CÁRCELES DE MALA MUERTE

Graves violaciones a los derechos humanos en prisiones bonaerenses

(APL) «En el sistema penitenciario bonaerense se violan gravemente los derechos humanos. Varios son sus problemas estructurales», así lo asegura el detenido Marcelo Amejeiras en este trabajo que da cuenta de los campos de concentración Siglo XXI, que padece él mismo junto 43 mil presxs hacinados en plena pandemia. La CPM, Proyecto Mecha y Familiares y Amigos de la China Cuellar, apoyaron este reclamo que, contundente, se detalla a continuación.  Por caso Torturas sistemáticas: El año pasado se denunciaron más de 12.000 casos de torturas. Las golpizas, pata-pata (golpes en tobillos y plantes de los pies con palos), palazos, disparos de balas de goma a quemarropa con secuelas y discapacidades varias, aislamiento extremo, falta de alimentación, nula atención médica, etc. constituyen graves hechos padecidos por las personas», se denuncia en el escrito.

1.- Sobrepoblación y hacinamiento extremo: Son 64 cárceles que cuentan con 21.000 plazas y en realidad alojan 43.000 personas. Un 110 % de sobrepoblación. (7 mts2)

2.- Torturas sistemáticas: El año pasado se denunciaron más de 12.000 casos de torturas. Las golpizas, pata-pata (golpes en tobillos y plantes de los pies con palos), palazos, disparos de balas de goma a quemarropa con secuelas y discapacidades varias, aislamiento extremo, falta de alimentación, nula atención médica, etc. constituyen graves hechos padecidos por las personas. Un ejemplo de estas fueron las situaciones de violencia padecidas por Marcelo Amejeiras: varias golpizas, aislamiento durante varios meses, falta de alimentos, nula atención medica, amenazas constantes, impedimento de contacto familiar entre otras.

3.- Condiciones inhumanas de detención: frente a la sobrepoblación extrema colapsan todos los servicios, cloacas que rebalsan, instalaciones eléctricas que explotan, falta de calefacción, ventilación o acceso a lugares educativos o de recreación.

4.- Corrupción estructural: Los elementos que deben proveerse a los detenidos no llegan porque todo se pierde en la corrupción. Se roban todo y nadie investiga estos hechos.

Otro problema estructural es la gran cantidad de personas detenidas que mueren de enfermedades curables por el funcionamiento desastroso de la salud penitenciaria. De las 148 personas muertas el año pasado el 80 % fueron por enfermedades tratables: TBC, neumonías, VIH. La salud depende del Ministerio de Justicia que no tiene expertos para dirigir esto y coloca a las personas detenidas en una clara desigualdad con el resto de la sociedad. Esto debe modificarse y pasar a depender del ministerio de Salud.     

La responsabilidad es del poder ejecutivo que dirige estos establecimientos, pero también de un poder judicial que es cómplice de estas situaciones y no garantiza los derechos de las personas bajo su custodia. Nunca investiga las torturas y abandona a las personas a su muerte. También el poder legislativo que reforma las leyes de manera regresiva y contraria a la garantía de derechos humanos que debe respetar.

Pese al esfuerzo de organizaciones de familiares de personas detenidas y de derechos humanos como Alfredo Cuellar (Familiares y amigos de la China Cuellar), Estefanía y Canella (Proyecto Mecha) o la Comisión por la Memoria como Mecanismo de Prevención de la Tortura, y otras, las situaciones se agravan y profundizan por un estado provincial que no respeta los derechos humanos y los vulnera cada día.