El 2 de marzo, siete jóvenes privados de su libertad murieron asfixiados y quemados en la masacre de la comisaría 1ª de Pergamino: Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan Córdoba, Franco Pizarro, John Mario Carlos, Juan Carlos Cabrera y Fernando Emanuel Latorre. Desde el primer momento, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se acercó a los familiares y acompañó su reclamo de justicia; actualmente, patrocina a las familias de tres de los jóvenes muertos, Sergio Filiberto, Franco Pizarro y Emanuel Latorre. Por el hecho se hizo efectiva la prisión preventiva para cinco policías imputados por abandono seguido de muerte, los oficiales Alexis Eva, Carolina Guevara y Ezequiel Giuglietti, el sargento César Carrizo y el teniente primero Juan Rodas. También se encuentra imputado el máximo responsable de la comisaría 1ª al momento del hecho, Alberto Donza, quien hasta el momento se encuentra prófugo.

Los testimonios de los sobrevivientes y las pericias realizadas indicaron que los agentes públicos no intervinieron para prevenir el siniestro ni para auxiliar a los detenidos una vez que el incendio se desató. Sin embargo, los abogados defensores apelaron la detención dictada en primera instancia y, en el mes de julio, la Cámara de Apelaciones ratificó el arresto domiciliario para cuatro de los cinco policías detenidos por la Masacre de Pergamino, decisión que fue repudiada por la CPM. Para el organismo la resolución es contraria a la jurisprudencia vigente, agravia a los familiares de las víctimas y atenta con la búsqueda de justicia.

Para la CPM, el incendio en la comisaría 1ª fue el emergente de una política criminal que viola sistemáticamente los derechos humanos y que tiene como principales víctimas a los jóvenes de los sectores más pobres. No fue un hecho aislado: fue el hecho más grave, pero no el único.

En estos crímenes cuyo responsable es el Estado, en el duro camino para conseguir justicia, el acompañamiento a los familiares es clave porque ellos también son víctimas. Desde el dolor buscan justicia y se convierten, al mismo tiempo, en referentes de la lucha contra la violencia policial y penitenciaria.

Esta es una línea de trabajo que desde hace años viene promoviendo la CPM. Cada uno los encuentros es también un espacio de formación y contención. En ese sentido, se han pensado y proyectado actividades para mantener vigente el reclamo de justicia, acciones contra la impunidad y promoción de la participación de la sociedad en la denuncia y control de las fuerzas de seguridad.

Este IV Encuentro que se realizará mañana en Pergamino busca profundizar estrategias de intervención territorial y unificar acciones y demandas que den mayor visibilidad a las víctimas de Pergamino y de toda la Provincia. Un desafío que implica el fortalecimiento de las organizaciones.

“La violencia institucional es la violencia que el Estado imprime en el barrio, en la trama social, es la violencia contra los jóvenes y es la impunidad judicial que garantiza la continuidad de estas violencias”, fue una de las conclusiones del III Encuentro de familiares celebrado en diciembre de 2016 en Chapadmalal.

A seis meses de la Masacre de Pergamino, y a un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, acompañar la organización de los familiares es central para denunciar y combatir la impunidad, como ha demostrado la historia Argentina.