SEGUNDA AUDIENCIA DEL JUICIO UNIFICADO “POZO DE BANFIELD”, “POZO DE QUILMES” E “INFIERNO”

Genocidas por zoom

(Por HIJOS La Plata) La segunda audiencia en el juicio por los CCDTyE Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes e Infierno se llevó a cabo este martes 3 de noviembre. Se realizaron las indagatorias virtuales por zoom de 16 de los 18 genocidas imputados, que en su mayoría se negaron a declarar. Miguel Etchecolatz y otros represores que sí accedieron a hablar realizaron una defensa abstracta de su accionar y lanzaron provocaciones a la memoria de los compañeros y compañeras desaparecidos y a la lucha de los organismos de Derechos Humanos.  Como no podía ser de otra manera la jornada la inició el Director General de Investigaciones de la bonaerense de Camps, Miguel Osvaldo Etchecolatz, que cumple 6 condenas en el penal federal 34 de Campo de Mayo. El genocida se mostró en silla de ruedas y comenzó diciendo que no iba a declarar, pero realizó una extensa diatriba justificadora del genocidio al decir que en los ’70 “ocurrió una guerra, y lamentablemente en una guerra, con mucho dolor, todo tiene su motivo”. Continuó en tono desafiante preguntando “¿Ustedes creen que estarían ahí de haber triunfado los jóvenes idealistas que pretendían tomarlo todo? ¡Serían fusilados por ser integrantes de la burguesía!, y el que habla también. Yo no maté, yo batí en combate, que es distinto”. Agregó que “me iré de este mundo sabiendo que nadie puede señalarme que yo me quede con algo. Otros que han vaciado los tesoros de la Nación nos siguen gobernando”. En tono forzadamente dramático suplicó: “Condénenme a lo que quieran. Me siento orgulloso de haber defendido la patria”. Y sin tener en cuenta que estaba realizando una declaración  finalizó diciendo: “No voy a declarar porque sería convalidar la ilicitud de todos estos procedimientos”.

Otro que se mostró entusiasmado por declarar fue el jefe de Sección de Operaciones Especiales del Destacamento 101 de Ejército Jorge Héctor Di Pasquale, quien desde la prisión que comparte con Etchecolatz aseguró: “Nada tengo que ver ni los oficiales más modernos en los hechos que estamos tratando. No estuve en ninguno de los 3 lugares. Este debe ser el juicio 7 u 8 al que asisto. No saben quién soy pero estoy imputado por haber estado destinado en una unidad. O desconocen la causa o están inventando. Lamentable que nadie tenga una sola pregunta para hacer”. Acto seguido la querella de Justicia Ya le preguntó si recordaba tener condenas anteriores en causas de lesa humanidad, ante lo que el represor, condenado en cuatro oportunidades por el CCD “La Escuelita” de Neuquén y una por “La Cacha”, dio marcha atrás y dijo “No voy a contestar”.

El jefe del Grupo de Actividades Especiales del Destacamento 101 de Ejército, Emilio Alberto Herrero Anzorena, con domiciliaria en La Lucila, lanzó una bravuconada insostenible: “Si las víctimas eran perseguidos políticos, ¿por qué tenían ejército? Como Montoneros y el ERP. Quiero que se aclare. El 27 de octubre pasado se dijo que fueron apropiados 500 o más niños. Las organizaciones de derechos humanos reconocieron públicamente 200. Quiero que se incorporen los nombres de los familiares de los 300 restantes”. Cabe recordar que está acusado por más de 200 casos de secuestros y torturas, 2 violaciones, y 5 casos de apropiación de menores por hechos de los CCD de Banfield y Quilmes.

Por otra parte varios genocidas ya condenados se negaron tajantemente a declarar, como el ministro de Gobierno de facto Jaime Smart, los integrantes del Destacamento 101 de Inteligencia Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Antonio Herminio Simón, todos ellos cumpliendo el cómodo beneficio de la prisión domiciliaria. Lo mismo hicieron varios represores como el formalmente Director de Investigaciones Zona Metropolitana(en verdad jefe del Pozo de Banfield) Juan Miguel Wolk, detenido con domiciliaria en la misma casa de Mar Del Plata desde la que se profugó cuando fue procesado en 2009, el Subjefe de la División Delitos contra la Propiedad y activo en Banfield Enrique Augusto Barré, con domiciliaria en su casa de San Martín, cabo de la Brigada de Investigaciones de Lanús (CCDTyE “Infierno”) Miguel Ángel Ferreyro, el jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado N°3 de La Tablada Federico Minicucci, o el médico de la Dirección de Investigaciones, torturador y apropiador de bebés Jorge Antonio Bergés, que desde su casa de Quilmes pidió desconectarse del zoom porque estaba asistiendo a su esposa enferma con cáncer terminal.

Otros esquivaron la testimonial aunque trataron de dibujar su inocencia aclarando su situación de revista, como el jefe de la Sección Comando y Servicio del Destacamento 101, Alberto Julio Candioti, que dijo “yo estuve en 101 desde enero de 1978 a abril de 1979. Antes en Ingenieros Anfibios de Santo Tomé y luego en el Batallón 181 de Neuquén”, el capitán del 101 Carlos Gustavo Fontana, que dijo haber estado un solo día en esa repartición o el jefe de Actividades Psicológicas del 101 Guillermo Alberto Domínguez Matheu, que se presentó como “héroe de Malvinas”.

