(Por Marion Saint-Ybars/ APL) El país andino ha estado cerrado durante casi dos semanas, entre bloqueos de carreteras, clases suspendidas, transporte público casi inexistente y pozos petroleros amazónicos en un punto muerto, lo que ha detenido la distribución de casi el 70% del producción de crudo. El movimiento de oposición pagó un alto precio: 7 muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenciones. Jaime Varga, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), criticó la “violencia desproporcionada contra el pueblo y el terrorismo de estado”, y ahora exige la renuncia de los ministros de Interior y Defensa. La batalla del pueblo ecuatoriano no está terminada.
Desde las alturas de Quito el gas lacrimógeno, mezclado con cócteles molotov y neumáticos quemados, le da al centro de la ciudad el aire falso de una zona de guerra. Las escenas que tuvieron lugar en las calles de la capital ecuatoriana ofrecieron una idea del grado de revuelta de los habitantes, obligando al presidente Lenin Moreno a transferir la capital: de Quito a Guayaquil.
Para protestar contra la eliminación de los subsidios del combustible de 1.3 mil millones de dolares tras un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un préstamo de 4.2 mil millones y tras el aumento consecutivo de los precios del combustible hasta el 123%, miles de nativos y campesinos acudieron en masa a Quito. Las escuelas estuvieron cerradas y el transporte inactivo. “Queremos que se eliminen estas medidas para que la gente pueda encontrar la paz” dice César García, un líder indígena. En una primer semana, las protestas dejaron 122 heridos y el gobierno también menciona una muerte y 766 arrestos.
Ya existía un estado de emergencia de hecho de sesenta días pero la breve invasión del Parlamento por parte de los manifestantes obligó a Lenin Moreno a decretar un toque de queda nocturno por la misma duración. En un primer momento, los opositores de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazaron la mediación de las Naciones Unidas y de la Iglesia Católica.
Lejos de calmar a la gente ya que los bloqueos de carreteras, los pozos petroleros en el Amazonas ocupados y las huelgas que se produjeron desde principios del mes, Lenin Moreno parece ser el resumen del desprecio de clase. Al poner fin a los subsidios al combustible que beneficiaron a las clases trabajadoras desde la década de 1970, este último pronunció una frase que conmocionó profundamente: “se acabo la zanganeria”. El término “zangano” se refiere al abejorro que, en la mente de la élite ecuatoriana, solo buscaría vivir sin trabajar.
El aumento en el precio del diesel y la nafta no son los únicos en ser unánimes en las reivindicaciones. En la línea de fuego de la oposición está también la disminución del 20% en los salarios de la administración pública, la reforma del sistema de pensiones y la flexibilización del Código de Trabajo. Después de una serie de medidas tomadas el año pasado que dieron vuelta definitivamente la página de la era de las transformaciones sociales iniciadas por su predecesor Rafael Correa (2007-2017), ahora se registra la orientación neoliberal y autoritaria del actual jefe de Estado. La tasa de pobreza pasó de 23.1% en junio de 2017 a 25.5% dos años después. Si se consume la ruptura con la Revolución Ciudadana, el movimiento iniciado por Correa, Lenin Moreno podrá contar con el apoyo de la comunidad empresarial, la derecha y los militares. Irónicamente Lenin Moreno acusa a Correa de instigar un “plan de desestabilización” con la ayuda del presidente venezolano Nicolás Maduro.
El jefe del Estado de Ecuador, Lenin Moreno, se dedicó a limpiar una revuelta social: manifestaciones en el centro de la capital, así como en las grandes ciudades, escuelas y facultades cerradas, carreteras bloqueadas. Después de los conductores de transporte en huelga, fueron los estudiantes, sindicatos e indios de Conaie (la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas) que se niegan a pagar la factura del plan de ajuste estructural acordado con la institución financiera internacional (FMI). Los manifestantes, llamados “golpistas” por Lenin Moreno, respondieron a esta intimidación con un llamado a una huelga nacional.
