Durante el anuncio de los contenidos de un Plan de Seguridad Nacional, la presidenta Cristina Fernández anunció el traslado de la cárcel de Devoto a la localidad bonaerense de Mercedes.Hace más de diez años que recorro cárceles y ya cinco que me desempeño como director general de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, y en el desarrollo de esta tarea puedo afirmar que esta iniciativa no es original.
Cristian Ritondo, del PRO, presentó en la legislatura porteña un proyecto de corte populista y con la mira puesta en el escenario electoral que consistía en sacarse los presos de la ciudad de encima y quedar bien con el coqueto barrio de Villa Devoto. De todas formas la originalidad del planteo o de la política para los detenidos en nuestras cárceles tampoco puede atribuírsele a Ritondo, durante su gobierno, Carlos Menem, construyó los complejos penitenciarios de Ezeiza y Marcos Paz para desactivar la entonces cárcel de Caseros. El complejo de Marcos Paz fue construido en un terreno lindante con un basural.
¿Entendemos cuál es el efecto de estas políticas en un año electoral cuando pensamos como sus destinatarios a los ciudadanos que no se encuentran privados de la libertad, pero cómo explicarla cuando pensamos que sus verdaderos destinatarios deberían ser aquellos que se encuentran privados de su libertad? ¿Cómo interpretarlas a la luz del respeto por sus derechos fundamentales?
Si ponemos el foco en estos ciudadanos (sí, ellos también son ciudadanos) vemos que el objetivo es invisibilizar aún más lo que sucede tras los muros. En mi recorrido por las cárceles, puedo dar fe de los malos tratos, de las torturas y del modo en que las desigualdades se reproducen en ese ámbito. Entonces me pregunto: ¿De qué modo estas políticas se enmarcan en un programa de protección y promoción de los derechos humanos?
Cuando una cárcel está en el medio de la ciudad, permite que haya proximidad de organismos de derechos humanos, de familiares, de profesores y hasta de jueces que puedan comprobar las permanentes violaciones que se cometen intramuros. Además, la cercanía permite que los detenidos generen vínculos con el afuera. El destierro hace que sus únicos vínculos sean con el personal del servicio penitenciario y estos sólo se construyen con una lógica de seguridad. En el medio de la ciudad los detenidos pueden hacerse oír.
Actualmente funciona en la cárcel de Devoto un centro universitario dependiente de la UBA donde se dictan cinco carreras; una experiencia única en el mundo. Con el proyecto de traslado se atenta contra este espacio, será muy difícil que los docentes de la UBA puedan viajar semanalmente a Mercedes a dictar sus clases.
No es ocioso recordar que los detenidos vuelven a la sociedad una vez cumplida la condena, por mandato constitucional el fin de la pena es la resocialización. Aquí me surge una segunda pregunta: ¿Qué esperamos de estos detenidos si los confinamos lejos de su familia, de sus jueces, de sus defensores, de sus docentes, incluso lejos de las instituciones que, en mayor o menor medida, colaboran para lograr el fin buscado? ¿Qué esperamos de ellos si las políticas públicas que deberían incluirlos consisten en aislarlos para que los “ciudadanos de primera” no los vean ni los escuchen?
Por último, y más grave, en la unidad de Villa Devoto el 90% de los detenidos son procesados, es decir que por imperio de nuestra Constitución poseen un estado de inocencia hasta que se dicte sentencia firme. Es redundante explicar cómo y de qué manera el destierro resulta en estos casos más grave aún. Los efectos nocivos de la cárcel se multiplican exponencialmente, y de la misma manera se disminuyen las posibilidades de que esa persona pueda reconstruirse después de semejante experiencia.
Es tiempo de hacernos cargo de de las desigualdades que generamos como sociedad. Los presos de la ciudad de Buenos Aires, deben estar en la ciudad de Buenos Aires, así como los presos de cada provincia deben estar en la jurisdicción donde viven. A nadie se le puede ocurrir que un preso de Buenos Aires o de Córdoba cumpla su condena en la ciudad de Buenos Aires, entonces porque los porteños y sus gobernantes, tanto a nivel local o nacional consideran que los porteños somos una casta superior que no debe tener presos, ni locos (ya que también trasladaron a los detenidos del Borda y del Moyano a las cárceles de Ezeiza). Las políticas públicas de seguridad deben contemplar a quienes cumplen condena o prisión preventiva, el primer paso hacia la inclusión es considerar quiénes son los destinatarios de una medida de gobierno. No se pueden brindar herramientas en el destierro. No debemos perder de vista que las políticas públicas respetuosas de los derechos humanos deben tener en cuenta los desafíos de hoy, y el presente exige que los presos de nuestro país estén en la agenda pública.
Ariel Cejas Meliare
(Fuente: CTA).