(Por Darío P./APL) Kevin es un pibe de 20 años oriundo de Balcarce, una ciudad de unos 45 mil habitantes al sudeste de la provincia de Buenos Aires. El pasado jueves 7, Kevin hizo un tuit de un meme que ya circulaba en redes con una leyenda que decía: “los que no cobramos el Ingreso de Emergencia, ¿ya podemos salir a saquear?”. Dos días después la Policía lo anotició del inicio de una causa por parte del Ministerio Público, a razón de la amenaza sobre la institucionalidad gubernamental que representa esa expresión. La causa está bajo la tutela de la fiscal de la ciudad Laura Molina. “Yo tire ese tweet en forma de broma, es más lo saqué de un meme pero se ve que la DDI no se lo tomó muy bien que digamos, así que me levantaron una denuncia penal”, comenta Kevin. Agrega: “me duele que dieran mi dirección, en dónde vivo”, señalando el nivel de exposición que representa esto en una ciudad pequeña como Balcarce. Sobre el procedimiento policial, nos remarca: “no tengo nada de qué hablar porque siempre fue con respeto, pero nunca me leyeron lo que yo estaba firmando”. “Me dijeron que me va a llamar fiscalía para informarme de cómo sigue la causa”, señaló. Hasta el momento no hubo novedades.
Esta situación se enmarca en la política de ciberpatrullaje monitoreada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Sabina Frederic. Una dinámica relativamente novedosa, si consideramos otras operaciones de espionaje a las organizaciones y personas individuales ejecutadas por los diferentes Gobiernos. El Proyecto X de Gendarmería Nacional con Nilda Garré a la cabeza, y las escuchas ilegales a referentes políticos y sociales durante la gestión de Mauricio Macri en CABA, son dos ejemplos de ello. Ahora se expone de forma brutal a la luz de los hechos. En las últimas horas se repitieron procedimientos de igual naturaleza a los de Kevin, incluso con detenciones. No fue el caso del joven balcarceño, aclaración pertinente de versiones que circularon en los medios de comunicación.
Párrafo aparte merecen quienes ejercen la labor de comunicar. A partir de una nota en el medio marplatense 0223 circularon algunas versiones distorsionadas de lo ocurrido con Kevin: nunca fue detenido y no tiene 21, sino 20 años. Pero además vale remarcar alguna intencionalidad en los titulares. Se habló de “el joven de 21 años que llamó a realizar saqueos por no cobrar los diez mil pesos” ( https://www.0223.com.ar/nota/2020-4-10-19-36-0-no-pudo-cobrar-los-10-mil-del-ife-e-incito-a-saquear-quedo-detenido?fbclid=IwAR3HepPxNGN1-mJrOIrRj6za4ryatMwAsv5kB6VHGb_5Ui2T3bcSn-HyePw).
Kevin no había sido notificado aún de su rechazo o aprobación para el bono IFE, por lo tanto resulta inverosímil que se presuma que a raíz de ello “incitara” a saquear. Desconocemos la intencionalidad de este y otros medios que se hicieron eco de esta nota. Al menos en este caso. Quizás podemos aproximar alguna respuesta si entendemos que la mayoría de los aparatos de comunicación no hacen más que abonar a una situación de terror, un enaltecimiento de las privaciones de libertad, una extremación de cuidados de lo que hay que decir o hacer. En otros términos, fomentan el caldo de cultivo de la represión del Estado. El joven se comunicó con 0223 para tener derecho a réplica, aún no respondieron.
El peligro que tiene este tipo de situaciones es la prohibición de hecho de cualquier expresión de deseo por subvertir este orden. Censura. Terror estatal. Se han testimoniado y asentado repetidos casos de detenciones arbitrarias e incluso torturas y fusilamientos policiales.
Parafraseando a Bretch: primero pincharon los teléfonos, después se infiltran en nuestras redes, luego se abren causas por tuitear, hasta que vinieron por mí.
Por último queremos dejar asentado que responsabilizamos al Estado y sus instituciones ante eventuales represalias que pongan en peligro la integridad física de Kevin. Contra la represión, no nos callamos, nos organizamos y luchamos.