El resultado no se puede entender fuera del marco de repudio a la impunidad reinante y del profundo descrédito social y popular en las instituciones del Estado -y sobre el Poder Judicial en particular – acusados de ser responsables por esta situación.

Que mandar investigar la denuncia de Nisman sea presentado como un triunfo del ideal de justicia o como parte de la lucha por el esclarecimiento del atentado y contra la impunidad, es una impostura, un intento deliberado para generar confusión.

En el fallo y en los principales medios de prensa, oficialistas y opositores se esfuerzan por mostrar que se trata de un aporte “republicano” mayúsculo, “una contribución al sistema democrático argentino” para ayudar a revalorar (sic) al Poder Judicial ante la mirada pública y abrir paso a “la Verdad, no sólo la jurídica”. El Presidente Macri, por ejemplo, saludó la “valentía” de los jueces y consideró que han dado un gran paso, “fundamental”, para que lleguemos a la verdad. Los medios agradecieron al lobby de la DAIA y a sus manejos por el logro de “torcer el brazo al kirchnerismo” y hasta los líderes de Justicia Legítima, Slokar y Figueroa, se felicitan por mostrarse interesados en abrir una investigación jurídica después de años de resistirse a ella. Ni siquiera Cristina Kirchner, la acusada, se opuso; modestamente cree que todo es una maniobra para evitar su regreso político y denunció una “coalición judicial, política y mediática alineada con la derecha norteamericana-israelí”.

Como si se tratara de una competencia por aportar a la confusión general, el colmo de lo disparatado lo expresó Wolff, el hoy diputado PRO y fiel representante de los grupos de presión: “Es el caso más resonante que tuvo la Argentina en los últimos años, sin duda desde el regreso de la democracia”, afirmó. Incluso desde el juzgado del Dr. Lijo, que recién se hará cargo del nuevo expediente en febrero, adelantaron que esperan poder hacer un aporte a la investigación del atentado mismo, estancada desde hace 23 años en otro juzgado.

Se trata, claramente, de un gran esfuerzo para generar una nueva ilusión. Presentan al nuevo expediente como si se tratara de un paso hacia adelante, un aporte para esclarecer el por qué del Memorando, la muerte de Nisman o el atentado a la AMIA y no como lo que es: una muestra superlativa de la capacidad de maniobras del Estado y un nuevo intento por negar y desviar una debida investigación independiente.

LA VERDAD OCULTA

Una de las fantasías más escuchadas en estos días es que lo denunciado por Nisman sería un aporte para aclarar el motivo profundo, oculto, del Memorando con Irán. Se trata de “investigar por qué Cristina firmó un memorándum de entendimiento con Irán que significó un giro de 180 grados en la política exterior argentina” (Clarín, 29/12/16).

El paso del tiempo ayudó a olvidar y ha ocultado varias verdades. La primera de ellas trata del apoyo y la participación que Nisman y DAIA/AMIA tuvieron durante los dos años (2011/2012) de negociación de un acuerdo con Irán cuando aún no existía el Memorando. La negociación era conocida y tuvo estado público aunque los términos del futuro acuerdo aún eran secretos. Otra de esas verdades: ni bien se conoció el resultado de esas negociaciones secretas, el fiscal y DAIA/AMIA se expresaron a favor del Memorando (2013). Lo mismo hicieron Memoria Activa y Familiares. Por último, tras prestarle su acuerdo y considerarlo una atribución política del gobierno, Nisman tardó otros dos años hasta presentar su denuncia en 2015. Lo hizo en medio de una nueva realidad internacional caracterizada por las tensiones entre Obama y Netanyahu, dos de los principales aliados de Argentina, buscando un resquicio sobre su posible legalidad para voltear el acuerdo político trabajado tanto tiempo a nivel nacional e internacional.

El acuerdo prestado por Nisman y DAIA es parte de esa verdad histórica documentada, que por estos días se oculta para facilitar la (re)construcción del papel de Nisman como Fiscal y evitar su cuestionamiento a la luz de la impunidad reinante y del fracaso de la orientación de DAIA, sus socios internacionales y el Estado nacional para esclarecer el atentado.

El fiscal ya había muerto cuando Cristina Kirchner confesó las verdaderas razones secretas que ahora se intentarían develar sobre el supuesto giro de la política exterior argentina. Lo hizo ante la Asamblea General de la ONU en 2015. Allí declaró que dio vuelta la política de Estado de acusar a Irán por pedido expreso del presidente Obama, verdadero responsable de esas políticas que compartieron desde Menem a Kirchner. Cabría agregar que lo hizo con acuerdo de Israel, toda vez que Timerman viajó a entrevistar a Netanyahu junto a Burstein (2012) y el tema fue motivo de debate con sus embajadores.

