Feroz violencia de género contra una milanesa

Oscar Castelnovo

La abogada de la familia Cabello, Gabriela Carpinete, afirmó en declaraciones periodísticas que “lo que le ocurrió a Lucas se enmarca en una serie de casos que tiene de protagonista a la Metropolitana: “Estamos trabajando para revertir el relato policial”.
Por su parte, Carolina, la mamá de Lucas, agradeció la solidaridad de los vecinos “que se pusieron de pie para pedir justicia” por su hijo. “Necesitamos un milagro, él está muy grave, la lesión en la médula es muy importante”, afirmó. Su hijo, de 22 años, fue sometido a una traqueotomía y fue operado de la médula: “Le destrozaron la médula y no va a poder caminar ni utilizar las manos”, dijo.
En la carta pública, Carolina narró que: “Este policía lo interceptó cuando estaba por entrar a nuestra casa, sin motivos, y le disparó tres veces. El primero fue para bajarlo a Lucas. Y los otros dos, para rematarlo cuando ya estaba tirado en el suelo, ensangrentado, a tres pasos de su hija de 2 años, que vio todo”.
Asimismo, calificó de “indignantes” las declaraciones de la gobernadora bonaerense electa, María Eugenia Vidal, que intentó “justificar lo injustificable”. Los dichos de Vidal, a la vez, banalizan el justo reclamo que llenó las plazas del país por #Ni una menos, días atrás.
A su vez, Rubén, papá de Lucas, respecto a si el joven portaba un arma, sostuvo que: “Se le hicieron todo tipo de estudios por si tenía pólvora en las manos y no había nada. Que se dejen de inventar, esto es gatillo fácil. Esa persona que no tiene corazón. Consultado acerca de si conocía al efectivo que baleó a su hijo, dijo: “Ni lo conozco al policía. Mi hijo trabaja en la esquina, cuida el restaurant. Nadie nos odia. El hombre sacó el arma y le disparó a quemarropa”.
El caso de Lucas Cabello, preanuncia los tiempos por venir en materia de represión estatal con el nuevo presidente MM: seguirán los crímenes contra los hijos más vulnerables del pueblo y los asesinos de la familia policial serán cubiertos por los magistrados de la familia judicial, modalidad que alcanzó cifras récord en la última década, y solo la movilización popular podrá enfrentar esta política.
¿Un disparo en el abdomen, otro en la mandíbula y el tercero en los testículos a un hombre desarmado pueden considerarse un “exceso en la legítima defensa”, tal como lo afirma el juez Rappa? “Desde el comienzo, existió un accionar para entorpecer la investigación y encubrir al agente Ricardo Ayala. Con él libre, seguirán con esa metodología”, evaluó la abogada Carpinete.

Responsables
No se trata de errores ni excesos, sino de la continuidad del plan de represión estatal, clandestino y sistemático contra aquellos que no encajan en el modelo de exclusión.
Cabe destacar que todos los distritos provinciales tienen la misma dinámica represiva y sus gobernadores son responsables políticos de esas muertes. Macri es responsable de los crímenes de la Metropolitana y en poco tiempo, lo será de todos los que ocurran en el país por agentes del estado.

Sucede que el estado nacional es responsable de todos los asesinatos cometidos en el territorio de la Nación por uniformados, porque son sus representantes los que firman los pactos internacionales contra esas muertes y torturas y asumen el compromiso de evitarlas, no de encubrirlas.

Del mismo modo que si sucede una catástrofe climática que provoca muertes en Santa Fe, el gobierno nacional no puede desligarse y decir: “Jódanse los santafecinos”. Mucho más, si son agentes estatales de cualquier fuerza los que matan, el gobierno de la Nación debe promover dispositivos para prevenirlos, actuar mientras ocurren e impulsar el posterior castigo a los responsables si ello no sucediese. Y hasta tiene resortes constitucionales para intervenir la provincia. Cualquier otra actitud se llama coparticipación federal para la impunidad.

Días atrás, miles de familiares de víctimas y militantes antirrepresivos se movilizaron y respaldaron del Informe Anual de Correpi, donde se da cuenta de los 4644 asesinatos cometidos por la represión estatal en la etapa constitucional, 3070 durante la gestión kirchnerista. La presidencia macrista no se avizora diversa sino todo lo contrario. La organización creciente de familiares en lucha muestra un camino para visibilizar y enfrentar la masacre silenciada en los barrios y las cárceles de mala muerte. Que así sea.