(Por Oscar Castelnovo/APL) Presos y cautivas, mediante protestas que irán ardiendo, reclaman el regreso de las visitas, mejoras en las condiciones de detención y conmutación de penas o morigeraciones que tomaron naciones de los cinco continentes. Cómo se sabe, los poderes del Estado argentino prefirieron contar votos y no salvar vidas. Tanto el presidente Alberto Fernández,  Axel kicillof y el resto de los gobernadores mintieron al decir que es un tema solo del Poder Judicial. Y, se sabe, los jueces del poder más rancio del país le dan más entidad al perro para el cual compran alimento especial, envían al peluquero y al psicólogo, – hechos muy merecidos por los canes, por cierto- que a lxs pobres que habitan tras los muros. Éstos carecen de atención médica, alimentación e higiene y malviven en los campos de concentración Siglo XXI.

Las decisiones políticas ante el covid-19 lanzaron a lxs enjauladxs al encierro dentro del encierro, destruyeron su lazos familiares y el resto sus vínculos y avanzaron en la tortura que se ejecuta todos los días, todas las horas, todos los instantes. Los reclamos son más que justos y esta Agencia llama a lo solidaridad con lxs detenidxs y sus familias que, angustiadas, se agolpan en la puerta de los penales y ya fueron reprimidos por los uniformados  bonaerenses que, por caso, Kicillof sumó a la Maldita Policía: 10 mil efectivos, 2 mil patrulleros y el envío de 4 mil gendarmes a la Provincia, luego de que La Bonaerense se amotinó y rodeó la Quinta de Olivos. Después, el gobernador  “progresista” anunció la construcción de más cárceles para el pobrerío.

Se trataba de tomar morigeraciones con lxs presxs que están en condiciones de acceder a ellas, nunca se habló de incluir a genocidas y feminicidas. Mujeres embarazadas, madres enjauladas con sus hijos, mayores de 60 años y muchos que integran el 50% sin sentencia firme, entre otrxs. Siempre analizando cada caso. No era tan complejo. Fue una decisión política sumir en el sufrimiento y el escarnio a parte de la poblalción más vulnerada.

Existe un problema geométrico-político en la Argentina. Cuando el Gobierno afirma que está hostigado por la derecha, debe decir “la ultraderecha”, porque eso es el macrismo. Y cuando se nombra a sí mismo, debe llamar a las cosas con la verdad y ajustar el GPS: Esta gestión es, claramente,  “la derecha” que gerencia el capitalismo donde importan más los votos que la vida humana.

Aún así, la derecha en cuestión, puede tomar medidas que eviten otro genocidio del cual el Estado argentino es especialista a lo largo de su historia. Es mejor perder algunos votos que dar cuenta respecto de la matanza evitable y pagar por sus responsabilidades más tarde. Si lo hicieron países como Estados Unidos, Brasil y Turquía , entre más de un centenar de naciones, ¿por qué no habría de hacerlo la derecha argentina? Solo se trata de tomar la decisión de una vez, así, derecho viejo.