HIJOS LA PLATA

Fuera el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez de la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro

Esta semana la querella de la madre de Facundo Astudillo Castro recusó al fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez por sostener mecanismos perversos en la investigación como filtrar información de la causa para deslegitimar la hipótesis de la desaparición forzada de Facundo. En una presentación judicial la familia cuestiona que el funcionario aún no asumió su competencia y que la producción de prueba más relevante en cuanto a la hipótesis de la desaparición forzada fue impulsada sólo por la querella. Desde el inicio de la denuncia en el fuero federal, y a pesar de tener a su disposición a la Policía Federal, Martínez sugirió involucrar al superintendente de la Región Sur de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Aldo Caminada. Luego ordenó algunas medidas de prueba inconducentes e irregulares para el tipo de delito que se denuncia: no envió a las fuerzas federales a Villarino para que tomen plena actividad en la causa, dejando todo en manos de La Bonaerense SA, retuvo los libros de guardia y personal de la Subcomisaría de Buratovich doce días en un sobre cerrado, mandó a notificar a testigos con un móvil policial, con el amedrentamiento que ello significa, y aceptó testimonios mendaces de los policías bonaerenses que citó a declarar. Por la gravedad de la causa que tiene en sus manos el fiscal Martínez, y sus antecedentes en la investigación de desapariciones forzadas, es necesario repasar su currículum en la justicia federal bahiense.

OBSCENIDAD PROCESAL

Martínez fue titular del Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca entre 2012 y 2015,

Allí se combinaban la dejadez y la selectividad para resolver las causas a su cargo, en clara violación a principios básicos como el derecho de defensa, al debido proceso y a una resolución judicial en plazo razonable. Pero la cosa llegó a tener ribetes cinematográficos: material de secuestros sin resguardo ni cadena de custodia, como un explosivo ubicado en un placard del pasillo del juzgado con un cartel de “Ojo está activado”, armas a la vista y alcance de cualquiera, kilos de marihuana, cocaína y otras drogas arrumbados en la terraza del juzgado.

En las causas de Lesa Humanidad de Bahía Blanca Martínez tuvo un rol parejo para garantizar la impunidad de los poderosos con pasado en la dictadura en Bahía Blanca. No controló la posesión de armas de fuego en los domicilios de los represores a los que les garantizó la prisión domiciliaria, se negó a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército, rechazó el pedido de indagatoria que hicieron los fiscales contra el dueño del diario fascista La Nueva Provincia, Vicente Massot, “extravió” el disco duro del juzgado donde se estaban los archivos de la causa “Triple A” local, y no hizo copia del material. Massot estaba acusado por instigar e incitar al genocidio y encubrir y ocultar los “enfrentamientos” fraguados por las fuerzas armadas mediante la acción psicológica y por su intervención como coautor de los secuestros y homicidios de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Además toda la familia judicial bahiense presionó para que renunciara el juez de la causa contra Massot, Álvaro Coleffi.

Para moverse con tal impunidad Martínez ha desarrollado una impúdica amistad con el fiscal general Alejandro Cantaro y el presidente de la Cámara federal de Apelaciones bahiense, Pablo Candisano Mera, además de un alineamiento con su secretario Mario Fernández Moreno para diluir las investigaciones de la responsabilidad penal de los civiles cómplices con la dictadura en la zona, no sólo Massot sino también del secretario del juez federal Guillermo Federico Madueño, Hugo Mario Sierra, del obispo Guillermo Garlatti y del fallecido capellán militar Aldo Vara. Pero para actuar de este modo Martínez cuenta además con el apoyo del Colegio de Abogados bahiense, que lo ha defendido en comunicados públicos y ha denunciado supuestas campañas difamatorias en su contra. La familia mafiosa del poder judicial bahiense apaña y necesita a personajes como Martínez para sostener sus negocios oscuros actuales y enterrar en el olvido los crímenes de hace 40 años.

El corrupto fiscal general Alejandro Cantaro, con quien Martínez brinda con buen tinto asiduamente, fue apartado de su cargo e imputado por su relación con una banda de narcotraficantes entre los cuales está su sobrino Sebastián Gauna San Millán en la causa iniciada en 2018 conocida como “Drogas Sintéticas 2”, donde se condenó a 8 personas y secuestraron más de un centenar de dosis de cocaína compactada, 21 pastillas de éxtasis, 1.500 semillas y 5 plantas de marihuana, entre otros elementos. En febrero de este año se confirmó su procesamiento de Cantaro por el delito de encubrimiento, acusado de las acciones de algunos integrantes de la banda, y no solo que no denunciarlos, sino encubrirlos activamente.

