Arroyo señaló que la idea es ubicar a procesados y detenidos en los containers que tendrán condiciones “dignas” de alojamiento y confirmó que las viviendas modulares se emplazarán en un predio de la Policía provincial ubicado sobre la Ruta 40, entre Bariloche y el paraje Dina Huapi, que en la actualidad se utiliza básicamente para el acopio de automotores secuestrados.
Por su parte, el director del Penal 3, Leandro Crespo, explicó a los fiscales, funcionarios provinciales y al juez que ya no puede seguir recibiendo detenidos porque no hay más lugar.
Según dicen, los containers en cuestión son unidades como los que se usan en la actividad petrolera, que incluyen todos los servicios y se pueden trasladar fácilmente de acuerdo a las necesidades habitacionales.
A su turno, el Gobierno de Río Negro desestimó que se hayan iniciado acciones tendientes a la ubicación de internos del Penal N° 3 de San Carlos de Bariloche en containers, como paliativo a la superpoblación en dicha institución.
Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro se explicó que la posibilidad de utilizar este tipo de módulos habitacionales o containers fue analizada como una entre otras varias alternativas para brindar una solución al problema de la superpoblación carcelaria, en el marco de la emergencia imperante.
Esta posibilidad fue evaluada en una reunión inicial, de la cual formaron parte autoridades judiciales, fiscales y funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, realizada el pasado 27 de marzo en San Carlos de Bariloche, y contó con el aval de los integrantes de la Justicia. No obstante, luego de ser analizada en el seno del Ministerio de Seguridad y Justicia –órgano encargado de la aplicación de políticas para con las personas privadas de la libertad-, la alternativa propuesta se encuentra desestimada hasta tanto no se pronuncien los órganos correspondientes, respecto de las condiciones de habitabilidad y resguardo de la integridad de los internos.
Del referido encuentro participaron el juez de Ejecución Juan Martín Arroyo y la Secretaria Verónica Arredondo; el secretario de Justicia, Marcelo Estéves; el director del Servicio Penitenciario Provincial, Hugo Cecchini; los fiscales Carlos López, Eduardo Fernández, Martín Govetto, Bernardo Campana, Guillermo Lista y Sergio Pichetto; el defensor oficial, Juan Pablo Laurence; y el jefe de Despacho Sergio Fernández. Posteriormente arribó la representante de Derechos Humanos, Natalia Araya.
Las opciones analizadas no contemplan la política de excarcelaciones que, por caso, propuso el juez Mario Juliano para la solucionar la superpoblación en la provincia de Buenos Aires, ni las recomendaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación en el mismo sentido. Más y mayor encierro es la respuesta de los funcionarios en casi todos los distritos del país.
Fuentes: Infonews, El Cordillerano, www.rionegro.gov.ar