La denuncia de Nisman, entonces, no explicará nada. Al revés, debe ser explicada a la luz de los hechos y verdades ya documentados. Recientemente, Cristina Kirchner reafirmó ante los jueces del Tribunal Oral que juzga las irregularidades de la causa AMIA, que ésta se trató de un complicado tablero de ajedrez de la política internacional. El Estado argentino, DAIA/AMIA y Nisman fueron parte del juego. Cristina Kirchner no puede mostrarse ajena a esas políticas de las potencias, por más que Página/12 pretenda levantarle un monumento al antiimperialismo.

LA VERDAD JURÍDICA, TAMBIÉN OCULTA

Sin estas consideraciones ya documentadas sobre el marco internacional del acuerdo con Irán, cualquier intento de considerar la denuncia de Nisman corre el riesgo de sobredimensionar el papel jugado por personajes marginales de la política nacional, que lo hicieron bajo la protección del Estado y los servicios de inteligencia.

Para cuando Lijo se ponga a trabajar en el expediente de la denuncia, deberá ordenar las medidas pedidas por el fiscal Pollicita y la DAIA para probar las responsabilidades que Cristina Kirchner o Timerman pudieron tener en el supuesto encubrimiento de los iraníes imputados de responsabilidad en el atentado. Está claro que la DAIA no quiere ventilar el papel jugado por ella misma y las potencias que avalaron la negociación del Memorando ni el curso posterior de las negociaciones para su derogación. Por eso, ni el fiscal Pollicita ni la DAIA pidieron abrir los archivos secretos del Estado ni del Ministerio de Relaciones Exteriores donde están documentados los antecedentes de las negociaciones que llevaron al Memorando. Hasta hoy esos archivos se mantienen en secreto, pese al fallo en contrario dispuesto por la Cámara de Apelaciones en 2015 en el juicio que la ex diputada Laura Alonso siguió contra las autoridades del Ministerio de Exteriores. El presidente Macri habló de la valentía de los jueces y de lo fundamental de la investigación que harán… pero hasta ahora se niega a abrir los archivos secretos que hace meses le solicitaron los fiscales de la AMIA. ¿Lo haría ahora en un expediente donde nadie se lo pide?

Al juez – todo un experto al que ya le tocó investigar las “irregularidades en la causa AMIA” sin mandar abrir un solo archivo- le pedirán también llamar como testigos a periodistas de probada vinculación con el Estado, a colaboradores del Servicio de Inteligencia y a familiares de víctimas del atentado partidarios de imputar a Irán.

PARA TERMINAR CON EL ENCUBRIMIENTO
Pasaron seis años desde que los Estados Unidos y la OTAN pidieron a Argentina terminar con la acusación a Irán con motivo del atentado a la AMIA. El Estado negoció entonces el Memorando bajo la atenta mirada de esos países, de Israel y de sus respectivos grupos de presión locales, entre ellos la DAIA y otros organismos no gubernamentales. Lo firmaron hace ya cuatro años. Desde entonces, las razones y los intereses en juego en el tablero político internacional explican también el posterior enfrentamiento entre CFK, Netanyahu y sus alianzas locales, que terminaron negociando la declaración de inconstitucionalidad del Memorando por parte de la Cámara Federal, hace casi tres años.

Antes de dejar la presidencia, Cristina Kirchner confesó por qué se prestó para dar “un giro de 180 grados” que hoy es criticado por los mismos grupos de presión representados en la DAIA que la ayudaron a moldear la política exterior al servicio de las grandes potencias. La denuncia de Nisman estuvo puesta al servicio de esa política internacional durante años. Su intención de darle una forma jurídica representó un intento retorcido por zafar de su propia responsabilidad política.

Ante el mismo auditorio de las Naciones Unidas que la escuchaba, CFK hizo una reflexión sobre el fracaso de su experiencia que merece ser recordada: “AMIA era un complicado tablero de ajedrez de la política internacional. Hoy siento que, además de ese tablero de ajedrez, es una telaraña… una telaraña en la que como en todas las telarañas solamente quedan atrapados los más débiles y los más chicos y los otros permanecen afuera” (Presidencia de la Nación, 28/09/2015).

El renovado esfuerzo por presentar la denuncia de Nisman con la intención de reflotar la imagen del Poder Judicial e insuflarle un supuesto espíritu republicano y de independencia de criterios, choca con toda la evidencia de los hechos. La verdad histórica es incompatible con los límites del Poder Judicial y del encubrimiento de la criminalidad del Estado.

En medio del juicio oral que se desarrolla actualmente y que suponía una condena del encubrimiento, el acuerdo alcanzado entre oficialistas y opositores para judicializar la vieja “denuncia” de Nisman, implica un renovado esfuerzo reaccionario por remozar la imagen del Poder Judicial garante de 23 años de impunidad. Es mucho más que una revancha política o persecución contra el gobierno anterior. El nuevo pacto da cuenta de cómo los poderes del Estado siguen organizado la impunidad y el encubrimiento.

Para superar esta situación, es necesario constituir una Comisión Investigadora Independiente que encare la investigación del atentado terrorista y las responsabilidades del Estado argentino en el mismo, poniendo los archivos secretos a su disposición.

Sólo así alcanzaremos la verdad y perseguiremos a los culpables.