Él estaba alojado en la cárcel de Monte Cristo, unidad con régimen semi abierto. Tuvo un ataque de asma, pero en esa prisión no hay médicos, ni enfermeros, y tampoco como trasladar una urgencia. Varias versiones indican que cuando apareció un vehículo, habían pasado varias horas, y lo subieron, Carlos Trejo ya estaba muerto. El 23 de diciembre de 2014, fue condenado a la pena de muerte por abandono del estado.
En mayo de este año, en el penal de Cruz del Eje, pierde la vida Marcelo Vargas, tras un coma diabético. Se le fueron sus últimos días reclamando, inútilmente, atención médica. En esa misma unidad, todavía creen en su derecho a la vida, Gustavo Romo, quien ha quedado completamente ciego, sus compañeros lo ayudan a trasladarse, y Celestino Puesterna, Ramón Barreto, Jorge Armando Tejeda, entre los graves problemas de salud que tienen, también están quedando ciegos a consecuencia de su diabetes sin tratamiento integral.
Sergio Jesús Nieto, en la cárcel de Bouwer, estuvo implorando atención por unas úlceras en su pie, no logró que le curar esas heridas, recién le dieron atención el diez de abril, cuando lo trasladaron al hospital San Roque para cortarle la pierna, sus riñones dejaron de funcionar y su salud se deterioró muchísimo. Su compañera ya había perdido un hijo hace cuatro años, en el penal de San Martín, Matías Ezequiel González, tenía convulsiones y a pesar de los reclamos, no tuvo derecho a la vida.
Para poder tener una aparatito para medir la glucosa, tienen que pelearla muchísimo, y algunos aún no lo consiguen. Ellos reclaman que por favor no se utilicen las mismas agujas, para inyectarlos, a lo que el servicio responde que no hay presupuesto para comprar más, que si no les gusta así, que se las compren ellos. Un problema no menor, porque forma parte del tratamiento integral, es la alimentación, que no solo es pésima, sino también insuficiente. Esto sumado a las pésimas condiciones de detención, son claramente políticas de exterminio.
Lo que de alguna manera está garantizando la supervivencia de los cautivos, es que la gran mayoría son jóvenes. Pero sería necesario saber cuál es el promedio de vida de una persona privada de su libertad y de su derecho a la salud. ¿Ese promedio pasa los sesenta años?
El derecho a la salud y a la integridad psicofísica de “todas” las personas está consagrado en todos los instrumentos internacionales de Derechos Humanos con jerarquía (artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), y sería importante que el estado lo tuviera en cuenta.