El 20 de mayo, en la masacre de San Miguel del Monte los asesinos nos arrebataron la vida de Camila, Aníbal, Gonzalo y Danilo y dejaron muy mal herida a Rocío. Con el cinismo que lo caracteriza el gobierno intentó desligarse del resultado lógico de oficializar el gatillo fácil como política de Estado.

La rápida reacción de vecinos y familiares al recolectar las pruebas y sortear las amenazas dejó en evidencia el funcionamiento inmediato de la maquinaria de impunidad del Estado y de los grandes medios de des-información para construir como verdad la versión-coartada de los asesinos, que fue desnudada por las acciones de denuncia y solidaridad, como la movilización del 24 de mayo organizada en diferentes puntos del país por familiares que coordinamos en la Marcha Nacional.

Se hizo evidente el combo que rodea todo caso de gatillo fácil: modificación de la escena del crimen, ocultamiento y destrucción de pruebas; cobertura de los asesinos por pares y funcionarios políticos y judiciales; versión de los medios, pistas falsas, y amenazas (muchas veces concretadas) a testigos y familiares.

Contra esa armado y en absoluta disparidad de fuerzas y recursos es que batallamos. Y en ese marco el Estado apuesta al desgaste, a la falta de recursos y al paso del tiempo para consagrar la impunidad. Sabemos que sin la movilización, María Viera –mamá de Fabián Gorosito– no hubiese enjuiciado a los 12 policías, absueltos por segunda vez por el crimen de Fabián, pero esta vez 5 de ellos condenados por privación ilegal de la libertad y torturas a tres amigos de Fabián. El comisario Héctor Amarilla, asesino de Nicolás Vázquez seguiría prófugo ni hubiesen condenado a 7 policías por la desaparición de Daniel Solano, ni habría fecha de inicio del juicio (en septiembre) contra 7 policías de la Masacre de Pergamino.

Pero aún cuando le arrancamos condenas, siguen libres como el sargento Oscar Ayunta, sentenciado a 12 años de prisión –confirmada en tres instancias– por el fusilamiento de Cristopher Torres. Y muchas veces son irrisorias, como por el fusilamiento de Ivan Mafud: una condena a 4 años por “homicidio en exceso del deber” y los otros once fueron absueltos.

El asesinato de nuestros pibes no es producto del mal funcionamiento de las instituciones sino de la represión estatal necesaria en una sociedad dividida en clases; por eso no sólo peleamos por la sentencia sino también por la conciencia.

Durante todo este año continuaron las represiones en las manifestaciones populares contra las políticas del gobierno. La misma respuesta obtuvieron los trabajadores: MadyGraf, Femsa, Feriantes de San Telmo, ATE, Telám, Feriazo de Constitución-UTT. Ello dio lugar a la persecución a militantes sociales y políticos través de la judicialización y el uso indiscriminado de la prisión preventiva al igual que a las clases más vulnerables violando las mismas garantías procesales de las que sí gozan los privilegiados del poder, las clases más favorecidas y las fuerzas de seguridad cuando se encuentran procesados. La represión a los pueblos mapuches es la reedición de esta nueva conquista del desierto que persigue, asesina y criminaliza a los distintos pueblos originarios que habitan en nuestro país expulsándolos de sus propias tierras o negándoles su derecho a recuperar su identidad. Y en ese camino dejan libre al prefecto Francisco Javier Pintos al asesino de Rafael Nahuel.

En mayo pasado aprobaron el protocolo para el uso de las pistolas tasér, mal llamadas no letales porque ya se saben que matan. Y profundizando la explícita defensa del accionar del policía Chocobar que tiró a matar por la espalda a Juan Pablo Kukoc, el Gobierno avanzó con dos fallos judiciales en la legitimación del protocolo que autoriza a las fuerzas represivas a disparar a “sospechosos” sin necesidad de que posean armas reales, cuando consideren que “huyen” de un presunto delito o que hay alta probabilidad de que provoquen daños a terceros. Por eso la ministra Patricia Bullrich festejó la absolución de la oficial Carla Céspedes que mató por la espalda a Ariel Santos en 2016, reafirmando con claridad que el gatillo fácil es política de Estado.

Hay registrados más de 6.500 casos de asesinatos por gatillo fácil, torturas seguidas de muerte en cárceles y comisarías y desapariciones, desde 1983 y con gobiernos nacionales, provinciales y municipales de distinto color político.

Hoy nos matan un pibe cada 21 horas. No son casos aislados, basta nombrar que en noviembre en la comisaría 3° de Ezeiza, cometieron una nueva masacre, similar a la de Pergamino, asesinando ésta vez a 11 personas detenidas por hechos menores y un día antes de la masacre de Monte fusilaron a Diego Cagliero y 48hs. después a Maximiliano Rosasco de 15 balazos y a Jimena Gramajo. Y el 18 de Junio fusilaron a Silvia Maldonado en Santiago del Estero, menor de edad y madre de un bebé de un año y otro de un mes; díez días después a Matías Alderete en la Matanza y el 5 de Julio a Ariel Espada que aún pelea por su vida.

Estas formas de represión son ejercidas de manera sistemática a lo largo y a lo ancho del país y dirigidas fundamentalmente a los jóvenes de los barrios más humildes; donde se suceden impunemente, además de asesinatos policiales, múltiples violencias: redes de trata –como confirmó el reciente hallazgo del cuerpo de Johanna Ramallo, desaparecida en 2017–, femicidios, travesticidios, o el impulso de acciones lesbofóbicas como la que originó la prisión de Higui.

El consumo problemático de drogas de parte de la juventud de los barrios es utilizado por el Estado para ejercer parte del control social. Por un lado, nos niegan el derecho a la asistencia ante esa situación de salud y por otro lado usufructúan el manejo de la caja del narcotráfico. La mafia policial-judicial es parte del problema y no de la solución.

Desde que llegó al gobierno de Cambiemos tuvo la política intensificar la represión de la clase trabajadora. Las reformas de las leyes 12.256 y 24.660 arrebataron casi todos los derechos a los privados de libertad, e intentaron bajar la edad de imputabilidad. A eso responde la intención de reformar el Código Penal para librar de responsabilidad a los policías que matan a nuestros pibes, devolver a los milicos a las calles para colaborar con las fuerzas de inseguridad y que juntos aumenten los niveles de represión a los que nos someten bajo la excusa de las “nuevas amenazas”, como el terrorismo y el narcotráfico.

Por eso denunciamos que no se trata de uno, dos o mil policías sino DE TODA LA INSTITUCIÓN, así como de todas las otras fuerzas represivas: gendarmes, prefectos, penitenciarios, etc., y que EL RESPONSABLE ES EL ESTADO.

Ante este panorama, necesitamos estar más unidos que nunca para enfrentar y frenar este avance en las políticas represivas del Estado.

NI UN PIBE MENOS!
NI UNA PIBA MENOS!
¡NI UNA BALA MÁS!
¡EL ESTADO ES RESPONSABLE!

Familiares organizadores de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil.