El punitivismo y el paradigma de la guerra contra el delito han guiado las políticas púbicas en materia de seguridad y de justicia. A lo largo de todos estos años se aumentaron las penas, se limitaron garantías constitucionales, se saturaron los territorios con presencia policial. Las políticas de “mano dura” provocaron un colapso del sistema penitenciario. A la par, se consolidaron la tortura como práctica sistemática, el hacinamiento y las condiciones inhumanas de detención.
Sin embargo, una y otra vez aparece en el debate público la demanda y la reivindicación de este tipo de políticas. Recientemente, en el programa de TV La Cornisa, que se emite por el canal América, se presentó un informe en donde se menciona a diez magistrados como “jueces de la puerta giratoria”. Se trató, lisa y llanamente, de la elaboración de una lista negra. Una metodología propia de los regímenes totalitarios que remite a los peores años de nuestra historia y exige el más enérgico repudio.
Por otra parte, debemos abandonar estos discursos falaces y simplificadores para discutir seriamente sobre la justicia y el funcionamiento del sistema penal. En las cárceles de la provincia de Buenos Aires no hay puertas giratorias. Como expuso la Comisión Provincial por la Memoria en su último informe anual, un 56 % de las 39.900 personas detenidas están sin condena. Estos datos dejan expuesta la fragilidad de este discurso. Si existe es para los delincuentes de guante blanco o los responsables del delito complejo pero no para los eslabones más débiles de la cadena delictiva que pertenecen a los sectores más empobrecidos y excluidos de nuestra sociedad.
Desde hace al menos 17 años el uso abusivo de las detenciones y prisiones preventivas se han constituido en regla del accionar de los operadores judiciales que, bajo la presión mediática, no buscan la justicia sino la condena. Todo esto evidencia la selectividad del sistema penal que persigue y encierra a aquellos que menos recursos tienen.
Esta campaña contra los “jueces de la puerta giratoria” ataca a magistrados que aplican la Constitución y la ley, cumpliendo con su deber y sus obligaciones. Cuando se habla peyorativamente de “garantistas” se pretende asociarlos con jueces que favorecen o encubren los delitos. Es todo lo contrario: la democracia necesita de jueces que hagan cumplir efectivamente la ley y defiendan los principios constitucionales sobre los que se sustenta nuestro país. Con los discursos manoduristas se pretende debilitar el ordenamiento jurídico democrático y la igualdad ante la ley, favoreciendo el autoritarismo y el discurso punitivo desde la perspectiva de la venganza.
A pesar de esto, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, se anunciaron una serie de proyectos para limitar las excarcelaciones y disminuir las garantías durante el proceso. Si estas iniciativas finalmente son sancionadas, sólo conseguirán agravar este escenario y fortalecer políticas de seguridad que produjeron el peor colapso del sistema penal y la violación de los derechos humanos.