La Masacre, cometida por fuerzas policiales en el marco de un desalojo ilegal de tierras públicas en junio de 2012, fue la excusa esgrimida por los congresales paraguayos que decidieron la destitución del entonces presidente Fernando Lugo.
El caso siempre resultó sumamente controvertido por innumerables irregularidades detectadas en el operativo de desalojo y en la causa judicial posterior.
En el operativo que culminó en masacre fueron asesinados 11 campesinos que ocupaban un lote de tierras públicas conocido como Marina Kue, y también 6 policías que participaron del desalojo.
La causa judicial tuvo como acusados a los campesinos sobrevivientes de la masacre, casi todos ellos con heridas de armas de fuego, y nunca se investigaron las muertes producidas. Entre muchas irregularidades cometidas por la investigación fiscal se indica el ocultamiento de pruebas por parte de la Fiscalía y la omisión de producir pruebas clave como las autopsias de los cadáveres.
En agosto de 2016 los campesinos acusados por cargos desde Homicidio, Asociación Criminal, Invasión de Inmueble Ajeno y otros cargos menores fueron condenados a diversas penas: Rubén Villaba fue condenado a 30 años de prisión y Luis Olmedo a 20 años, bajo idéntica acusación de haber asesinado al comisario Erven Lovera.
Arnaldo Quintana y Néstor Castro fueron sentenciados a 18 años de prisión, Fanny Olmedo, Lucía Agüero y Dolores López, a 6 años, y Alcides Ramírez, Felipe Benítez, Alberto Castro y Juan Carlos Tillería fueron condenados a 4 años de prisión, que ya habían cumplido al momento de finalizar el juicio.

Esta resolución de la Corte Suprema da la razón a la defensa de los acusados en cuanto a la debilidad de las pruebas presentadas contra los campesinos, las ilegalidades cometidas en todas las etapas judiciales y la indisimulable injerencia política en la Justicia.