Consideramos que lejos de ser materia de criminalización, la movilización de los trabajadores en defensa de sus más elementales reivindicaciones, es el primer derecho a ser defendido.
Reclamamos el inmediato archivo de las actuaciones llevadas a cabo por la Fiscalía de 1º Instancia en lo Penal, Contravencional, y de Faltas nº 15 y el Juzgado PCyF nº 23 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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