El paso de comedia dramática se lo llevó el capitán del 101 Carlos del Señor Hidalgo Garzón, ya condenado en los tribunales de La Plata por el CCD “La Cacha” y San Martín por su actuación en el CCD de Campo de Mayo y por la apropiación de Catalina De Sanctis Ovando. El genocida intentó presentarse enfermo y cansado al decir “No voy a hablar. Necesito volver a la cama. Que hablen mis abogados”, y con discurso pausado y titubeante respondió así a las preguntas de identificación: “¿Es argentino? Eso Creo. ¿Lugar nacimiento? No lo sé. ¿Fecha de nacimiento? No tengo la menor idea. ¿Sus padres? Están en el cielo. ¿DNI? No sé de qué se trata. ¿Profesión? No sé, hace mucho tiempo. ¿Estado civil? Creo que casado. ¿Vive con alguien? No… eh, creo que con mi esposa”. Curiosa estrategia cuando en la indagatoria del juicio por la Brigada de San Justo realizada a fines del año pasado desarrolló durante media hora y de corrido una explicación de su carrera militar.

Por último hubo dos represores a los que se dispensó de ser indagados hasta que se resuelva el planteo de sus defensas de ser apartados por estar seniles. Uno de los casos es el del jefe del Batallón de Depósitos de Arsenales 601 “Domingo Viejo Bueno” de Monte Chingolo, Eduardo Samuel De Lío, sobre quien se elaboró un informe que lo exculparía de estar en el debate. En agosto pasado la psiquiatra forense del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema Liliana Portnoy  elaboró un informe sin control de las partes querellantes donde intentó establecer que De Lío “presenta una hipoprosexia (dificultad para captar con claridad y nitidez)”, además de “una hipomnesia global (disminución en la evocación de hechos pasados y recientes) leve a moderada” y “una disminución del capital ideativo, sin ideas patológicas en el momento del examen”. Con ello y sin explicar cómo llega a semejante conclusión, justificó que “las facultades mentales del causante en el momento actual encuadran dentro de un Psicosíndrome orgánico cerebral enmarcarle en la anormalidad desde la perspectiva médico legal”.  Sin embargo en octubre pasado varias querellas presentaron peritos particulares que realizaron un examen del reo que relativiza los conceptos de la pesquisa oficial. Justicia Ya La Plata presentó un informe del doctor Daniel Kersner, médico especialista en psicología médica y medicina legal, quien afirmó que De Lío “no presenta alteración morbosa de sus facultades mentales ni insuficiencia de las mismas. Puede expresarse, comprender y dirigir sus acciones” con lo cual “se encuentra en condiciones físicas y psíquicas de afrontar el proceso judicial”. Un tramo del informe, realizado tras una entrevista con el represor, apunta inteligentemente que “El sr. De Lío tiene plena conciencia de la realidad y de su situación personal y procesal (…) distingue claramente cuando puede dar información, que él entiende, lo pueda comprometer judicialmente, y cuando la información no lo compromete. En este último caso es sincero e informa con detalle sobre su familia, sus estudios o la fecha de sus cirugías. En el primer caso informa con generalidades”.

La otra acusación en examen es sobre el del jefe del Grupo de Actividades Especiales del Destacamento 101 Ricardo Armando Fernández, a quien en agosto pasado el TOF 1 platense apartó del juicio por el CCD Brigada de Investigaciones de San Justo basándose en estudios realizados por peritos del CMF y de las partes, donde se habría determinado que presenta “un trastorno psicoorgánico asociado a un trastorno depresivo de largo tiempo de evolución”, que “impresiona como un cuadro crónico, de evolución irreversible y del cual no se obtendrán mejorías en el futuro. Al momento del presente examen las facultades no encuadran dentro de la normalidad”. Además hace tres meses en ese otro juicio se dispuso la realización de informes médicos semestrales para detectar si el reo “ha recuperado su capacidad de ser sometido a juicio” y “el carácter reversible o no de la patología que lo afecta”. Fernández estuvo activo en el Destacamento 101 de Inteligencia de La Plata entre junio del ´75 y diciembre del ’77, y como tal fue parte de la Central de Reunión del 101 y luego integró uno de sus Grupos Operativos Especiales. El genocida fue condenado a perpetua en el juicio por el CCD “La Cacha” en 2014 y como la mayoría de los represores procesados o condenados en todo el país, cumple detención domiciliaria, en este caso en su casa de Soler Nº 3210, depto. 3° “B” en CABA. En octubre de 2019 Fernández fue indagado por videoconferencia desde los tribunales de Comodoro Py en el debate oral de Brigada San Justo. Allí actuó su propia senectud: se presentó en silla de ruedas y al dársele micrófono dijo “¡Sí!”. “¿Y qué quiere decir?” reclamó el juez Alejandro Esmoris. “No sé, ¿qué quiere decir usted” devolvió casi como una humorada. “¿Usted integró el Destacamento 101 de La Plata?”, preguntó Esmoris con poca paciencia. “La Plata, si”, dijo entre balbuceos. “¿Y de quién dependía la Brigada de San Justo?”, insistió el magistrado. “No sé, si usted no lo sabe”, se desentendió Fernández al borde de la tomada de pelo.

La situación de impunidad en el demorado juicio Banfield/Quilmes/Infierno es palmaria: de 31 represores imputados originalmente 13 murieron o fueron apartados de la causa, sólo 18 son juzgados, 16 están con domiciliaria y 3 impulsan trámites por incapacidad sobreviniente. Aun así y de manera virtual el juicio continúa. Se anunció que la próxima audiencia será el martes 10 de noviembre a las 10 horas para presenciar la exhibición en video de las testimoniales realizadas hace algunos años en otros debates orales por las compañeras ex detenidas desaparecidas Adriana Calvo, Nilda Eloy y Cristina Gioglio, sobrevivientes de los CCDTyE que se están juzgando.

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