suma al ocurrido en marzo de 2017 cuando 7 jóvenes murieron en lo que se conoció como la masacre de Pergamino. Luego de esto la CPM solicitó la intervención de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires que solo se limitó a realizar actuaciones formales y muy poco efectivas para revertir esta situación. Pese a contar con todos los elementos que mostraban gravedad y peligro inminente, la intervención del máximo tribunal provincial fue inocua.

También en el mes de octubre la CPM había denunciado específicamente la grave situación de esta comisaría al Comité de Seguimiento Permanente Departamental de Lomas de Zamora coordinado por la Cámara de Apelaciones de dicho departamento judicial.

La CPM repudia esta nueva masacre y responsabiliza por lo sucedido al Poder Ejecutivo provincial y a la Suprema Corte Bonaerense. Las advertencias sobre las condiciones inhumanas en que se encuentran los lugares de encierro en la Provincia que nuestro organismo viene realizando, y el reconocimiento que estas denuncias han tenido en ámbitos judiciales de nuestro país -incluida la propia Corte y organismos internacionales -, le otorgan más gravedad a lo sucedido.

No se trata ya de un hecho aislado o de un accidente inesperado. Es una masacre de la que el Estado es su máximo responsable, porque se inscribe en una larga secuencia de políticas que no hacen sino agravarla. Una nueva masacre de personas que aún no habían sido condenadas por la justicia, ya que se encontraban procesadas.

La cantidad de personas detenidas en comisarías de la provincia de Buenos Aires creció un 14% en el último año y acumula un 93% desde diciembre de 2015. Actualmente se encuentran sobrepobladas en un 246%: con espacio para 1.000 personas, alojan a 3.500.

Esto ocurre en un marco general de incremento del encarcelamiento como principal política de seguridad: las personas detenidas en cárceles, alcaidías y comisarías superan récords mensualmente: llegan a 47.000 y represen una tasa de 272 personas detenidas cada 100.000 habitantes.

Durante la gestión del ministro Ritondo en la cartera de Seguridad ya hubo 11 jóvenes muertos bajo custodia del Estado en las comisarías.

Según el informe presentado este año por la CPM, en territorio bonaerense hay 252 comisarías inhabilitadas (el 55% del total), de las cuales 109 siguen siendo utilizadas para alojar detenidos. La comisaría 3ª de Echeverría tenía hasta hoy el doble de personas detenidas que el año anterior.

Mientras las denuncia de nuestro organismo crecen año a año como producto del monitoreo sistemático de lugares de encierro y se agrava el deterioro, abandono y falta de atención por parte de las instituciones del Estado, la única respuesta es el silencio y la inacción de la Justicia y un ministro que públicamente promueve el hacinamiento como política de seguridad.

La CPM exige una investigación urgente de lo sucedido y la intervención de todos los poderes del Estado para revertir el deterioro en que se encuentran los lugares de encierro. Para que haya justicia por Jorge Luis Ramírez, Eduardo Rogelio Ocampo, Jeremías Aron Rodríguez y Juan Bautista Lavarda, y para que el Estado no siga perpetrando una política de seguridad asentada en la vulneración sistemática de los derechos humanos.