(Por Hilda Presman/ Red Derechos Humanos)Un trabajador de quienes hoy engrosan los sectores más desfavorecidos fue brutalmente agredido en la tarde de este viernes en la ciudad de Corrientes. Se trata de un “carrero” que circulaba “changueando” por la zona de la Villa Juan de Vera. En el marco de los operativos por el cumplimiento del aislamiento social fue perseguido con balas de goma por policías de la Comisaría 12 de esta Capital. Ante la situación, el animal que tiraba del carro salió a correr asustado, lo que fue interpretado por los agentes como un “intento de fuga”. A eso le siguió una balacera desproporcionada que causó varias heridas al hombre. Una vez aprendido, de oficio, sin ninguna denuncia ni alerta por robo, lo arrestaron e iniciaron una causa por “resistencia a la autoridad y supuesto hurto”. Esto último se intentó fundamentar en que el carro transportaba menos de un centenar de ladrillos, retirados poco antes de una obra en demolición, con permiso de sus operarios. (Contacto con H.P. (+54 379 15 4390002).
Luego es trasladado a la Comisaría Segunda de esta Capital, donde permaneció hasta la noche, sin contacto con sus familiares. Si bien son visibles las marcas que dejaron los balazos en su cuerpo no hay registro de las lesiones recibidas por parte del personal policial, aunque si fue derivado a control médico en el Comando 911
Tras varias horas de encierro recuperó la libertad pero con una imputación penal a cuestas, incluso ante la intervención de abogados y organismos de DD.HH tras la visibilidad social que adquirió el caso.
Este sábado, 28 de marzo, fue radicada una denuncia penal Nro. 223486/20, con constatación de lesiones por parte de la médica forense de turno, ante la fiscalía de Instrucción Nro. 3 de feria, a cargo de Mónica Inés Espíndola. Las actuaciones serán remitidas a la brevedad al juzgado de Instrucción Nro. 6, que conduce Graciela Ferreyra.
En los próximos días ésta denuncia será acompañada por la Red Corrientes de DDHH, por el Comité Contra la Tortura de Corrientes, por la Correpi (Coordinadora contra la Represión Institucional) y por otras organizaciones sociales y de derechos humanos del ámbito local y nacional.
Dichas organizaciones vienen denunciando el modo arbitrario y represivo en que se expresan en varias ocasiones los operativos para el cumplimiento del decreto DNU 297/2020 que declara el aislamiento social preventivo y obligatorio ante la pandemia del COvid-19. Si bien se entiende la responsabilidad y el cuidado que exige la situación sanitaria actual, es sobre los habitantes de los barrios más humildes donde se registran abusos en las fuerzas de seguridad. Son situaciones de violencia que atraviesan emergencias y gobiernos.