Recordemos que el 1 de octubre, el presidente anunció una serie de medidas económicas impopulares, a cambio de un préstamo condicionado del FMI de $ 4.2 mil millones durante tres años. Quito (la capital) planeaba reducir los salarios de los trabajadores contratados en el sector público en un 20%. Los funcionarios verán sus vacaciones anuales de 30 días amputadas en un 50%, también tendrán que renunciar a un día de su salario mensual. Además, las empresas con ingresos superiores a $ 10 millones al año estarán sujetas a una contribución fiscal. Según el ejecutivo, los $ 300 millones que se recaudarán financiarán la salud, la seguridad pública y la educación.
Pero es principalmente la abolición del subsidio al combustible, estimado en 1.300 millones por año, lo que prendió fuego. “Compatriotas, es necesario corregir los graves problemas de la economía ecuatoriana (…). Durante décadas, este subsidio ha beneficiado principalmente a quienes no lo necesitaban y a quienes viven del contrabando “, dijo Lenin Moreno. Dos días después de estos anuncios, los precios se han disparado. El galón de diesel (3.78 litros) ha aumentado de $ 1.85 a $ 2.30. Los manifestantes temían que este aumento de precios afecte las tarifas de transporte y los bienes de consumo.
“Diálogo sí, pero bajo ninguna circunstancia cambiaremos esta medida. Escuche bien, no voy a cambiar esta medida, que quede claro, el subsidio ha sido eliminado, se acabó la inactividad” , dijo Moreno, cuyo ejecutivo anunció después un retorno a la normalidad con la reanudación de los precios anteriores. Si las 11 federaciones de conductores han decidido regresar a trabajar, el país andino aún enfrenta focos de resistencia significativos.
Entonces el ejecutivo canceló la eliminación de los subsidios a los combustibles pero solo de palabra hasta ahora. Las pensiones y el Código del Trabajo podrían ser nuevos frentes lucha.
El movimiento de oposición pagó un alto precio: 7 muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenciones. Jaime Varga, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), criticó la “violencia desproporcionada contra el pueblo y el terrorismo de estado”, y ahora exige la renuncia de los ministros de Interior y Defensa.
Al final de un diálogo de cuatro horas, bajo los auspicios de la ONU y la Iglesia Católica, el ejecutivo y Conaie acordaron un nuevo decreto, cancelando el decreto 883. Miles de nativos, que habían estado acampando durante una semana en la capital en protesta, comenzaban a anunciar su regreso a los Andes y el Amazonas. Como resultado, Conaie también suspendió los bloqueos de carreteras y pozos petroleros.
Esta victoria sobre el plan de ajuste estructural negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de un préstamo de $ 4.2 mil millones plantea la cuestión de la búsqueda de políticas ultraliberales del presidente Lenin Moreno, quien definitivamente ha roto con la Revolución Ciudadana, el movimiento de su mentor y predecesor a la presidencia, Rafael Correa.
El gobierno y el movimiento popular encontraron el domingo 13 de octubre un acuerdo para salir de la crisis social sin precedentes que paralizó al país durante doce días, gracias a la retirada del controvertido decreto que elimina los subsidios a los combustibles. Ahora se preparará “un nuevo decreto que cancela el decreto 883” y “con este acuerdo, la movilización termina”, anunció Arnaud Peral, representante en Ecuador de la ONU, mediador del diálogo con la Iglesia Católica.
“Se levantan las medidas aplicadas en todos nuestros territorios”, confirmó el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, con la cara pintada y la cabeza con una corona de plumas. La comunidad indígena, una cuarta parte de la población, encabezó la protesta contra las reformas económicas negociadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) El país andino ha estado cerrado durante casi dos semanas, entre bloqueos de carreteras, clases suspendidas, transporte público casi inexistente y pozos petroleros amazónicos en un punto muerto, lo que ha detenido la distribución de casi el 70% del producción de crudo. También ha sido sacudido por una ola de manifestaciones desde el 3 de octubre, siete muertos, 1340 heridos y 1.152 arrestos, según la oficina del Defensor del Pueblo, organización de derechos públicos. Por ahora no se publicó ningún decreto como el prometido por el Gobierno a los rebeldes para reemplazar al cuestionado. Lo que quiere decir que esta batalla del pueblo ecuatoriano no está terminada. Tenemos que esperar las próximas semanas para ver como continua esta historia.