El 22 de mayo pasado, el Juzgado de Ejecución Nº 2 de Mar del Plata a cargo del Dr. Juan Galarreta hizo lugar a un pedido de la CPM y declaró la inconstitucionalidad de los artículos que limitaban el sufragio a personas condenadas (restricción prevista en los incisos 2.c, 3.a, b, c, d, e y g del artículo 3º del Código Electoral Provincial y del inc. 2 del art. 19 del Código Penal de la Nación, en función del art. 12 del mismo cuerpo legal). El pedido fue presentado en 2013, luego de que un condenado consultara por la posibilidad de ejercer este derecho, en una entrevista durante una de las inspecciones que el organismo realiza en las cárceles bonaerenses.
El original y novedoso hecho significa un avance en el reconocimiento de derechos para las personas privadas de libertad. Sin embargo, las condiciones en las que se produjo y su alcance limitado hacen necesaria la intervención judicial para garantizar el cumplimiento de la sentencia. Por esta razón, la CPM presentó hoy un pedido de audiencia ante el juzgado del Dr. Galarreta para que convoque al Ministerio de Justicia y la Junta Electoral Provincial a los efectos de garantizar el “efectivo ejercicio del voto en las próximas elecciones.”
Los detenidos de la UP 15 de Batán votaron en una mesa presidida por Jorgelina Borgatti y Claudia Falcetta. En el padrón electoral figuraban inscriptas 355 personas y el Servicio Penitenciario Bonaerense aseguró que sólo 135 detenidos estaban en condiciones de votar, menos del 40%. Según los funcionarios, el resto de los empadronados no contaba con sus documentos. Finalmente, sólo 104 detenidos ejercieron su derecho (el 29% del padrón). El SPB expuso que las 31 personas restantes “no quisieron bajar a votar”. De los 104 detenidos que sí lo hicieron, casi el 20% eran condenados que votaron en razón del fallo por el habeas corpus presentado por la CPM en 2003.
Por estas razones, la CPM advierte con preocupación que se desconozca el fallo judicial y no se arbitren todas las medidas para garantizar el efectivo ejercicio del derecho al voto. En este sentido, solicitó una nueva audiencia con el juez Galarreta para evaluar el desarrollo de los comicios en la unidad penal y garantizar todo lo necesario para regularizar la situación en octubre.
La CPM está accionando frente a las partes responsables de garantizar este derecho – Ministerio de Justicia y Junta Electoral Provincial- para que los derechos reconocidos en el fallo judicial se amplíen a todas las cárceles de la provincia de Buenos Aires.