Pero a Martínez la soga se le cortó en junio de 2015, cuando el Consejo de la Magistratura lo desplazó del cargo de juez federal luego de varios meses de dilaciones en las principales causas por crímenes de lesa humanidad. Así una sesión plenaria del Consejo, de la que participaron reconocidos referentes de organismos de derechos humanos, se lograron 6 votos a favor del desplazamiento de Martínez y de su colega Claudio Pontet, y  6 en contra. El desempate llegó con el voto de la presidenta Gabriela Vázquez, primera mujer elegida al frente del Consejo de la Magistratura, que votó por el desplazamiento de los magistrados cuestionados.

IMPUGNADO PERO DESIGNADO

Sin embargo durante el macrismo, el gobierno que fue el mejor alumno de la dictadura militar, Martínez volvió al ruedo. Tras una importante campaña de lobby y presiones varias, en octubre de 2018 el El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, le tomó juramento como titular de la Fiscalía Federal N°2 de Bahía Blanca, en designación por decreto N°932 del presidente Macri. La prensa de la Procuración se encargó de aclarar que Martínez pasó el concurso público y abierto para acceder al cargo. En verdad en abril de 2018 el CELS había impugnado ante la Comisión de Acuerdos del Senado su designación como fiscal federal en la Unidad Fiscal 2 de Bahía Blanca porque “no reúne las condiciones necesarias de idoneidad para ser designado en el cargo” por su actuación como juez federal en la misma jurisdicción en el período 2012-2015. El organismo de Derechos Humanos destacó que las resoluciones del juez “fueron sistemáticamente revocadas por su superior jerárquico, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, y fueron incumplidas igualmente por él. No solo estuvo dispuesto a decidir en forma arbitraria sino que tuvo determinación por entorpecer y frenar el avance del proceso de justicia en Bahía Blanca”. Además describió con precisión el estado material del juzgado federal 1 de Bahía Blanca a su cargo casi como un monumento a la desidia, el desorden y el atraso a que la justicia nos tiene acostumbrados. Detenidos durante meses sin indagar, varios presos con la preventiva vencida, otros indagados pero a la espera eterna de que se resuelva su situación y algunos por falta de registro ni siquiera se sabía adónde se encontraban eran escenas habituales en el juzgado de Martínez.

En marzo pasado, ante la inminencia de la entrada en vigencia de los decretos 260 y 297 del Poder Ejecutivo Nacional, que disponían el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y determinaban su violación con los artículos 205 y 239 del código penal, en diálogo con la FM bahiense Palihue el fiscal Martínez dijo que violar la cuarentena implica la imposición de un delito penal donde la persona puede ser detenida, demorada o hacerle cumplir la cuarentena en su domicilio. Para ese entonces en Bahía Blanca había habido un caso de dos personas en el mercado municipal donde se le realizaron las actuaciones para cumplir con la cuarentena. El fiscal explicó que ante el incumplimiento del aislamiento, el juez lo resuelve y puede disponer una prisión. “Una persona internada con diagnóstico de coronavirus, sale del hospital, va al cumpleaños de un amigo y está en contacto con gente, podría tener 15 años de pena”, ejemplificó cebado Martínez ante el medio local. Evidentemente el fiscal no esperaba que La Bonaerense SA desapareciera a un joven en su jurisdicción por incumplir las disposiciones que tanto defendía en sus declaraciones. Incluso aplicó la doble vara en las más de 226 detenciones y actas que se labraron en la Bahía por violar la cuarentena, cuando la policía local arrestó el sábado 4 de abril a su amigo Cantaro y a la funcionaria judicial Guillermina López Camelo, hija de un conocido juez local, por violar la cuarentena obligatoria. Cuando ambos se trasladaban a bordo de un Peugeot 208, sin contar con el permiso de circulación respectivo, los paró la Local en pleno centro de Bahía, y al ser interrogados Cantaro adujo que estaba llevando a López Camelo hasta un cajero automático.

La misma infracción que a Cantaro sólo le causó un inconveniente menor, le significó a Facundo la desaparición forzada. Y así como encubrió las investigaciones por secuestros y desapariciones de hace 40 años para favorecer a sus amigos del poder económico, político y mediático bahiense, Martínez no puede ni debe seguir entorpeciendo el caso de Facundo.

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