Los miembros de la CPM remarcaron la importancia de haber mantenido una entrevista “sincera y abierta” con el doctor Pettigiani y expresaron la intención de reunirse con el pleno de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. En ese sentido, Aldo Etchegoyen reiteró la voluntad de la institución para constituirse como un órgano permanente de consulta y debate sobre las políticas de justicia y seguridad.

Durante el encuentro, la CPM señaló las diversas problemáticas que se encuentran documentadas en el Informe Anual y reafirmó, como en otras presentaciones, la necesidad de transformar las agencias penales del Estado respetando la dignidad de las personas y los derechos y garantías que la Constitución nacional y los tratados internacionales les confieren.
Adolfo Pérez Esquivel consideró que “frente a discursos sociales que fomentan la penalización, nosotros insistimos en la búsqueda y consagración de medidas de prevención: educación, salud, condiciones de vida, espacios de participación. Se han gastado millones en la saturación policial y no es bueno, ya se ha demostrado el fracaso de estas políticas punitivas”.
En la misma línea, Etchegoyen sostuvo que “cuando la CPM pone en agenda el estado del sistema de encierro y políticas de seguridad, lo hace con una perspectiva integral; un análisis general de la problemática social implica repensar, entre otras cuestiones, el rol de las políticas públicas para lograr una verdadera política de contención”.

Esta postura de los presidentes de la CPM fue compartida por el ministro Pettigiani, quien coincidió con la necesidad de lograr un enfoque integral de los conflictos sociales que no apunte sólo a los efectos sino a las causas que generan esta situación. Durante la entrevista reconoció la situación que refleja el informe y manifestó su preocupación.

La mirada general sobre los problemas estructurales no puede omitir la obligación de atender los dramas más inmediatos que viven y sufren diariamente los detenidos por las alarmantes condiciones de encierro. En este sentido, los miembros de la CPM manifestaron su preocupación por la práctica sistemática de la tortura en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, y señalaron la importancia de diseñar un protocolo para que los jueces aceleren la resolución de los habeas corpus.

“Un Estado democrático no puede permitir la tortura. Uno comprende la posibilidad de hacer justicia en un contexto muy injusto, en un contexto social que naturaliza la violencia carcelaria porque el delito genera mucho enojo social, pero hay que romper ese círculo de acostumbramiento e impedir que se naturalice toda violencia institucional”, concluyó Etchegoyen