Cuando en diciembre de 2015 la gestión de María Eugenia Vidal designó a Fernando Díaz como jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), la CPM manifestó rápidamente su preocupación: sus antecedentes en el mismo cargo cuando ocurrió la masacre de Magdalena, en 2005, no eran señal de que el periodo iniciado rompiera con el pasado sino, más bien, una marca de continuidad. Y su desempeño en el Servicio Penitenciario Federal durante los últimos años indicaba lo mismo.

Fernando Díaz fue llamado a prestar declaración indagatoria en el Juzgado Federal Nº 2 de Salta, a cargo del Dr. Antonio Medina, junto a otros 37 funcionarios de jerarquía del Servicio Penitenciario Federal entre los que se encuentra Emiliano Blanco, su actual jefe. La causa, impulsada desde la Procuraduría contra la Violencia Institucional y la Fiscalía Federal Nº 2 de Salta, encontró motivo suficiente para sospechar que participaron en la comisión del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (art. 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5° del C.P), en concurso real con el delito de vejaciones (art. 144 bis inc. 2º del C.P.).

Según los fiscales, “la deficitaria situación alimentaria, crónica y extendida que se acreditó en el Complejo Penitenciario Federal NOA” tiene relación con un escenario “plagado de irregulares contrataciones millonarias, gestionadas por las autoridades penitenciarias”. Los directores de la firma proveedora, Servicios Integrales de Alimentación S.A., también serán indagados. Fernando Díaz está sospechado de participar de la maniobra delictiva por su rol de auditor general del SPF en ese momento, y debía controlarla: no solo no controló ni denunció sino que avaló las irregularidades delictivas en 40 expedientes de “legítimo abono”. El legítimo abono es un régimen irregular y excepcionalísimo de contratación pública que no debió utilizarse en esas operaciones, por el que se pagó la suma de $ 42.799.317,87, mientras que se denunciaron también $ 1.957.725 de sobreprecio.

Pero esta causa no es la única. La justicia federal investiga también operatorias similares en los complejos de Ezeiza, Devoto y Marcos Paz. Además de Fernando Díaz, está citado a indagatoria Emiliano Blanco, actual jefe del SPF que continuó en funciones luego del cambio de gestión y autoridades (lo fue también desde 2012 a 2015).

Algunas de las maniobras denunciadas, además de el legitimo abono, fueron: pago de sumas millonarias por un servicio deficitario, pago de sobreprecios, pago de facturas con precios ajustados pese a que la actualización de los valores fue posterior al período reflejado en el documento, pago de servicios a un valor mayor que el brindado en el mismo período y en iguales condiciones, pago de 49.459 raciones de comida por encima de la cantidad de personas detenidas, entre otras.

Por otro lado, debemos señalar que desde la nueva designación de Diaz al frente del SPB se resolvió implementar un sistema de viandas similar al denunciado en esta causa federal. Por esta razón, la CPM solicita también, con carácter urgente, una auditoría externa sobre la nueva operatoria implementada en la Provincia.

En su trabajo como mecanismo de control y monitoreo de lugares de encierro en la provincia de Buenos Aires (que la CPM viene realizando desde el año 2002), ha sido siempre una cuestión central la corrupción de los funcionarios penitenciarios y las condiciones para la vulneración de derechos que genera para las personas detenidas. Sólo en 2015, el Registro Nacional de Casos de Tortura revela que el 72% de los detenidos entrevistados manifestó falta de alimentación. En el encierro la corrupción mata, y no sólo por cuestiones alimenticias: el acceso a la salud y el estado general de deterioro estructural de las unidades penitenciarias derivan de prácticas fraudulentas por parte de los funcionarios del SPB que, en la mayoría de los casos, la justicia ampara.

Frente a la gravedad de la denuncia y el inminente avance de la causa, la CPM solicitó al ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, que desplace a Fernando Díaz del cargo de jefe del SPB. Sólo con decisiones políticas contundentes que penalicen y limiten la acción fraudulenta de los funcionarios responsables de administrar las instituciones de encierro en nuestro país se podrá a transformar este efectivo sistema de la crueldad que vulnera sistemáticamente los derechos humanos.