Enterados de la detención en el Aeropuerto de Ezeiza, quienes integran la Gremial de Abogados comenzaron a hacer gestiones para lograr que Elkoro pudiera quedar en libertad e ingresar como cualquier otra persona al país. El presidente de la Gremial, Eduardo Soares, intentó personalmente dialogar con funcionarios del Ministerio del Interior (desde donde partiría la orden de expulsión) pero todo fue en vano, y a primera hora de la tarde, Paulo Elkoro fue subido a otro avión que presumiblemente lo devolvería al aeropuerto de Amsterdam.

Más allá de la lamentable resolución de esta contingencia que afecta a un ciudadano y ex represaliado del País Vasco, es importante destacar el procedimiento vergonzoso de las autoridades argentinas que sometiéndose a exigencias de servicios de inteligencia que pertenecen a países como los Estados Unidos e Israel, que violan permanentemente los derechos humanos, decidieron “quitarse el problema de encima”. Sin ningún tipo de dudas se trata de una actitud que tira por tierra la histórica tradición constitucional de país de acogida más allá de diferencias de raza, religión o pensamiento político.

En ese aspecto, lo ocurrido alerta sobre quién o quiénes son los que ponen la vara de tránsito, entrada y salida de países, a pesar de hacerlo dentro de la legalidad imperante. En este caso, el Estado fascista español (el de Rajoy y el Felipe González, que se preocupan hipócritamente por la “violación de los derechos humanos” en Venezuela), incorporan nombres de militantes y luchadores vascos, gallegos o catalanes a las “listas rojas” de Interpol-CIA y siempre hay un Gobierno, como en este caso el argentino, que acepta a libro cerrado las sugerencias represoras.

Mal asunto para los derechos humanos. Mal asunto para la hermandad entre los pueblos, en este caso entre argentinos y vascos.